En un Estado sin normas sobre la utilización de las redes sociales, la Cámara Nacional Electoral ha vuelto a proponer un compromiso de sustancia ética sobre las normas que deben regir en las prácticas digitales.

Lo ha hecho en el comienzo virtual de la campaña electoral, cuya primera etapa serán las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) previstas para el 13 de agosto. Han firmado el compromiso, por sí o por interpósitas personas, candidatos por algunos de los 40 partidos políticos registrados en el orden nacional, asociaciones periodísticas, organizaciones no gubernamentales con intereses específicos en el mejoramiento de la acción cívica y medios digitales.

Países como Francia y Alemania disponen de leyes sobre cuestiones de esta naturaleza surgidas de la revolución en curso en la tecnología de las comunicaciones. Cuerpos multinacionales como la Unión Europea se disponen a adoptar normas en igual sentido. También lo han hecho Rusia y China, aunque en países como estos los conflictos se resuelven sin contemplaciones con el cierre de sitios y con condenas físicas para las personas involucradas, incluso en asuntos tan naturales y tan humanos como el derecho a la crítica de los comportamientos y decisiones gubernamentales.

El alto tribunal electoral argentino ha procurado un compromiso que comporte propagar la educación digital, de forma de lograr transparencia en la información política electoral. Lo ha hecho con la conciencia de que al margen de los conflictos brutales que con frecuencia se suscitan en la competencia política, los partidos han sabido en principio preservar el sistema electoral como árbitro de las reglas de juego. Ha habido serias excepciones, como es de público conocimiento.

Sobre el uso improcedente de las redes, por decir lo menos, el tribunal tomó en cuenta antecedentes como el que afectó al diputado nacional cordobés Mario Negri (Juntos por el Cambio). Poco antes de las elecciones legislativas de 2021, circuló en Facebook un video con la imagen del entonces precandidato a senador de Córdoba junto al audio de una entrevista en la que supuestamente admitía quedarse con parte de las remuneraciones de empleados públicos. Pero eso era falso: el audio había sido editado y las voces de los periodistas y de Negri correspondían a dos entrevistas diferentes no relacionadas con el tema. El diputado presentó una denuncia formal ante la Justicia Electoral y el contenido fue eliminado por la red social. ¿Quién podría asegurar que aquella falsedad no afectó en las urnas a Negri, a su partido y a la coalición que integra?

El tribunal tomó en cuenta también el caso suscitado en la campaña brasileña de la que salió vencedor Jair Bolsonaro. Uno de sus rivales fue denunciado el día anterior a los comicios de haber abusado de menores. La desmentida se produjo al día siguiente en horas de votación. ¿Cómo no creer que los autores embozados del infundio obtuvieron algún efecto respecto de lo que se habían trazado?

La Cámara Nacional Electoral se ha movilizado en defensa del juego electoral limpio. Cabe felicitarse de que tantos actores del espacio público argentino se hayan concertado en respaldo de esa iniciativa. Aceptemos, por un momento, dar por descontado que lo han hecho con la decencia cívica que tan ausente ha estado en las semanas recientes de la política argentina.

No solo hay desde ahora un compromiso de evitar las “fake news”, sino también de denunciarlas

Como una prueba de la aceleración de los cambios introducidos por las nuevas tecnologías en los procesos electorales, el presidente de la cámara, Alberto Dalla Vía, trajo a cuento la criteriosa observación de Giovanni Sartori, el célebre politólogo italiano que hace años hablaba de la “videopolítica”. Era natural que se hablara así hasta no hace muchos años, cuando los entendidos en contiendas electorales recomendaban reservar una parte considerable de los recursos para la inversión indispensable en canales de televisión.

Las tendencias han cambiado radicalmente después de los primeros diez años de este siglo. En 2011, solo el 4% de la inversión total publicitaria iba a las redes sociales. Apenas una década más tarde, ese guarismo se elevaba en la Argentina al 44%, y todo indica que en 2023 se elevará por encima de la mitad de los gastos que realicen partidos y coaliciones en propaganda.

La definición de Sartori de “videopolítica” ha envejecido rápidamente e impele a que los mecanismos de control de los financiamientos políticos se concentren de manera preferente en el ámbito digital. La defensa de la libertad en los términos que imponen el espíritu y letra de la Constitución Nacional deberá quedar a salvo, pero el mal uso de esa libertad por instrumentos sobre cuya acción no hay todavía cabal conocimiento en los órdenes legislativo y judicial está llamando a una consideración sobre el riesgo de dejar lagunas legales que comprometan seriamente la institucionalidad del país.

Sabemos que han sido hackeados los centros de documentación de los poderes judiciales de Córdoba y de Chaco, y también los de la Dirección Nacional de Migraciones. Y sabemos que si esto ocurriera con el software que concentra la información sobre los nombres y otros datos de filiación personal de las autoridades de mesa, podría suscitarse un fenómeno catastrófico con relación a los próximos comicios. Podría, lisa y llanamente, arruinarse su realización de un día para otro.

El compromiso moral y ético de quienes sellaron con su firma el acuerdo promovido por la Cámara Nacional Electoral concierne a temas tan dramáticos, por llamarlos de algún modo, como el que dejamos expuesto, y que abarca, desde luego, las mentiras deliberadas que suelen difundirse por las redes. Es lo que la opinión pública conoce a esta altura por el anglicismo de “fake news”. No sólo hay desde ahora un compromiso de evitarlas, sino también de denunciarlas y de hacer uso de todos los instrumentos, que ya son muchos y eficientes, a fin de conjurar efectos que confunden y perturban la información pública.

Aún más grave es el caso de las “deep fakes” con las que se consigue transmitir de manera convincente en pantallas, con la contribución de enormes masas de datos en imágenes y palabras, la voz y el rostro de una persona con el propósito de que pronuncie disparates o haga declaraciones que la descalifiquen. Esto sucede hoy en el mundo y los argentinos han visto, por ejemplo, al Papa vestido con una rara vestimenta de la que Bergoglio habrá sido el primero en sorprenderse.

Por decir lo menos, los jueces de la Cámara Nacional Electoral han invitado a un gesto simbólico de actores importantes de la política argentina y de quienes cumplen en esa materia papeles significativos en la elaboración y seguimiento de las informaciones. Ese solo gesto y su aceptación, como había sucedido de igual modo en circunstancias parecidas de 2019 y 2021, debe valorarse como un elemento esperanzador en la política nacional entre tantas desazones habidas.

Ojalá que haya entre la sociedad y la política emulaciones del compromiso sellado a fin de revitalizar al menos el decaído ánimo nacional. No podía esperarse algo distinto del espíritu ciudadano trabajado como ha estado por las consecuencias del fracaso absoluto de las políticas del kirchnerismo y sus cómplices de la izquierda, por un lado, y por el desconcierto, de otro lado, producido por una oposición incoherente, ajena a las responsabilidades crecientes de las que corresponde que se haga cargo en medio de las ruinas que el oficialismo deja a su paso desmoronándolo todo.