CIUDAD DE MÉXICO.- La libertad de prensa tuvo un declive en la Argentina en los últimos años, aunque sin llegar a los extremos de otros países en la región, que han sufrido una brutal ofensiva contra los derechos, o donde la prensa está azotada por altos niveles de violencia. Pero esa relativa estabilidad o la salud de los anticuerpos institucionales del país aparecen ahora en duda ante señales inquietantes como el espionaje ilegal, la violencia o las intimidaciones del narco en Rosario, y, también, los ataques a la prensa de un candidato presidencial, Javier Milei.

La Argentina quedó 11º entre 22 países de las Américas medidos por el Índice Chapultepec, que traza un mapa de la libertad de expresión en el continente, y fue presentado este viernes en la Ciudad de México durante la 79º Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). El informe sobre la Argentina ofreció un punteo de señales inquietantes: la violencia y las intimidaciones del narco en Rosario; los ataques y las amenazas o las denuncias penales a periodistas en Buenos Aires, Jujuy, Chaco, Formosa o Tucumán, y las agresiones y descalificaciones de Milei a periodistas y medios, que han generado “preocupación” y advertencias de organizaciones que defienden la libertad de prensa en el país, o su amenaza de eliminar la pauta publicitaria oficial.

La situación en la Argentina se discutió en un panel llamado “Violentados, perseguidos, estigmatizados” que reunió a los vicepresidentes regionales de la SIP para la Argentina, Bolivia, Cuba, Ecuador, Haití, Honduras, México, Nicaragua y Venezuela. Luego de recorrer las restricciones más dramáticas a la libertad de prensa en la región, Daniel Dessein, presidente de La Gaceta de Tucumán, y vicepresidente regional para la Argentina, tomó la palabra y ofreció un panorama sobre el país en el que mencionó “eventos muy preocupantes que pueden preanunciar un escenario muy complejo” en un país que ha tenido, dijo, “anticuerpos institucionales” en un clima político de bipartidismo y bicoalicionismo que terminó con esta elección presidencial.

Dessein dijo que, en los últimos 40 años de democracia, la Argentina nunca llegó a los extremos que se han visto en Venezuela, Cuba o Nicaragua, aunque sí hubo “períodos muy complicados” como el gobierno de Cristina Kirchner. Ahora, en un nuevo escenario político, Dessein dijo que el país se debate entre un espacio “con un sesgo intolerante con un candidato que hace denuncias generalizadas al periodismo”, y otro espacio donde habita el kirchnerismo y su pasado de relación tirante con los medios y con referentes como el diputado ultrakirchnerista Rodolfo Tailhade, vinculado a una red de espionaje ilegal, y a quien Dessein mencionó sin nombrarlo.

“La Argentina vive un clima de cuenta regresiva con un panorama extraordinariamente difuso con niveles de incertidumbre prácticamente inéditos”, describió Dessein. “Algunos de nuestros colegas describen una sensación generalizada de que la Argentina está en una encrucijada en la que puede perder definitivamente el camino del crecimiento, y convertirse en un país muy distinto del que muchos de ustedes conocen, caracterizado por esa intensa clase media, con niveles institucionales que la distinguían dentro de la región, y empezar a encontrar muchos de los peores elementos vinculados al narcotráfico, hay ataques, amenazas directas, y también muchos de los elementos vinculados a los gobiernos más hostiles contra la democracia y la libertad de expresión”, concluyó.

El informe sobre la Argentina arranca mencionando los riesgos para los medios argentinos por la crisis económica, y la caída de los ingresos por publicidad, y el contexto que enfrenta el país antes de la segunda vuelta electoral entre Milei y el ministro de Economía, Sergio Massa.

“La definición de la segunda vuelta electoral el 19 de noviembre se da en medio de una crisis económica “fogoneada” por altos niveles de inflación y desequilibrios fiscales. La sostenibilidad de la industria periodística nacional, en particular el segmento de los medios de comunicación locales está amenazada por la caída de ingresos publicitarios”, menciona el informe de la Argentina.

El trabajo dice que se registraron numerosos ataques y amenazas contra la prensa, y que continúan “las intimidaciones del narcotráfico” en Rosario, donde a fines de abril fue baleada la planta de la radio 680Lt3. Y enumera agresiones y amenazas, incluidas con armas de fuego, en contra de camarógrafos y cronistas de LN+ y C5N en una cobertura en Lomas del Mirador, provincia de Buenos Aires, y en junio, en Jujuy, durante el ataque de manifestantes a la Legislatura y la Asamblea Constituyente. El trabajo menciona también que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) denunció penalmente al periodista de LA NACION Joaquín Morales Solá y a su colega de Clarín Daniel Santoro. Y también una campaña de desprestigio de C5N contra el periodista de LA NACION, Hugo Alconada Mon, por investigaciones referidas a maniobras económicas de los propietarios del canal durante la gestión de Cristina Kirchner.

El trabajo destaca además la entrevista de Cristina Kirchner con el expresidente ecuatoriano, Rafael Correa, en el canal Russia Today, en la que insistió con su tesis de lawfare.

El último párrafo del informe es para Milei. “La relación del candidato presidencial Javier Milei con la prensa generó preocupación en organizaciones de libertad de prensa. Milei protagonizó más de una veintena de agresiones y actitudes intimidantes contra periodistas, desde insultos a demandas judiciales”, describió. El trabajo menciona que descalificó a medios como La Nación o TN, hizo imputaciones agraviantes a periodistas en general, y dijo en varias oportunidades que muchas de las críticas que recibe provienen de “periodistas ensobrados”, en alusión a profesionales corruptos a los que no identificó.

“La Academia Nacional de Periodismo, Adepa, Fopea y la Fundación LED reprocharon la inclinación de Milei a la calumnia contra periodistas y medios. El candidato declaró reiteradamente que si accede a la Presidencia eliminará la publicidad oficial, confundiendo la pauta pública con un subsidio, lo que choca con la posición de la Corte Suprema de Justicia argentina que reconoce a la publicidad oficial como un mecanismo que contribuye al acceso a la información y a la libertad de expresión”, concluye el informe.