El domingo 10 de diciembre será testigo de dos hechos significativos en la vida institucional del país. Ese día se estarán cumpliendo 40 años de democracia y un nuevo presidente asumirá el Poder Ejecutivo Nacional. Lamentablemente, la Argentina no estará para festejos ni celebraciones. La realidad social golpea con dureza en términos de inflación, pobreza, inseguridad y una absoluta falta de perspectivas. El próximo gobierno deberá enfrentar, sin beneficio de inventario, gigantescos desafíos.

Sin acuerdos programáticos puede estar en riesgo la gobernabilidad

A menos de siete meses del trascendental cambio de autoridades, no existen certezas acerca de la gestación del potencial futuro gobierno. Desde el retorno de la democracia y tras el fin del bipartidismo, representado desde 1983 por la Unión Cívica Radical y el Partido Justicialista, predominan los gobiernos encabezados por coaliciones o heterogéneos frentes políticos. Desde entonces, nuestro país registra tres experiencias de coaliciones políticas y todas ellas resultaron finalmente frustradas: La Alianza (1999-2001), Cambiemos (2015-2019) y el aún vigente Frente de Todos, que gobierna desde 2019.

La inexistencia de liderazgos, la falta de implementación de un plan de gobierno y la incapacidad de alcanzar acuerdos básicos en un frente sin cohesión jaquearon permanentemente el funcionamiento del actual gobierno. Con final abierto, la paupérrima situación económica y social aun no logra despejar riesgos de gobernabilidad. El hilo conductor de las coaliciones mencionadas ha sido la exitosa capacidad demostrada para obturar la continuidad de ciclos precedentes, pero sin aportar en su momento, cuando han tenido que gobernar, planes ni programas que pudieran transformar la realidad social.

Se necesita un gobierno cohesionado para hacer reformas estructurales

El fracaso de estas coaliciones, sin embargo, permite extraer algunas enseñanzas para comprender y hacer frente a eventuales complejidades futuras.

Los partidos políticos ya no determinan los liderazgos en la arena nacional y la tipología de las coaliciones que aspiran al poder en las próximas elecciones permite avizorar escenarios de fracaso u oportunidad.

Se plantea entonces un dilema de fondo: ¿qué tipo de acuerdos se terminarán de conformar para dirimir fuerzas en las elecciones del 22 de octubre?; ¿dejarán las coaliciones “electorales” espacio a nuevas “programáticas” que ofrezcan una nueva perspectiva disruptiva?

Independientemente de cómo evolucione ese proceso, es altamente probable que ninguna fuerza logre imponerse en las primarias (se requiere un 40% con una diferencia del 10% respecto del segundo, o un 45% del total), en donde se definirá la composición de las bancas parlamentarias en el Senado (se renueva un tercio) y en Diputados (un 50% de la Cámara Baja). Con un posible ballottage en el horizonte, la próxima administración estará condicionada por limitaciones en el ámbito legislativo, lo que podría dar origen a un “gobierno dividido”, como se conoce a los Ejecutivos sin mayorías parlamentarias.

La continuidad en la prevalencia de coaliciones “electorales”, en contextos de profundas crisis sociales como la actual, pronostica un escenario inevitablemente riesgoso, con incertidumbre objetiva en torno a la necesaria garantía de gobernabilidad.

Sin embargo, a pesar de las complejidades y dificultades existentes, estamos todavía frente a una gran oportunidad. La tipología de las coaliciones, deberían abandonar el agotado modelo electoralista y articularse con bases sólidas en torno a uno “programático”.

En la necesaria construcción de este nuevo modelo de coalición, el verticalismo en la toma de decisiones ha dejado de ser una opción. Ninguna fuerza o partido integrante deberá necesariamente resignar su identidad ni la participación activa en la conformación del futuro gobierno. Como en los sistemas parlamentaristas europeos, el proceso de articulación, negociación y acuerdo entre diferentes actores debería estar integrado en el diseño de un plan de gobierno que resulta urgente implementar.

De esta forma, la búsqueda de consensos, el permanente diálogo y la discusión de ideas favorecerá la elaboración de propuestas concretas y le ofrecerá a la futura coalición de gobierno la capacidad de alcanzar acuerdos de mediano y largo plazo con otras fuerzas o actores sociales.

Esto allanaría el camino para promover e implementar políticas públicas imprescindibles y el diseño de las reformas estructurales necesarias para la Argentina que viene. Aun a riesgo de encontrarse en minoría parlamentaria, la coalición programática tendría una ventaja natural, dada por el ejercicio permanente de tender puentes con fuerzas opositoras. Si bien se requerirá de liderazgos fuertes, estos se sustentarían sobre la base de un gobierno cohesionado internamente.

Ajena a todas estas definiciones, es indudable que la ciudadanía se encuentra altamente disociada del ámbito de lo político. Es habitual otorgarle la responsabilidad de todo tipo de problemas a la “clase dirigente”, menospreciada como “casta” desde un discurso antipolítico creciente, heredero del peyorativo “que se vayan todos” de las aciagas jornadas de diciembre del 2001. Con esta simplificación se corre el riesgo de dejar de ejercer la responsabilidad individual en el funcionamiento del sistema democrático, del cual todos formamos parte.

El intelectual francés Pierre Rosanvallon invita a reflexionar al respecto. Promueve abandonar una democracia de “autorización”, donde se realiza “el otorgamiento electoral de un permiso para gobernar” e impulsar en cambio una de “ejercicio”, donde los ciudadanos dejan de ser “los soberanos de un día”.

Se trata de una dimensión “poselectoral”, fundada en el ejercicio de una desconfianza frente a los poderes, que llama a participar en forma más constante “en el control de los gobernantes, cuya acción está sometida a la observancia de toda una serie de obligaciones”.

En síntesis, se trata de fomentar un mayor compromiso en la acción ciudadana y en la participación de la vida democrática.

Periodista y politólogo