“A mí me parece que es muy valioso (el regreso de Venezuela a los foros internacionales), porque también hay que pensar que Latinoamérica en su momento la dejó afuera a Venezuela, porque el Grupo de Lima se ocupó de marginar a Venezuela de todos los ámbitos latinoamericanos”, dijo el presidente Alberto Fernández luego de la reunión bilateral mantenida con el dictador venezolano, Nicolás Maduro, en el marco del Encuentro de presidentes de América del Sur realizado en Brasilia. No reparó Fernández que no fue al pueblo de Venezuela a quien se apartó de los foros regionales, sino a su gobierno, una dictadura criminal que violó sistemáticamente todos los derechos humanos de su población. No en vano cinco millones de venezolanos eligieron el camino del exilio y otros miles tuvieron que escapar porque sus vidas o su seguridad corría peligro.

El día anterior fue el propio anfitrión, Lula da Silva, quien sorprendió a todos cuando señaló que las acusaciones que caen sobre el régimen chavista sólo forman parte de una “narrativa”: “Nicolás Maduro sabe muy bien la narrativa que han construido contra Venezuela. Ustedes saben la narrativa que han construido sobre el autoritarismo y la antidemocracia”, dijo convencido.

Está más que claro que tanto Lula como Alberto Fernández o no leyeron el informe sobre Venezuela realizado por la expresidente socialista chilena Michelle Bachelet como Alta Comisionada de Derechos Humanos para la ONU o simplemente no les interesa. O lo que sería peor aún, se pronuncian por conveniencia respecto a un tema tan delicado, como es el terrorismo de estado, donde no deberían existir las interpretaciones ni los contextos. No es novedad, el kirchnerismo ha demostrado más de una vez al mundo ser ciego, sordo y mudo frente a los atropellos criminales de las dictaduras de Nicolás Maduro en Venezuela y también la de Daniel Ortega en Nicaragua.

La no condena de las violaciones a los DDHH en Venezuela no debería ser sorpresa. Estos atropellos a los derechos civiles y las flagrantes violaciones se cometen desde la llegada del propio Chávez, el padre de la patria grande, presentado como el resultado de un proceso revolucionario y no como lo que es para los ojos de las democracias del mundo: una dictadura cruel. Fernández es consecuente con su accionar. Dos años atrás, la Argentina se retiró de la demanda en la Corte Penal Internacional de La Haya contra la dictadura de Nicolás Maduro, que incluye la investigación de 131 asesinatos en manifestaciones, 8292 ejecuciones extrajudiciales, más de 12.000 prisiones arbitrarias, 289 casos de tortura, 192 casos de violación y 6 desapariciones. La posición siempre fue la misma, faltaba la foto vergonzosa con el dictador Maduro que el encuentro en Brasil nos regaló.

El gobierno argentino tiene debilidad por las dictaduras o los gobiernos autocráticos: nunca condenó institucionalmente en foros internacionales o en tribuna alguna sus excesos ni sus formas, aun cuando estas conlleven flagrantes violaciones a la integridad humana, como la muerte, la tortura, el arresto, la falta de libertad, la persecución ideológica, la represión, el abuso de poder. Todos esos delitos suceden y sucedieron en Venezuela, como también acontecen en Cuba y Nicaragua. Y los cometen los gobiernos, sus estados, sus fuerzas de seguridad. Sin embargo, siempre existe una contextualización oficial que, de manera solapada, justifica que estos ocurran. Esta mirada sesgada fue expuesta por el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, cuando señaló el “doble estándar” de Fernández y mencionó las diferentes posturas sobre Cuba, Colombia y Chile. “Es sorprendente que Alberto Fernández tenga una curiosidad por el tema de los derechos humanos tan selectiva y oportunista, porque sí está al tanto de las violaciones de derechos humanos por los Carabineros en Chile, o las violaciones en Colombia, y, sin embargo, sorprendentemente, en el caso de Cuba parecería que lo único que le importa es la política exterior de Estados Unidos, el bloqueo”, dijo una de las voces más reconocidas en la lucha por los DDHH en esta parte del mundo.

El Presidente, como lo hace todo el kirchnerismo, parece creer que tiene la autoridad moral para poder seleccionar cuál violación a los derechos humanos es buena y cuál no o por qué en el menú político del autoritarismo pueden existir dictaduras justas. Sus relaciones con Venezuela, Cuba, Nicaragua, Rusia dan muestra de ello. De hecho, en su política doméstica también sostienen a Gildo Insfrán como un ejemplo de gestión, en una provincia que quedó expuesta ante la mirada de todos como incapaz de garantizar el estado de derecho a sus ciudadanos.

Pero hay algo más, si verdaderamente al kirchnerismo le interesaran los DDHH, fuera de las aberraciones cometidas durante la dictadura militar entre 1976 y 1983 -tema que obviaron durante dos décadas incluso en su gestión en Santa Cruz en los 90, cuando jamás hicieron mención o mostraron interés por ellos y hasta apoyaron el indulto de Carlos Menem-, hubiesen actuado de manera más eficiente, más comprometida en las violaciones a los derechos civiles y humanos cometidas durante el control del tránsito social durante la pandemia, existen más de 200 denuncias con muertes dudosas, apremios ilegales, torturas, persecuciones que vejaron el estado de derecho. El silencio fue la respuesta. Este debe ser un gran desafío para la oposición, si llega al gobierno en diciembre próximo: poner todo el esfuerzo para aclarar cada caso sucedido en ese lapso y que sigue impune.

En el encuentro de Brasilia quedaron expuestos las posiciones sobre derechos humanos que sostienen los distintos líderes regionales, pero algo es más destacable aún y es que en este debate no se puede clasificar en un simple encuadre ideológico. La firmeza con la que sostuvieron sus críticas a Maduro los presidentes de Chile, Gabriel Boric; y de Uruguay, Luis Lacalle Pou, dejaron expuesta la selectividad, el paladar agudo que tienen aquellos presidentes que se autodenominan “progresistas” pero que con posiciones solidarias o neutras con la peor dictadura que asoló a la región en el siglo XXI no hacen más que mostrarse como líderes retrógrados que poco tienen para aportar al debate futuro sobre qué son y como deben custodiarse los derechos humanos.

Es que Lula y Fernández rompieron una regla de oro que marca la historia misma: olvidaron que la neutralidad favorece al opresor, jamás a las víctimas.