SANTA FE.- Un juez penal de Rosario le ordenó al magistrado de Reconquista que entiende en la causa por el concurso de Vicentin, Fabián Lorenzini, que no apruebe la oferta de pago propuesta por la firma nacida en Avellaneda, al norte de esta provincia, pero con desarrollo operativo en el Gran Rosario.

Dictaron la conciliación obligatoria en un conflicto que afectaba una medida de Massa

“La homologación de la propuesta de pago de Vicentin comporta la violación de una orden judicial debiendo de abstenerse en forma urgente de su tratamiento, análisis y homologación”, argumentó en una resolución conocida hoy el juez penal Hernán Postma, de los tribunales de Rosario.

Esta decisión del magistrado rosarino será un obstáculo difícil de superar por el momento, con lo cual, el juez Lorenzini, que viene actuando en el debería abstenerse de validar la oferta de la malograda aceitera. Sin embargo, consultas realizadas esta tarde por este medio en los Tribunales de Reconquista, no aportaron elementos para suponer cuál sería la decisión de Lorenzini.

La decisión del juez Postma se conoce el día en el que se cumplen tres años del retroceso presidencial que pretendía la intervención, con el propósito de luego expropiarla, de Vicentin, y eran insistentes los comentarios sobre una fuga de capitales y el consecuente vaciamiento de la agroexportadora.

Como se sabe, luego de presentarse en concurso preventivo de acreedores, el directorio de Vicentin comenzó a ser investigado por el default de una de las principales exportadora de granos del país en 2019 (en diciembre de ese año concretó la formalidad judicial de su situación), dando lugar a la evaluación sobre eventuales delitos como estafa, administración fraudulenta y asociación ilícita.

En 2021, el juez Postma decidió, por una medida cautelar, que todo los bienes de la empresa no cambien de manos hasta que no se defina el caso penal, decisión que luego fue ratificada por el Tribunal de alzada.

En ese momento, se explicó que la propuesta de pago de Vicentin a sus acreedores estaba atada a los recursos que obtendrían de la venta de activos, como sus plantas procesadoras y puertos en jurisdicción de San Lorenzo (norte del Gran Rosario), y su participación accionaria en la aceitera de Renova.

En la resolución que se conoció en las últimas horas, el juez Postma le recordó a Lorenzini que “no puede” habilitar la venta de los activos.

Al respecto, la resolución señala: “Atento que del contenido de la propuesta concursal de Vicentin se desprende la disposición de activos cautelados mediante orden judicial 11/12/2020, confirmada por la excelentísima Cámara de Apelaciones en lo Penal, hágase saber a todos los órganos y sujetos referidos que la medida se encuentra vigente en todos sus términos”, señaló el magistrado en la medida adoptada.

En medios tribunalicios, se explicó que la notificación del juez sobre la imposibilidad de los accionistas de Vicentin de vender sus activos hasta tanto no haya una definición de la situación penal, constituye un duro revés ante lo que se pensaba sería en estos días –tras la feria de invierno- la homologación de la propuesta de pago, la cual alcanzó los porcentajes requeridos por la ley para la aprobación de la oferta.

En consecuencia, el trámite para resolver la situación de la firma sufrirá una demora considerable, aunque en agosto se espera que el juez Lorenzini pueda definir –además de la caída de la oferta de pago, como se resolvió en Rosario- la eventualidad de la vigencia del cram down, la instancia en la que terceros interesados también pueden presentar ofertas de pago.

Sin embargo, no se descarta que el juez de Reconquista pueda hacer uso de otra opción: elevar el tema a la Corte Suprema de la Provincia para que dirima el conflicto de competencia jurisdiccional entre los fueros (penal de Rosario y Civil y Comercial de Reconquista).

De cualquier manera, no hay muchos caminos a seguir, según resuelva la justicia. Si no se homologa la propuesta de pago realizada por Vicentín (a partir de una asociación con Bunge, ACA y Viterra), según consta en autos, se estaría ingresando en el camino de la quiebra de la firma, salvo que quienes hoy administran la empresa consigan elaborar y presentar una propuesta de pago superadora.

El 31 de julio de 2020, se informaba que el presidente Alberto Fernández dejaba sin efecto el DNU 522 del mismo año que había dispuesto la intervención de Vicentin por sesenta días y el envío de un proyecto de expropiación de la empresa al Congreso de la Nación por considerarla de utilidad pública, según recordó en un escrito el diputado santafecino Carlos del Frade.

“Tres años después de este retroceso político, el grupo Vicentin sigue debiendo 1600 millones de dólares; no ha dicho una sola palabra de la fuga de 791 millones de dólares ente agosto de 2019 y enero de 2020; propone un pago a quince años y solamente por el veinte por ciento de la deuda; ha logrado el silencio del gobierno de Omar Perotti y de las bancadas socialista, radical, del PRO y sectores celestes en la cámara de Diputados y Diputadas de la Provincia de Santa Fe como también del senado santafesino; el juez Fabián Lorenzini ha vuelto a conceder plazos para los empresarios en un hecho más vinculado a la construcción de la impunidad que a la justicia; se ha logrado la casi total extranjerización del comercio exterior de granos en la Argentina, la principal fuente de riquezas del país y miles de trabajadores que dependen de las 33 empresas del grupo tienen más angustias que seguridades sobre su continuidad laboral, especialmente los que hicieron grande al consorcio en su cuna geográfica, el norte profundo de Santa Fe”, añadió el legislador del bloque Frente Amplio de la Soberanía.