“Desde que se inventó la pala, nunca alcanzaremos el fondo” es un aforismo siempre aplicable a la economía argentina. Luego de instaurado el próximo gobierno el 10 de diciembre venidero, la disyuntiva será salir del pozo por arriba o continuar cavando para enterrarnos aún más.

En esta gravísima coyuntura, descripta hasta el hartazgo en todos los programas de actualidad y cuya principal consecuencia es la pobreza creciente, será inevitable un mecanismo de estabilización para detener la decadencia. Sin embargo, habrá una gran diferencia, según se realice en un contexto de confianza o de incertidumbre.

No es lógico que la Argentina tenga un gasto público que absorbe el 45 por ciento de su PBI, financiado con los impuestos más altos del mundo y con la tercera inflación más elevada del planeta

La clave para cambiar las expectativas, aumentar la demanda de dinero, reducir el riesgo argentino y la sucesión de consecuencias virtuosas que conlleva la confianza es que el plan genere condiciones para derrotar la inflación, aumentar la inversión, expandir el crédito, multiplicar el empleo y también el consumo gracias al fortalecimiento de la moneda.

Nada de ello ocurrirá si no se logra el equilibrio fiscal reduciendo el gasto público y no aumentando la presión tributaria.

Sin dudas, el círculo virtuoso será sostenible si el sector privado incrementa la riqueza en forma regular y no lo será arrinconándolo hasta el agotamiento, en beneficio de burócratas, acomodados y amigos del poder como viene sucediendo desde hace ya mucho tiempo.

En un país sin ahorro interno ni crédito externo, con inflación desbocada, sin divisas para importar y con presión fiscal extraordinaria, la forma de salir del pozo debe ser siempre por arriba, sin enterrarnos aún más, reduciendo los gastos del Estado para reestablecer el equilibrio y la sensatez.

En lugar de achicar el Estado, Massa instruye a los legisladores de su espacio a seguir manteniendo la elefantiásica estructura de la administración pública y los subsidios económicos y sociales que conforman el núcleo del brutal gasto estatal

Lógica, una ONG independiente liderada por Matías Olivero Vila, pretende crear conciencia fiscal en todos los sectores y niveles sociales a partir del sentido común: “Gastos lógicos, impuestos lógicos y país lógico”. En una reciente solicitada publicada en LA NACION, sintetizó su propuesta, ya anticipada en el último Coloquio de IDEA y en diversos congresos y jornadas realizados por todo el país.

Lo cierto es que no es lógico que la Argentina tenga un gasto público que absorbe el 45 por ciento de su PBI, financiado con los impuestos más altos del mundo y con la tercera inflación más elevada del planeta. Tampoco es lógico que el 40 por ciento del precio de los bienes sean impuestos y que, a pesar de tanto socialismo, la pobreza supere los 40 puntos. El país no crece desde 2011, con caída de más del 10 por ciento del PBI per cápita.

Lógica ha hecho un importante llamado abierto y público a los candidatos presidenciales Sergio Massa y Javier Milei para que fijen su posición y compromiso referidos a temas clave para la sociedad.

En ese mensaje (cuya solicitada ilustra este editorial), la referida ONG enumera varias preguntas para los candidatos a presidente, de cara al próximo balotaje, “que nos pueden cambiar la vida a los argentinos”, se afirma en el documento.

La clave para cambiar las expectativas, aumentar la demanda de dinero, reducir el riesgo argentino y la sucesión de consecuencias virtuosas que conlleva la confianza es que el plan genere condiciones para derrotar la inflación, aumentar la inversión, expandir el crédito, multiplicar el empleo y el consumo gracias al fortalecimiento de la moneda

Entre esas demandas, figuran en qué cinco rubros del gasto público se centran las principales soluciones que ambos proponen, si se comprometen a no sancionar nuevos impuestos y a bajar los existentes, qué herramientas implementarán para luchar contra la informalidad, si está dentro de sus objetivos bajar la inflación hasta eliminarla y si se comprometen a emitir una norma de transparencia fiscal que visibilice para los consumidores el IVA y otros impuestos nacionales y locales aplicables a sus compras.

Parte de la respuesta del candidato peronista ya se puede encontrar en el Presupuesto Nacional 2024 elevado al Congreso, donde no se incluye ninguna medida concreta para reducir el tamaño del Estado. Por el contrario, el 23 de octubre del corriente año, día posterior a la primera vuelta electoral, Massa solicitó a Carlos Heller, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, que se trate con urgencia la separata del mensaje del presupuesto para lograr superávit eliminando algunos de los “gastos tributarios” y beneficios impositivos detallados allí y que, de no reducirse, generarían pérdidas de recaudación de 4,72% del PBI, en 2024.

Los gastos totales del proyecto de presupuesto 2024 ascienden a 67,3 billones de pesos, de los cuales los gastos corrientes representan el 92,4%, causando un déficit primario equivalente al 1,6% del PBI. Como el Gobierno pretende un superávit del 1%, Massa pide a esa comisión parlamentaria que analice ya mismo los diversos beneficios impositivos incluidos en la separata y que se focalice en aquellos que favorecen a grandes empresas para eliminar los más gravosos.

Es hora de dejar de prometer lo que, en los hechos, no se cumplirá. Esa nefasta práctica debe ser erradicada. Sincerar la economía y plantear soluciones de fondo y duraderas es la ruta que debe seguirse, sin atajos que nos mantengan por el mal camino

En el listado de “gastos tributarios” y beneficios impositivos, se cuentan exenciones al impuesto a las ganancias, como los derechos de autor, la venta de títulos y acciones de cotización pública, el pago de dividendos, las plataformas digitales en el exterior y la valuación ganadera a costo histórico.

El foco del ministro-candidato Massa es eliminar las exenciones al Poder Judicial y hacia allí apunta su recomendación a Heller. También se listan exenciones de IVA o alícuotas reducidas para medicamentos, diarios, libros, entradas, prestaciones médicas, entidades educativas y reintegros a exportadores, así como alícuotas diferenciales del impuesto a los combustibles y de contribuciones de seguridad social.

En materia de promoción industrial, están en la mira los regímenes de Tierra del Fuego, de minería y de economía del conocimiento; las sociedades de garantía recíproca, el fomento a los bienes de capital, la educación técnica, los bosques cultivados, la industria naval, el bioetanol, la energía renovable, las autopartes, el capital emprendedor y el fomento a las PYME. Hay que aclarar que no significa que serán derogados, sino que integran la separata cuyo escrutinio se solicita a los legisladores.

Un capítulo aparte merecen los bienes personales, un tema favorito de Heller, autor del impuesto a la riqueza. Massa apunta a gravar los depósitos en cajas de ahorro y eliminar la exención de inmuebles rurales, pues “solo con los localizados en el exterior, la titularidad se concentra en 450 personas residentes en el país”.

De esa manera, el ministro–candidato se propone mantener las políticas públicas “prioritarias”, que parecen ser todas las actuales, ya que el presupuesto no contempla, en forma detallada como la citada separata, la eliminación de ninguna estructura de la administración pública ni de las 34 empresas estatales ni de sus fideicomisos y, mucho menos, de los subsidios económicos y sociales que conforman el núcleo del gasto estatal.

El esfuerzo de la ONG Lógica es plausible, aunque muy difícil de concretar en un país donde la pobreza, el empleo público, los planes sociales, los subsidios económicos y el clientelismo empresario han constituido una red de intereses creados que parece blindar el sistema actual de cualquier intento de reforma.