Más de 100 familias resisten este martes el desalojo de Casa Santa Cruz, una fábrica abandonada ubicada en el barrio porteño de Parque Patricios donde viven 350 adultos y más de 100 niños. La Policía de la Ciudad busca concretar el megaoperativo ordenado por la Justicia, que cuenta con el vallado de todas las calles aledañas y el despliegue de cientos de efectivos. En dicho contexto, personal del Ministerio de Desarrollo negocia con los ocupantes en un clima de creciente tensión.

“Estamos esperando al oficial de justicia. Recién nos enteramos de que no vino uno solo, sino por lo menos hay más de cuatro. Hay un operativo descomunal. El parque está todo vallado”, dijo a Télam Iliana Llanos, quien vive hace 10 años en el edificio y es la presidenta de la Cooperativa de Vivienda Papa Francisco. Fuentes de la fuerza de seguridad porteña aseguraron que en el lugar trabajan cerca de 500 agentes.

“No se entiende. Si están queriendo que las familias desalojen de forma pacífica, ¿por qué están armando todo esto? ¿O de pronto les dan miedo 131 niñitos?”, agregó Llanos.

Desde ayer por la tarde, cuando se realizó un festival y vigilia en apoyo a las 170 familias que viven -algunas- desde 2004 en el edificio ubicado en Santa Cruz 140, un grupo de alrededor de 600 personas resisten al desalojo previsto para hoy.

Afuera del establecimiento acompañan organizaciones y manifestantes, en tanto que dentro del edificio de seis pisos se encuentran gran parte de las personas que lo habitan.

El jueves pasado, las familias fueron notificadas de la orden de desalojo prevista para este martes, en el marco de la causa que lleva más de 13 años en el Juzgado en lo Civil N° 60.

Según una resolución dictada el pasado miércoles por el juez Fernando Cesari, el desalojo puede ser de forma “escalonada” y se autorizó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a pedir la colaboración de las fuerzas federales “ante la complejidad del caso”, de considerarlo necesario.

La nueva resolución surge en respuesta a una nota presentada por la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana y Orden Público del Ministerio de Justicia y Seguridad porteña. En ella, la cartera advirtió que “la medida implicaría una movilización de personal policial sin precedentes en los últimos años” debido a “la cantidad de familias que se deben desalojar para hacer cesar la intrusión”, mientras sostuvo que “no se puede garantizar de ningún modo que el desalojo se realice garantizando la integridad de las personas que habitan”.

Fuentes oficiales informaron a LA NACION que “si bien la sentencia de primera instancia que hace lugar a la demanda y ordena el desalojo data de abril del año 2016 (sentencia que fue confirmada por la Cámara en diciembre del 2017, quedando de esta manera firme), y que el lanzamiento fue decretado en mayo de 2018, confirmado por la Cámara en agosto de ese año; dicha medida aún no se ha ejecutado debido a las reiteradas presentaciones efectuadas por asociaciones, legisladores, demandados y la Procuración General de la CABA solicitando la suspensión del lanzamiento, debido a la complejidad en su ejecución y las distintas situaciones sobrevinientes como la emergencia sanitaria”, cada una de las cuales fue rechazada por el juzgado, y su decisión ratificada por la Cámara.

“Con fecha 25 de octubre el Juzgado desestimó la presentación de la Asesoría Tutelar ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo tendiente a buscar una solución habitacional y a la posibilidad de la ejecución del lanzamiento en un corto periodo de tiempo. Por otro lado, fijó fecha para el desalojo el día 31/10″, señalaron.

El edificio donde se emplaza la Casa Santa Cruz es una unidad funcional de la antigua fábrica de toallas Selsa que quebró en la década del 90.

El excomplejo fabril de seis pisos, que se encontraba “deshabitado y desarreglado” cuando en 2004 algunas familias decidieron ingresar para tener un lugar donde vivir, hoy cuenta con servicio de agua, luz y cloacas gracias al esfuerzo de los vecinos, según indicaron estos mismos.

En 2010, cuando la propiedad fue subastada, las familias intentaron presentarse para comprarla, pero no pudieron hacerlo y finalmente fue adquirido por el empresario hotelero Leonardo Ratuschny, quien luego inició un juicio por desalojo.