La policía de la provincia de Buenos Aires vuelve a estar en el centro de la escena por la profunda crisis de salud mental que castiga a muchos de sus 100 mil integrantes. Sorprenderá saber que hoy estos efectivos mueren cinco veces más por suicidios que por enfrentamientos. El año pasado hubo un promedio de tres suicidios por mes y ya se contabilizan 12 en lo que va de 2023. Un demandante régimen de trabajo en el que reina el caos y la ausencia de tiempo libre, suma para muchos buenos efectivos una frustración laboral a la económica y familiar.

Los padecimientos parecen no tener fin. Una ley vigente otorga un subsidio al personal de la policía de la provincia de Buenos Aires herido en servicio y a las viudas o viudos de los fallecidos. Estos subsidios, sin embargo, se están liquidando incorrectamente y sus beneficiarios se ven obligados a litigar contra la Provincia para que se reconozca y subsane el error.

La ley dice que el monto a abonar por el Estado debe ser igual a lo que percibe un teniente primero por todo concepto, pero el decreto reglamentario suprimió algunos ítems. Ese “todo concepto” no es igual para el personal en actividad que para los heridos y viudos.

No se concibe que el gobierno de la provincia de Buenos Aires ignore la norma pisoteando derechos adquiridos legalmente por personas que han quedado hemipléjicas, parapléjicas, víctimas de amputaciones o con distintas consecuencias a raíz de actos de servicio en el cumplimiento de su deber. ¿Dónde está ese dinero? ¿A qué se lo destina?

Los reclamos para que se paguen efectivamente todos los conceptos son de larga data y hace más de un año que se viene solicitando la adecuación de la ley, dado que un decreto reglamentario no tiene la jerarquía para modificarla, sino solo para hacerla aplicable. De ninguna manera puede esa aplicación modificar el espíritu de la norma.

No se concibe que la provincia de Buenos Aires ignore la ley pisoteando derechos adquiridos de personas que han resultado seriamente afectadas por haber cumplido cabalmente con su deber

Otro ingrediente trastoca el sentido de lo oportunamente sancionado. Los subsidios a los viudos del personal fallecido se otorgan siempre y cuando la muerte haya ocurrido como consecuencia directa de las lesiones. Si el efectivo herido en servicio fallece por otro motivo, un infarto por ejemplo, su viuda o viudo ya no percibe el subsidio aunque la voluntad de los legisladores fue precisamente proteger al grupo familiar, tal como quedó explicitado en los fundamentos de la ley.

Con la referida supresión de ítems, se paga menos. También se paga menos cuando solo se beneficia a algunos viudos mientras se relega a otros considerándolos de segunda clase.

Todos nos sentimos también en esa lamentable posición cuando vimos cómo Julio Segundo Rigau, un puntero político conocido como “Chocolate”, detenido con millones de pesos extraídos con 48 tarjetas de débito, recuperó su libertad por un “error de procedimiento”, a pesar de las 177 defraudaciones “reiteradas, consumadas y probadas”. Afortunadamente, la Cámara de Casación Penal bonaerense dejó el jueves útimo sin efecto el fallo que, basado en un habeas corpus presentado por la defensa de Rigau, había anulado la investigación sobre el presunto desfalco a las arcas públicas provinciales. Un día después la Justicia dispuso finalmente su detención y que el 20 de este mes se abra su celular, lo que puede dar una pista de quiénes eran sus jefes.

Lamentablemente, somos víctimas también de funcionarios que nunca trabajaron en el ámbito privado y que no pueden explicar el origen de los fondos que dilapidan navegando en yates de lujo por Europa mientras la pobreza jaquea a la Argentina.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, que compite por su reelección, dijo desconocer las aventuras de su entonces jefe de Gabinete, Martín Insaurralde, y procuró despegarse del deleznable hecho, siendo que también esos vínculos conducen a turbias situaciones en la Legislatura.

Kicillof debería modificar el decreto que desdibuja la ley a la que el Poder Ejecutivo debería estar subordinado. No tiene lógica ni razón que, por un error formal, las víctimas y sus familias se vean privadas del total del subsidio que les corresponde por haber cumplido con su deber, habiendo desempeñado riesgosas funciones.

Todos ellos aguardan una respuesta que el gobernador no tiene motivos reales para demorar. Estamos ante una injusticia que se subsana con un simple decreto. Basta con una lapicera. Tan afecto a rifar descontroladamente subsidios y planes prebendarios, pagados con las arcas provinciales, no se entienden las razones por las cuales se demora lo que constituye un verdadero y reparador acto de justicia.