La Cámara Federal de Casación Penal convalidó las condenas a 13 de los integrantes de una organización criminal dedicada al tráfico de marihuana desde Paraguay a la ciudad correntina de Itatí y otros puntos del país, y que fue desbaratada en 2017 mediante el denominado Operativo Sapucay, informaron fuentes judiciales. Se trató de la causa que dejó al descubierto como nunca antes la relación del narcotráfico con los niveles de decisión pública, ya que por esa investigación recibieron condenadas el por entonces intendente de esa ciudad y el viceintendente.

La confirmaron de las condenas fue dispuesta por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo, al rechazar, por mayoría, los recursos articulados por las defensas contra el fallo de primera instancia del Tribunal Oral Federal (TOF) 3 de la Nación.

Los condenados que apelaron fueron Carlos Alberto Bareiro, Diego Osvaldo Ocampo Alvarenga, Rubén Ernesto Ferreyra, Carlos Víctor López, Alejandro Ramón Gayoso, Ezequiel Arnaldo Saucedo, Melanio Mareco Vargas, Jorge Eduardo Espinosa y Carlos Luis Romero; quienes fueron sometidos a juicio oral que terminó en agosto de 2021 con penas de entre siete y diecisiete años de cárcel.

También recurrieron la sentencia en su contra Corina Araceli Noguera, Gabriel Fernando Alcaraz, Ramón Epifanio Romero y Juan Manuel Faraone; quienes, por su parte, habían sido condenados a penas de entre tres años y tres años y medio de prisión en el marco de un proceso abreviado que se celebró antes del debate.

El acusado que recibió la pena mayor fue Carlos Bareiro, más conocido por su alias de Cachito, que fue condenado a la pena de 17 años de cárcel. Bareiro fue encontrado culpable del delito de transporte de material estupefaciente en concurso real con los delitos de comercio de ese tipo de sustancias, agravado por la intervención de funcionarios públicos y por servirse de menores de edad, en calidad de autor, en concurso real con asociación ilícita, en carácter de jefe. Y esa sentencia fue ratificada por la Cámara Federal de Casación Penal.

Por esta causa llegó a haber 36 imputados, varios de los cuales acordaron condenas en procesos abreviados y otros llegaron a juicio oral.

Entre los del primer grupo estuvo el exintendente de Itatí, Natividad “Roger” Terán, quien recibió una pena de tres años de prisión en suspenso por el delito de asociación ilícita y recuperó la libertad en septiembre de 2019.

En tanto, el exviceintendente de Itatí, Fabio Adrián Aquino, recibió una pena de tres años y ocho meses de cárcel, por el delito de “asociación ilícita, en calidad de miembro, en concurso real con tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, en la modalidad de comercio, agravado por la intervención de funcionarios públicos y por servirse de menores de 18 años de edad, en carácter de partícipe secundario”.

Mientras que sus hermanos Hebelín Aída y Cristian Leonardo Aquino fueron condenados a 6 años de prisión por los mismos delitos, pero en calidad de coautores. Misma pena recibió Alejandro Néstor “Cucurucho” Piris, cuñado de la hija de Terán.

A su vez, Federico “Morenita” Marín recibió la pena más alta en el marco del juicio abreviado, ya que el tribunal lo condenó a doce años de cárcel por liderar la asociación ilícita, y por ser coautor de los mismos delitos por el cual sentenciaron al exviceintendente Aquino.

La Operación Sapucay derivó de una serie de procedimientos contra la venta de droga en barrios de emergencia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a través de escuchas telefónicas y otras evidencias se rastreó a la banda hasta Itatí en Corrientes. Los hechos ocurrieron entre 2014 y 2017, en el “contexto de una asociación criminal con permanencia en el tiempo”, sostuvo la fiscalía en el debate oral, que remarcó la “capacidad logística que tenía esa organización de abastecer de marihuana proveniente del Paraguay al mercado ilícito de importantes centros urbanos de nuestro país”.

La causa estuvo a cargo del entonces juez federal Sergio Torres, actual ministro de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, quien el 14 de marzo de 2017 ordenó allanamientos, secuestró unos 11 kilos de marihuana y detuvo a 26 de los acusados.

De acuerdo con la acusación, la droga era transportada por vía fluvial desde Paraguay e ingresaba al país a través de Itatí para luego ser distribuida y comercializada en barrios de emergencia porteños y en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Chaco, Santiago del Estero y Catamarca. Según se estableció en la causa, los cruces se hacían por el río Paraná, a la altura de Itatí y se llegaron a transportar hasta 700 kilos de marihuana en viajes que duraban menos de cuatro minutos.