Del presidente electo Javier Milei y el exmandatario Mauricio Macri, a Máximo Kirchner, pasando por Claudio “Chiqui” Tapia, Sergio Massa, Malena Galmarini, Victoria Tolosa Paz, Daniel Angelici y Antonio Stiuso. Todos ellos aparecen en la lista de casi treinta personas que buscan conocer qué hay en la causa de espionaje ilegal que involucra al camporista Fabián “Conu” Rodríguez y al expolicía Ariel Zanchetta.

Algunos pidieron información o acceso al caso y otros fueron más lejos y solicitaron convertirse en querellantes (es decir, se reconocidos como víctimas para intervenir en el expediente). De todos los presentados, hasta ahora ninguno fue aceptado por la Justicia. En el caso solo figura como querellante, desde septiembre pasado, Silvio Robles, funcionario muy cercano al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. Robles es precisamente uno de los blancos del kirchnerismo en el pedido de juicio político al máximo tribunal que se lleva adelante en la Cámara de Diputados.

El caso mantiene en vilo a la política por lo que ya se sabe, pero, más que nada, por lo que se descuenta que puede emerger. La mayor expectativa está en lo que sucederá a partir de los primeros días de diciembre, cuando comience el peritaje al teléfono personal de Rodríguez, que lo entregó cuatro días después de que en dos allanamientos -uno en su casa particular y otro en su oficina de la AFIP- se secuestraran once computadoras portátiles y trece celulares. Un número que no pasó desapercibido para la Justicia, pese a algunas justificaciones que buscaron instalarse.

La primera semana de este mes, el fiscal del caso, Gerardo Pollicita, solicitó la detención de Rodríguez, pedido que fue rechazado por el juez Marcelo Martínez de Giorigi. Para Pollicita, había riesgo de que se eliminara o adulterara el contenido del celular del funcionario camporista. Fuentes judiciales dijeron a LA NACION, en alusión a eso, que “no hay información que no pueda recuperarse” y destacaron que si se descubre que Rodríguez eliminó algo, eso sería peligroso para él porque lo dejaría muy cerca de la prisión preventiva. Eso comenzará a develarse en días nada más, justo cuando el kirchnerismo se prepara para dejar el poder.

Desde que estalló públicamente, el caso se convirtió en una suerte de “mancha venenosa” en la política. Es un caso del que nadie quiere hablar en el oficialismo. Ni en la propia organización camporista, que lo mantiene aún por estos días, ni en la AFIP, órgano en el que Rodríguez fue designado el año pasado al frente de la subdirección de pequeños contribuyentes. A contramano de ellos, quien habló fue el presidente, Alberto Fernández, y contó que Rodríguez pidió licencia. También, según pudo saber LA NACION, al funcionario se le habría abierto un sumario interno en el organismo, del que es planta permanente. Todo indica que ese expediente contra Rodríguez lo heredará la gestión del presidente entrante.

En una entrevista al Diario.AR de este domingo, Fernández se refirió al tema y sostuvo: “Desprecio esa metodología de la política. La persona que apareció vinculada a eso estaba trabajando ahora en la AFIP como planta permanente. Le pedí a Castagneto que lo cesara para que no gozara de ningún privilegio funcional durante la investigación. La persona se adelantó y pidió licencia. El juez no tomó ninguna determinación hasta ahora. Todo lo que está apareciendo en esa causa es realmente asqueante”.

Por otro lado, se despegó: “No fui yo quien lo hizo. No fue el gobierno nacional y el presidente de la Nación deplora lo que se ha hecho. Que cada uno se haga cargo de lo que se ha hecho. En eso, no tengo ambigüedades”.

La causa es considerada, de mínima, “incómoda”. Ya se sabe que se espió a dirigentes propios. En el oficialismo hay una visión compartida de que el espionaje que usó Rodríguez “funcionó como herramienta para conseguir los objetivos políticos de la organización”. La muestra de eso, ejemplifican, es lo que sucedió con Tolosa Paz, a la que se “operó” en el portal del expolicía Zanchetta, que recibía pauta oficial dada por Rodríguez, con información conseguida ilegalmente.

El primero en presentarse en el caso tras las últimas revelaciones fue Milei. Era 7 de noviembre y todavía quedaban casi dos semanas rumbo al balotaje. Ese mismo día se presentaron también el dirigente social Juan Grabois y el diputado de Juntos por el Cambio (JxC) Fernando Iglesias, quien reiteraría su pedido cinco días después. El 8 se sumó el expresidente de Boca Daniel Angelici, la diputada Carolina Píparo y el exfutbolista Juan Sebastián Verón, quien también insistió con su pedido para entrar a la causa. Gustavo Arribas, extitular de la AFI macrista, fue el 9, pero no pidió ser querellante, sino tener acceso a la causa, lo mismo que Joaquín de la Torre y Jaime Méndez Curuchet. Los nombres de todos figuraban como de espiados en el caso.

Ese mismo día, diez antes del balotaje, llegaron las presentaciones del ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro; del por entonces todavía candidato Sergio Massa y de su esposa, la titular de AySA, Malena Galmarini. También del camarista destituido Eduardo Freiler. Y 24 horas más tarde, los escritos de la excandidata Myriam Bregman y del expresidente Macri. También se presentaron los diputados oficialistas Martín Doñate y Rodolfo Tailhade (que además de aparecer en la lista de supuestos espiados, recibía información de Zanchetta), quienes coincidieron en no buscar ser querellantes, sino acceder a información.

El lunes 13, una semana después de conocido públicamente el caso, llegó la presentación de Máximo Kirchner, quien pidió información y ejercer su derecho como “particular damnificado”, al igual que Juan Martín Mena, extitular de la AFI, actual secretario de Justicia y hombre de extrema confianza de Cristina Kirchner. Ese día también se presentó el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk.

Un día después fue el turno de radical Alberto Asseff y del periodista Christian Sanz. El 15 se presentaron el exsecretario de Seguridad de Cambiemos Gerardo Millman, el fiscal Carlos Stornelli y Tapia, quien pidió acceso al expediente. Luego lo haría la dirigente de Cambiemos, Mónica Frade. Y finalmente, después de las elecciones, la ministra y diputada electa Victoria Tolosa Paz; el exdirector de Contrainteligencia de la AFI, Antonio “Jaime” Stiuso, y el gobernador saliente de Entre Ríos, Gustavo Bordet.