Conversaban en igbo, lengua que hablan 60 millones de personas en Nigeria. Una vez que los investigadores lograron traducir la charla de los dos sospechosos ya no tuvieron ninguna duda de que estaban tras la pista correcta: “Siempre le envío los recibos completos. No hay nada que no hayamos hecho y que él no tenga el recibo completo. ¿Tú entiendes? Todos los recibos de todas las transacciones de estafas. Lo que yo, lo que nosotros, lo que todos hacemos aquí”, afirmó a su interlocutor Higi, uno de los integrantes de una organización cibercriminal transnacional que, con aceitadas estafas con miles de damnificados, habrían conseguido alzarse con un botín de 8 millones de dólares.

Usaban un método reiterado, pero en el que eran muy efectivos. La sospecha es que parte de ese dinero habría sido utilizado para financiar actividades de terrorismo y narcotráfico.

Así lo informaron a LA NACION fuentes policiales y judiciales. En las últimas horas, detectives de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvieron a 17 sospechosos de varias nacionalidades: nigeriana, haitiana, paraguaya y argentina. Los imputados ya fueron indagados por el juez Manuel de Campos, que está a cargo de la vasta investigación.

La denominada Operación Internacional Jackal es la tercera etapa de una investigación que comenzó en 2021 y tiene 75 imputados. La organización criminal captaba a sus víctimas en redes sociales como Facebook y Twitter o en apps de citas como Tinder. La farsa comenzaba con un primer contacto donde un delincuente creaba un personaje que, con el correr de los mensajes, le hacía creer a su “presa” que se había enamorado y, de pronto, cuando se había generado una intimidad y confianza suficientes, le pedía una transferencia de dinero para resolver un problema urgente. Numerosas personas cayeron en la trampa.

La banda está liderada por Obinna Chukwuemeka Ejikeme, un nigeriano conocido como Bobby, que logró escapar de la Argentina antes de que lo ubicaran. Se cree que está en Lagos, Nigeria.

En esta tercera etapa de la investigación, los detectives de la PFA tuvieron la colaboración de agentes del FBI de los Estados Unidos y de personal de la Policía Nacional de España, quienes aportaron información y la localización de cuentas en el extranjero y datos de otras células de origen nigeriano que operan en distintas partes del mundo, conocidas como Black Axe.

“Esta organización criminal es liderada por delincuentes de nacionalidad nigeriana que reclutaban a ciudadanos venezolanos y colombianos para cometer estafas y extorsiones a empresas y personas incautas que caían en sus trampas”, explicaron fuentes de la PFA.

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En los allanamientos, además de teléfonos celulares y computadores, el personal policial secuestró 1.200.000 dólares apócrifos.

“Esta investigación sirve para observar y comprobar las severas consecuencias causadas por el crimen organizado, sea porque, al contar con mayores recursos, pudo afectar a un mayor número de personas, o porque –a partir de aquellos y del producido del propio delito– consiguió expandirse a gran velocidad, generando serias dificultades para que, desde el propio estado de derecho se le imponga un límite y se lo reprima”, había sostenido el juez De Campos en un fallo del año pasado, cuando procesó a 32 sospechosos.

Fuentes judiciales destacaron el trabajo hecho por los detectives de la División Delitos Tecnológicos del Departamento Ciberdelito y de los especialistas de División Lavado de Activos, áreas de la PFA que dependen de la Superintendencia de Investigaciones Federales, a cargo del comisario general Alejandro Ñamandú.

Fuentes de la investigación dijeron a LA NACION que la investigación no terminó y que en las siguientes etapas tendrán como finalidad “la desarticulación total de la organización”.

Uno de los próximos objetivos, justamente, es detener a Higi, el sospechoso al que lograron intervenirle la línea telefónica, pero todavía no pudieron arrestarlo. Tiene pedido de captura nacional e internacional.

La investigación había comenzado a principios de 2019, tras la denuncia de un empresario que fue víctima de la organización criminal.

“Esta organización criminal tenía por finalidad y objeto, al menos en parte, la comisión de un número indeterminado de hechos delictivos, de contenido patrimonial. Los estafadores, básicamente, se vincularon en su gran mayoría –o, mejor dicho, de lo detectado– a generar engaños por medios electrónicos o con el uso de estos, a personas que contactaron –previo haber ejercido tareas de inteligencia y/o de ingeniería social por redes sociales, correos electrónicos u otros sistemas de mensajería electrónica como WhatsApp. La cuestión es que las víctimas, luego de creer en esas historias, como así también que estos usuarios eran personas que existían y con las que se vinculaban de algún modo –sea por amistad, romance, por una posible relación comercial o solidaridad–, les efectuaban como producto del engaño transferencias o giros internacionales de dinero que no tenían el destino ni la situación marco que les habían comentado”, explicó el juez en la citada resolución donde procesó a 32 sospechosos.

A otra víctima, identificada como A., la contactaron primero por Tinder. Un integrante de la banda se hizo pasar por un ingeniero civil de los Estados Unidos. Tras ganar su confianza, le dijo que lo habían contratado para hacer un puente, trabajo por el que le iban a pagar 10 millones de dólares.

Continuaron los mensajes románticos y, una vez que ganó su confianza, el falso ingeniero le dijo a A. que habían bloqueado sus cuentas bancarias y le pidió ayuda. Se comprometió a devolverle el dinero cuando viajara a la Argentina. A. transfirió 1.188.000 pesos a los estafadores. Cuando advirtió el engaño, ya era tarde.

Las víctimas no lo sabían, pero el dinero era transferido a cuentas de otras personas, “mulas” que recibían una comisión por prestar su CBU.

“Para las estafas, los sospechosos buscaban, la mayoría de las veces, mujeres de entre 45 y 55 años. Pero, también, caían en la trampa hombres”, dijo oportunamente a LA NACION una calificada fuente judicial.

Hubo estafadores que se hicieron pasar por periodistas y por médicos cirujanos. Pero las “profesiones” más elegidas para engañar a las víctimas fueron las historias de militares de los Estados Unidos en misiones en Kabul, Afganistán, que pensaban venir a vivir a la Argentina después del retiro.