Llegaron a los tribunales de San Isidro vestidos con ropas de primeras marcas. Estaban convencidos de que no había pruebas suficientes para recibir una condena. Pero estaban equivocados y, ante la evidencia en su contra, sus defensas acordaron una pena de siete años de prisión. Así, la banda de ladrones, conocida como Los Impostores, llegó a su fin. Se trata de los delincuentes que cortaban el servicio de Internet y cable en determinadas zonas y, después, vestidos de operarios, simulaban ser representantes de empresas como Cablevisión y Telecentro y, con la excusa de solucionar el problema, entraban en las casas de los clientes afectados y robaban dinero y joyas tras ejercer violencia sobre las víctimas.

Así lo informaron a LA NACION fuentes judiciales. El acuerdo de juicio abreviado al que llegaron el fiscal Alejandro Musso y las defensas de Luca Díaz Molina, José Luis Fernández, Pablo Paura y Martín Barrenechea, es por tres robos ocurridos en Olivos, Munro y Florida, en Vicente López, pero como tienen una condena impuesta por un tribunal porteño, a Los Impostores se le unificó la pena en diez años de cárcel.

Tras el acuerdo de juicio abreviado, el juez Ariel Introzzi Truglia, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 2 de San Isidro, firmará la sentencia con pena impuesta.

Según pudo reconstruir LA NACION de fuentes judiciales, una vez que finalizó la audiencia y en el momento en que se retiraba el fiscal Musso, uno de los delincuentes espetó: “Qué ganas de quitarle la vida a alguien”. El representante del Ministerio Público desistió de hacer la denuncia.

Entre los tres robos protagonizados en Vicente López y otros nueve ocurridos en la ciudad de Buenos Aires, Los Impostores se hicieron de un botín de 100 millones de pesos, según fuentes judiciales.

Con el dinero de los robos, los delincuentes habrían hecho inversiones en un country de Canning, mansiones en Ramos Mejía y en la adquisición de un auto Mercedes-Benz GL 400 valuado, en 150.000 dólares, una camioneta VW Amarok y otros autos de lujo.

“En los tribunales de Comodoro Py hay una causa por lavado de dinero. Los bienes están inhibidos y las víctimas podrían reclamar un resarcimiento”, explicó una fuente judicial.

“Parte de la metodología de trabajo de la banda era hacer una llamada telefónica por medio de la cual uno de los integrantes se hacía pasar por empleado de la firma para ofrecer el servicio de reparación que las víctimas, obviamente, iban a necesitar y que ya habían solicitado a la verdadera empresa, dado que el día anterior, otra parte de la organización se había ocupado de dejar sin servicio de cable o Internet, conforme surge de las distintas filmaciones aportadas al proceso, donde se observa la maniobra y se puede apreciar claramente que utilizan la camioneta, la vestimenta y la escalera, elementos que fueron secuestrados”, sostuvo el fiscal Musso en el requerimiento de elevación a juicio al que tuvo acceso LA NACION.

La investigación del fiscal Musso y su equipo de colaboradores comenzó en el 21 de enero de 2001, después de un robo protagonizado por la banda de los falsos operarios en Olivos. En esa oportunidad, los ladrones se alzaron con un botín de 100.000 dólares, 10 millones de pesos y alhajas.

Ese día, los falsos operarios llegaron a la casa de Stella Maris B. y Alejandro C. a las 7.55. Iban vestidos con mamelucos, llevaban cascos colocados y portaban una escalera de grandes dimensiones. Después de que las víctimas les abrieron la puerta, sacaron armas de fuego –al menos una pistola y un revólver– y después de maniatar al matrimonio se apoderaron del dinero y las joyas para luego irse sin llamar la atención de los vecinos.

El segundo golpe fue el 5 de marzo de 2021 en una casa de Florida. El día anterior habían cortado el servicio de Cablevisión de un inmueble situado en Valle Grande al 900. El modus operandi fue similar al del primer robo: llegaron vestidos como operarios y, una vez dentro de la propiedad, extrajeron armas y redujeron a las víctimas para 5000 dólares, 30.000 pesos y cadenas de oro.

El tercer y último atraco en Vicente López sucedió el 29 de marzo, en Estanislao del Campo al 2100, Munro, de donde se llevaron un botín compuesto por dinero y joyas. Otros robos adjudicados a la banda de Los Impostores ocurrieron en la Capital y por ellos ya fueron condenados en un juicio.

Para el juicio, el Ministerio Público Fiscal citó a las víctimas. No solo a las personas que sufrieron los robos en Vicente López, sino también en la ciudad de Buenos Aires.

“La preocupación de las víctimas contrastaba radicalmente con la tranquilidad de los imputados. Antes de comenzar el debate, el fiscal Musso les planteó a los abogados defensores un escenario en el que las condenas, a su criterio, eran en un hecho y les exhibió un análisis técnico efectuado por el gabinete de análisis de la Unidad Fiscal Especializada en Investigaciones de Ciberdelito (Ufeic) de San Isidro con la totalidad de la información incorporada en el expediente, donde se geo referenciaba los teléfonos y sus ubicaciones de ida y de vuelta en cada uno de los tres hechos, situación que conjugada con cada una de las cámaras privadas y públicas que mostraban el paso de los imputados”, dijo una fuente judicial.

Tras las pruebas exhibidas, el Ministerio Público Fiscal y las defensas llegaron al acuerdo de juicio abreviado.