Las ciudades son las responsables del 75% de la emisión de carbono en el mundo. Estudios confirman que 25 ciudades – la mayoría ubicadas en China, Japón, Rusia, Alemania y Francia– son responsables del 52% de las emisiones urbanas de gases.

En 2021, las emisiones de gases de efecto invernadero de la ciudad de Buenos Aires alcanzaron un total de 11.091.190 toneladas de dióxido de carbono (CO2) equivalente por año, siendo el sector energético el responsable del 55% de ellas, seguido por el transporte con el 27% y los residuos con el 18%. El compromiso porteño contempla reducir las emisiones en un 53 % hacia 2030, y en un ambicioso 84 % para 2050.

Urge propender a la movilidad sustentable, tanto descarbonizando el transporte como fomentando el uso de las bicicletas. Como en la Argentina la electricidad se produce mediante la quema de combustibles fósiles, el consumo eléctrico en las grandes ciudades contribuye a la emisión de gases. Mejorar la eficiencia y el ahorro energético en los ámbitos públicos y privados no admite demoras y se debe legislar en consecuencia. El caso de la contaminación por residuos, por caso, aguarda largamente la sanción de leyes como las de envases o las de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), estos últimos disparados por el cada vez más acelerado recambio tecnológico.

Los envases representan el 25% de los residuos sólidos urbanos y el 60% de los domiciliarios, por lo que regular su gestión es imprescindible, priorizando la reutilización y el reciclado, poniendo en valor la tarea de recuperadores urbanos y fomentando que su fabricación tienda a un diseño amigable con el ambiente, además de plantear obligaciones para su tratamiento o recuperación a las empresas productoras. En otros países, se llegó a una reconversión sustentable a través de un proceso gradual. Aquí, el debate sigue sin resolverse en el Congreso, pero afortunadamente las iniciativas para transformar los residuos en insumos siguen en aumento. Que menos residuos sean más recursos debiera ser la ecuación.

En el caso de los RAEE, se debe tender a su refuncionalización y cuando no sea posible se recomienda promover la segregación de sus componentes nuevamente en el mercado. No hay una legislación a nivel nacional al respecto y en la provincia de Buenos Aires la ley de 2011 nunca fue debidamente reglamentada.

Los retos se multiplican si queremos alcanzar algún nivel de éxito que permita contrarrestar el cambio climático. Apuntar a reducir las enormes emisiones de CO2 de las ciudades constituye una medida tan inteligente como impostergable.