Raúl Noro, esposo de la dirigente social Milagro Sala, falleció a los 80 años producto de un cáncer que complicó su salud en los últimos meses, informaron fuentes cercanas a la familia. Noro fue internado de urgencia en el sanatorio Lavalle, de la capital jujeña, debido a un “cuadro de taquicardia” que agravó su estado salud mientras cumplía con su internación domiciliaria en el domicilio del barrio Cuyaya.

Noro fue durante años corresponsal de LA NACION en Jujuy y trabajó en diversos medios locales y regionales. También escribió un libro en el año 2014. La verdad de la realidad y la realidad de la verdad fue el trabajo que presentó en la Universidad Nacional de Jujuy en el 2014, basado en una recopilación de artículos, “con la pretensión de acercar al gran público conceptos complejos de la filosofía y fenomenología” y apelar “a los recursos y al oficio periodístico”.

Además, fue integrante activo del Partido Humanista y estuvo vinculado al movimiento humanista.

Recientemente, en una audiencia pública de la Defensoría del Público que se realizó en Jujuy, Milagro Sala expresó sus preocupaciones en torno a su esposo, que atravesaba un complicado estado de salud: “Quiero estar fuerte por él, que me dio una felicidad muy grande en mi vida”.

Sala fue investigada en distintas causas penales y en diciembre del año pasado la Corte Suprema de Justicia confirmó una condena a 13 años de prisión en su contra por los delitos de asociación ilícita, en carácter de jefa, fraude y extorsión. Sala ya tenía una sentencia firme, confirmada por la Corte, en una causa menor (por amenazas) con una pena en suspenso.

La dirigente está presa en su casa por su estado de salud, aunque el gobierno de Jujuy reclama que sea trasladada a una cárcel común. Las condiciones de detención de la líder de la Túpac Amaru son monitoreadas por una oficina de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el apoyo del Gobierno y del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Los hechos de violencia que investiga la Justicia de Jujuy tuvieron su pico el martes 20 de junio, después de que se aprobara la reforma parcial de la Carta Magna impulsada por Morales, en un contexto en el que los docentes de la provincia venían de varios días de paro y movilizaciones.

Ese día, al enterarse de que la reforma se había aprobado, manifestantes tiraron las vallas perimetrales de la Legislatura provincial y comenzaron a arrojar piedras contra la policía. Hubo algunos activistas que lograron ingresar al edificio y prendieron fuego una oficina, donde se apilaban cientos de expedientes. Hubo autos destrozados y el enfrentamiento se extendió durante horas.