El ministro de Economía de la Argentina, Sergio Massa, hace un tiempito declaró que “la cuestión electoral y ser ministro de Economía es incompatible en la Argentina”. Vaya que don Sergio tiene mucha razón en su aseveración tan clara durante una entrevista periodística. Sin embargo, Massa frecuentemente se contradice a sí mismo y hoy continúa siendo ministro de Economía y es, al mismo tiempo, uno de los dos candidatos presidenciales que –con una enorme asimetría de poder gubernamental a favor del ministro– disputarán la contienda electoral (el otro es Javier Milei) en la segunda vuelta del próximo 19 de noviembre.

Permítanme explicar por qué el ministro Massa tenía razón. En democracias con Estado de Derecho, la palabra “incompatibilidad” lleva un profundo significado en el derecho electoral comparado internacionalmente. Un libro que recomiendo sobre derecho electoral comparado, compilado por 4 expertos internacionales y al cual se puede acceder gratuitamente en el sitio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (https://www.corteidh.or.cr/tablas/23665.pdf) nos indica que la realización por una candidatura de propaganda electoral partidista y el simultáneo mantenimiento de un cargo público de alto nivel son dos funciones incompatibles. Por definición, el actual ministro de Economía posee atribuciones para ejercer el Poder Ejecutivo y asignar cuantiosos dineros públicos a la ciudadanía argentina durante su propia campaña política por la presidencia, lo cual conlleva el riesgo de una tácita y masiva compra de votos. Por lo tanto, el ministro Massa tenía mucha razón en su declaración que citamos en el primer párrafo.

Es entonces muy grave que la ciudadanía argentina le esté asignando a la candidatura presidencial de Sergio Massa un permiso social implícito para viciar los resultados de un proceso electoral. Aun en el sistema político mafiocrático que reina en México, la actual candidata presidencial por el partido hoy gobernante, Claudia Sheimbaum, que se desempeñaba como jefa de gobierno de la Ciudad de México, al igual que demás políticos mexicanos en similares cargos en el pasado, renuncian a sus cargos antes de comenzar a competir electoralmente por la presidencia de la república para evitar sesgar los procesos electorales a través de un presunto conflicto de intereses u otros tipos de corrupción política.

Es patéticamente asombroso que no existan multitudes en la calles de la Argentina movilizadas para reconquistar el ejercicio del fundamental derecho humano al voto libre y justo, para así evitar el vergonzoso espectáculo de una campaña política por la presidencia con atribuciones para usar recursos públicos cuantiosos desde la cúspide del poder ejecutivo. En un ámbito político-institucional mafiocrático, como el que también reina hoy en la Argentina, estás prácticas electoralistas resultan cancerosas.

La lucha de la sociedad argentina por la legalidad democrática dio un ejemplo heroico e histórico reconocido mundialmente durante los años 80 del siglo pasado al conquistar el ejercicio de derechos humanos universales. Es hora de que el pueblo argentino no sea parte de una farsa electoral y nuevamente exija, de manera pacífica y colectiva, el retorno de la Argentina al ejercicio de derechos humanos universales a través de un proceso electoral competitivo, libre y justo.

Presidente, directorio USA, Wildlife Justice Commission. Académico Senior, Universidad de Columbia (USA)