El modo más elocuente de describir cómo funciona en la Argentina el financiamiento de las campañas y la incomodidad que muchas veces eso provoca entre los empresarios es una broma sutil de un reconocido banquero. Era octubre de 2016, se casaba la hija de otro empresario y, durante la recepción de la fiesta, en Boulogne, este diario participaba de una conversación con varios ejecutivos. Atento a la ronda, el banquero, habituado a recibir pedidos de aportes electorales, hizo de pronto una pausa, sonrió, bajó la cabeza y susurró, mientras se palpaba el bolsillo izquierdo del saco: “Cuiden sus billeteras”. El círculo se abrió y aparecieron, sonrientes y saludando al grupo, dos funcionarios del actual gobierno.

La anécdota viene a cuento cada vez que el país, que ha dado muestras de no haber resuelto nunca del todo la separación entre el poder político y el económico, atraviesa un proceso electoral. Según admitieron a este diario varios operadores que se encargan de recaudar, una campaña cuesta en este momento entre 15 millones y 40 millones de dólares. La cifra habla por sí sola porque históricamente siempre se había dicho 100 millones. La Argentina está barata.

Los costos dependen en realidad muchas veces de las aspiraciones del candidato. Si lo que pretende es cuidar los votos, no podrá conformarse con el padrón de boletas que le da el Estado, a razón de $2,70 por cada cuerpo de boletas que, en muchos distritos, tendrán hasta ocho segmentos entre los postulantes del poder ejecutivo y el legislativo en sus tres niveles y los del Parlasur. Necesitará entonces dos padrones más: uno para repartir antes en los domicilios, práctica ancestral, y otro durante la votación por si tiene que reemplazar papeletas. Todo eso vale en el mercado entre 3 millones y 6 millones de dólares: dificultades del papel y del sistema. “El fraude está en el robo de boletas”, advierte un jefe de campaña.

Por eso también hay que fiscalizar. Porque, como decía el general Perón, a los seres humanos, si se los controla, mejor. Un candidato con mentalidad ganadora debería contar con no menos de 130.000 fiscales, que es la cantidad requerida con una persona por mesa. Y un almuerzo para cada uno. En total, otros 3 millones de dólares. Con dos turnos, para no tener que obligar a cada fiscal a estar toda la jornada sin levantarse, el monto se duplica. Por eso los partidos chicos recurren sólo a fiscales generales por centro de votación. Según Claudio Bargach, de la ONG Red ser fiscal, son unos 17.000.

Nada es gratis en una campaña. El traslado de los militantes tampoco se hace con la tarjeta SUBE. Autos, viáticos, comidas. Otros 80.000 dólares. Ni hablar para el candidato. Quien tenga un amigo empresario con avión contará sin duda con una gran ventaja. A veces los aportantes se ofrecen a pagar los vuelos. Otros, algunas encuestas. Las que acaba de hacer el Pro para decidir quién será el candidato a jefe de Gobierno en la Capital Federal cuestan, por ejemplo, entre 4 y 5 millones de pesos cada una. Un sondeo nacional, entre 8 y 10 millones, pero depende en realidad de la metodología, de la empresa encargada de hacerlo y, mala noticia para el contribuyente, del distrito que las paga. “Es un mercado persa: no hay un precio fijo”, dijeron en un partido nacional.

Un informe de la ONG Transparencia Electoral hace al respecto una advertencia y una propuesta. “Los fondos públicos se destinan a campañas electorales, spots en medios de comunicación social y la impresión de boletas partidarias. Nada se destina a los esfuerzos de fiscalización, vitales para los partidos dada la naturaleza del instrumento de votación y sus vulnerabilidades. Esto refuerza la falta de igualdad en la competencia electoral. O se cambia el instrumento o se piensa en un esquema que también destine fondos para la fiscalización partidaria”, dice.

El universo de las encuestadoras es vasto y diverso. Una consulta telefónica sin operador humano para una ciudad, lo que se conoce comúnmente como IBR, puede salir entre 800.000 y un millón de pesos. Si el modo es telefónico con personal para hacer las llamadas, entre 1,5 y 1,8 millones. Para entrevistas presenciales, entre 2 y 2,3 millones. Hay un servicio diario o semanal, que es el tracking, que mide la evolución en el tiempo, que cuesta casi lo mismo que un relevamiento grande. En general, los partidos políticos las contratan por paquetes. En un espacio con proyecto presidencial admiten haber pagado 148 millones de pesos hasta agosto por cinco sondeos nacionales, tres bonaerenses y 15 municipales.

Y, como en cualquier rubro, desde la medicina hasta el ejercicio del periodismo, hay prácticas honestas y de las otras, cada una con su nombre de jerga. Tocar los resultados para favorecer a un candidato se llama “servicio de posicionamiento”. Y también es más caro.