A cuarenta años de la recuperación de la democracia, y pese a la recurrente obstinación populista en centrifugar las instituciones republicanas, la Argentina se encamina hacia un nuevo turno electoral con las PASO con agenda en agosto y definición de nuevas autoridades nacionales en el Poder Ejecutivo y en la composición de las cámaras hacia fin de año. La disputa por la presidencia de la república para el período 23-27 se dirimirá en primera o en segunda vuelta según los números del escrutinio. En medio del marasmo económico y social que domina la realidad social argentina y las especulaciones sobre posibles explosiones cambiarias antes o después de las PASO, no podemos subestimar la importancia para la república y sus instituciones que la agenda electoral avance según las previsiones estipuladas en las normas, y que los distintos espacios que compiten por el poder tengan que ajustar sus cronogramas y candidaturas a lo que establece la ley aun con las rispideces y enfrentamientos que genera la competencia.

Recuerdo que hasta hace unos pocos meses se había instalado en los medios la versión de que no habría PASO, porque estas primarias beneficiaban a la oposición, que las necesitaba para dirimir sus candidaturas, y perjudicaban al oficialismo, que requería una candidatura unificada y bendecida por la unción de la vicepresidente. Pero habrá PASO en agosto porque la presencia de una masa crítica de legisladores de la oposición no se prestó a la alquimia de modificar o derogar la ley electoral, y porque esa nueva composición en ambas cámaras del Congreso fue votada en las elecciones de mitad de término en 2021, cuando también muchos auguraban que tras el encierro derivado de la pandemia y las circunstancias especiales generadas por la situación excepcional, se suspenderían las PASO e incluso las elecciones legislativas. Las primarias se suspendieron un mes, pero, de nuevo, la unidad de la oposición llevó al cumplimiento de la agenda acordada. La oposición fue la más votada en las PASO y ganó la elección legislativa. La dinámica electoral y las reglas de juego para elegir y reemplazar autoridades empieza a tener trámite normal y previsible entre los argentinos, aunque está pendiente la boleta única y alguna otra reforma para asegurar el control y la transparencia en los comicios, además de una cancha más nivelada que limite el desvío de recursos públicos con fines proselitistas a los oficialismos de turno.

La previsibilidad de las reglas que rigen el acceso, la sustitución y la alternancia en el poder son de importancia excluyente en la generación de certidumbre. Mal que les pese a muchos desengañados y rupturistas del pacto Constitucional 1853-1860, ratificado en su declaración de principios por la reforma de 1994, la democracia representativa, republicana y federal revalida sus fueros en los nuevos turnos electorales.

Es cierto, hay provincias que se manejan como “feudos” y donde se cambian o violentan las reglas electorales según las necesidades de perpetuación de muchos caudillos de turno. Pero aquí también empieza a haber algunos destellos que encauzan al país normal con los últimos fallos de la Corte que pusieron límites a la vocación reeleccionista de dos referentes políticos en Tucumán y San Juan. Desde el oficialismo algunos argumentan que se trata de una reacción de la Corte al juicio político promovido por el Poder Ejecutivo contra sus miembros (juicio político que tampoco prospera por los límites al populismo institucional que ejerce la oposición elegida dentro de las reglas del sistema), pero los fallos son relevantes porque han puesto sobre el tapete los artículos 5 y 6 de la Constitución Nacional, una señal de alerta para los caudillos políticos que han manipulado reformas en las constitucionales provinciales o en leyes electorales locales para consagrar reelecciones indefinidas o prácticas reñidas con el sistema representativo y republicano. Es recomendable repasar las referencias que hace Natalio Botana en el libro El orden conservador sobre el origen del artículo 6 de la CN, que atravesó todas las reformas desde el texto del 53 hasta nuestros días sin cambios y que fue motivo de un interesante debate entre Sarmiento y Alberdi.

Camino a la normalidad electoral para elegir un nuevo gobierno, también es normal que en los distintos espacios se debatan ideas, valores y candidaturas. Es cierto que, en medio de la crisis actual y la desesperanza predominante en gran parte de la sociedad, convendría hacer prevalecer el debate de ideas y una narrativa que decante en propuestas de soluciones para recrear la esperanza en el futuro. También es normal en un proceso de primarias los posicionamientos de los candidatos a encarnar los liderazgos que mejor representen las ideas y los valores en juego en la oferta electoral que se le presenta a la sociedad. Lo que hace ruido es la idea de ruptura en espacios cuya unidad hasta ahora ha sido un dique de contención al “vamos por todos” de la Argentina anormal. Es cierto que las internas desgastan, pero son parte de las reglas de juego para elegir candidatos donde hay más de una opción. Y si un espacio quiere mantenerse competitivo una vez dirimida la interna debe reasegurar la unidad, siguiendo la vieja regla de que quien gana lidera y quien pierde acompaña sobre la base de un programa consensuado y equipos compartidos. No se puede arriesgar el camino a la normalidad de la república con los dramas económicos y sociales que agobian a los argentinos. Cuando se pone en juego la ruptura del espacio compartido en la disputa interna se favorece las opciones donde el liderazgo ya es indiscutido. De manual. El debate de ideas y la interlocución entre equipos técnicos puede ayudar a aliviar tensiones, porque, aun en las diferencias, predominan franjas donde hay confluencia de ideas, valores y equipos.

La idea de la dolarización, que por razones técnicas e institucionales puedo no compartir, ha generado todo un debate sobre política cambiaria, monetaria y fiscal que puede ser útil en el camino a la normalidad económica. No cuando aparece como un atajo mágico para erradicar la inflación crónica que padecemos. Allí confunde y retrasa. Pero cuando concientiza de que vivimos en un país que destruyó su moneda porque el populismo institucionalizó la inflación, el debate obliga a discutir alternativas para recrear el pacto económico básico que implica la existencia de una moneda que sea medio de cambio, unidad de medida y reserva de valor. Entonces aparecen propuestas alternativas como la de un sistema bimonetario donde el peso y el dólar pueden tener curso legal, o la reivindicación de una moneda estable que recupere sus atributos básicos. Lo interesante es que el debate sobre la moneda ha habilitado otros debates, como el de la necesidad de tener una autoridad monetaria autónoma (los dolarizadores plantean prescindir de sus servicios) que deje de financiar el Tesoro, lo que a su vez obliga a discutir el equilibrio de las cuentas públicas y la necesaria transformación del Estado incluyendo la calidad y alcance de los bienes y servicios públicos. Todos capítulos de un plan de estabilización imprescindible para combatir la inflación y que deberá tener el correlato de reformas estructurales que empiezan a tener nombre y apellido, y de una estrategia de desarrollo inclusivo de valor agregado exportable que obliga a evitar la reincidencia en atrasos cambiarios que hicieron estallar otros intentos estabilizadores. La agenda económica para recuperar un país normal, donde no haya indigencia, baje la pobreza, se creen empleos productivos y se reduzca la informalidad empieza a analizarse y a debatirse, y tendrá la oportunidad de implementarse a partir de diciembre próximo.

Doctor en Economía y en Derecho