Con el objetivo de calmar los ánimos que se respiran en Asunción, una delegación de funcionarios que responden al ministro de Economía, Sergio Massa, viajaron ayer a Paraguay para intentar bajarle el tono al conflicto con ese país por el cobro de peaje a las embarcaciones que transitan por la Hidrovía Paraná-Paraguay.

El contrapunto, que incluyó críticas del propio presidente de Paraguay, Santiago Peña, hacia el ministro de Economía, con quien se reunió el 24 del mes pasado, ya traspasó el nivel de las declaraciones diplomáticas verbales y se tradujo en hechos concretos, como la detención de barcos paraguayos en el canal compartido y la reciente decisión de Paraguay de abrir de modo unilateral las compuertas de la represa Yacyretá y dejar correr el agua que se necesita para hacer funcionar la represa binacional.

“Fue una buena reunión, con el ánimo de acercar posiciones y terminar con los malos entendidos”, comentaron a LA NACION integrantes de la delegación argentina, encabezada por la secretaria de Energía, Flavia Royón, cercana a Massa, y que tuvo como contraparte al propio canciller de Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano.

“Se logró un punto de acuerdo con Paraguay, el derecho de Argentina de cobrar peaje para el funcionamiento de la Hidrovía”, afirmó Royón, que estuvo acompañada por el titular de la Administración General de Puertos, José Beni, técnico del Instituto Patria, más el director ejecutivo del ente binacional Yacyretá, Fernando de Vido, y el asesor de Economía, Raúl Pérez.

“Se acordó el qué; falta el cuánto y el cómo”, agregaron desde la delegación argentina, satisfechos por haber dado un simbólico paso de acercamiento, aunque no hubo ni habrá comunicado conjunto hasta tanto una comisión técnica conformada por ambos países (comenzarán las reuniones en Buenos Aires mañana mismo) no lleguen a un acuerdo formal por el peaje de la Hidrovía, implementado en enero pasado y que alcanza 1,47 dólares por tonelada transportada. Ya tres barcos de bandera paraguaya fueron retenidos en las últimas semanas por el no pago de la tasa, generando mayor tensión a la existente.

El 30 del mes pasado, una nueva reunión técnica del Comité Intergubernamental Hidrovía (CIH) se llevó a cabo en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Allí, Paraguay obtuvo el apoyo de Brasil, Uruguay y el propio Bolivia en su reclamo contra la Argentina.

Los pagos y la deuda que ambos países se reclaman mutuamente en el manejo de la represa Yacyretá también fueron incluidos en la discusión, aunque en este caso los pases de factura vienen de mucho más atrás: Argentina, que construyó la represa, reclama unos US$ 4500 millones a Paraguay, mientras que el país vecino sostiene que la Argentina es la que está incumpliendo con los pagos, por unos $86.000 millones, por el actual uso de la energía que proviene de la megaobra binacional.

Más allá del optimismo del Gobierno, quedaron cabos sueltos y la tensión aún está lejos de disolverse. “La reunión fue un avance, se habló de constituir una mesa de trabajo para avanzar en las discusiones de la Hidrovía y Yacyretá”, coincidieron fuentes del gobierno de Peña, aunque aclararon que la potestad de Argentina de cobrar un peaje y no “subsidiar” el mantenimiento del canal navegable está “establecida en el acuerdo” firmado por ambos países más Brasil, Uruguay y Bolivia, y no se trata de una novedad. “Lo que Paraguay ha dicho desde un primer momento es que la tarifa debe ser resultado de un estudio y de un análisis exhaustivos y objetivos, entre todos, y que las medidas se tomen de común acuerdo”, agregaron a este diario fuentes de la gestión de Peña.

En Paraguay subsiste el enojo con el embajador argentino, el exgobernador de Chaco Domingo Peppo, quien ayer afirmó que “Paraguay se está pasando de la raya” y que “el conflicto está escalando, y no por voluntad argentina”.

Para Paraguay, “Peppo no colabora” en la resolución del conflicto, que a partir de ayer ingresó en el terreno de la discusión técnica, aunque para la Casa Rosada y el Ministerio de Economía, las motivaciones de Peña “son políticas” al escalar la tensión con la Argentina por el cobro de un peaje que representa poco más de U$S 20 millones anuales, que abonan sobre todo las empresas de Paraguay y Brasil.

“La reacción de Paraguay fue a todas luces desmedida, y hechos como abrir las compuertas les genera un costo alto. No se explica si no es por el lado político”, acotaron desde la delegación argentina. Cerca de Massa reiteraron que la supuesta “promesa” de suspender el cobro del peaje, hecha por el ministro de Economía al presidente Peña, “nunca existió”, y que se trató de un “sobregiro” del canciller Ramírez Lescano, a la que se habría sumado la “presión de los empresarios paraguayos” que se resisten a pagar el peaje.