La capacidad innovadora y la creatividad están en el ADN de muchos argentinos. Pero a la hora de resguardar el fruto de tales virtudes, que muchas veces demandan importantes inversiones en desarrollo, en lugar de promoverlas, las obstruimos y demoramos, volviendo muy costosa y complicada la protección de valiosísimas iniciativas que no encuentran el incentivo necesario. Por el contrario, la mayoría de los Estados entienden que reconocer los derechos exclusivos que derivan de una invención es apostar a la pujanza de una nación, con indudable beneficio para su sociedad.

La protección que cualquier invento debe asegurarse, para evitar que sea copiado o explotado por terceros sin su consentimiento, se encuadra en lo que se llama sistema de patentes de invención, un derecho de propiedad industrial que un Estado, a través del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) en la Argentina, otorga al inventor. El registro puede tramitarse en el propio país y/o en otro, según convenga teniendo en cuenta dónde se comercializará o producirá el invento, asegurando la explotación exclusiva de su inventor por un período que en la Argentina es de 20 años desde la presentación.

Entre 1998 y 2002, alcanzamos picos de 7500 solicitudes de patentes anuales; en 2022 apenas rondaban las 3500. Este descenso se explica, en parte, porque la Argentina nunca adhirió al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) –concertado en 1970, enmendando en 1979 y modificado en 1984 y 2001–, firmado por 157 naciones para superar trabas burocráticas y costos duplicados a la hora de tramitar registros en más de un territorio. El descenso se explica también porque casi el 80% era presentado por extranjeros que ya no exhiben su intención de venir a nuestro caótico país. Esta iniciativa de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) tiene por signatarios a una inmensa mayoría de países. Junto con Venezuela, Bolivia, Paraguay y Uruguay, hasta aquí la Argentina ha optado por no gozar de las facilidades que el tratado de cooperación asegura en la materia. Esto obliga a los inventores argentinos a tramitar solicitudes de protección en todos aquellos países en los que se requiera cubrir el invento, con altísimos costos. Por ejemplo, para presentar una solicitud de patente en unos 50 países se deben abonar unos 150.000 dólares. En cambio, quienes adhieren al PCT, por un costo estimado de 7000 dólares lo habrán hecho en 152 países mediante una solicitud única, reduciendo las formalidades y consiguiendo el marco de seguridad jurídica, el tiempo y los criterios técnicos para proteger su tecnología; una enorme desventaja competitiva para los inventores y emprendedores argentinos. Cabe aclarar que el PCT es un sistema de presentación y no de concesión de patentes, dependiendo esta última de la oficina de cada país, que puede aprobar o rechazar una patente luego de realizar las búsquedas correspondientes según las propias leyes y el examen de fondo, pero que se beneficia con la fase internacional del trámite en cuanto a las condiciones de forma. De ninguna manera sustituye los procedimientos y decisiones nacionales en la materia, sino que simplifica el procedimiento de presentación, incluyendo información acerca de las posibilidades de registro mediante la búsqueda internacional.

Otra faceta no menos relevante es la que contempla el acceso a toda aquella información técnica contenida en las solicitudes presentadas en tantos países y que puede tentar a inversores a volcarse a otros mercados, como el nuestro, constituyendo una herramienta estratégica muy beneficiosa. La Argentina no puede continuar propiciando su aislamiento internacional. Deben primar la cordura y la inteligencia y no vetustos eslóganes como proteccionismo versus liberalismo.

A pesar de las razones esgrimidas, la adhesión argentina al PCT que obtuvo media sanción en el Senado hace ya 25 años, habiendo sido nuestro país uno de los redactores en los años 70, nunca fue tratada en la Cámara de Diputados, no solo por erróneas concepciones, sino también porque algunas empresas farmacéuticas nacionales ven en ella obstáculos a su competencia en el mercado local. Por su parte, investigadores locales de universidades públicas y privadas, la Fundación Sales, la Asociación Argentina de Agentes de la Propiedad Industrial (AAAPI), la Cámara Argentina de Agentes de la Propiedad Industrial (Capira), la Asociación de Emprendedores de la Argentina (ASEA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI), la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Ciudad de Buenos Aires y la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), además de todas las cámaras de comercio extranjeras en el país y empresas comprometidas con la investigación, apoyan la adhesión de la Argentina al PCT.

Se debería también evaluar el diseño de criterios comunes para crear un Tribunal Unificado de Patentes y una Oficina de Patentes del Mercosur.

En reiteradas oportunidades nos hemos referido a la importancia de promover la industria del conocimiento como motor de desarrollo. Estimular estos ecosistemas implica dar respuesta a una demanda de protección adecuada para tantos valiosos actores locales que emprenden, investigan e innovan desde la Argentina para el mundo.