El altísimo porcentaje de voto en blanco o impugnado, así como de ausentismo, que se registró en los comicios provinciales realizados en 14 distritos en lo que va del año resulta altamente preocupante. Se ha denominado a este fenómeno como “voto bronca”, en referencia al hartazgo que manifiestan muchos ciudadanos respecto de la dirigencia política. Algunos estudiosos del acontecer electoral argentino lo diferencian de lo que llaman “voto decepción”, en referencia al de las elecciones de 2021, cuando buena parte de quienes habían votado en 2019 por la fórmula presidencial Alberto Fernández-Cristina Kirchner le retiraron su confianza al oficialismo, en oportunidad de los comicios de renovación parlamentaria, al sentirse defraudados por el rumbo del Gobierno.

Se llame como se llame a este estado de cosas, la realidad indica que existe una gran proporción de ciudadanos que sienten una profunda saturación frente a las acciones de ciertos sectores de la dirigencia política como consecuencia del incumplimiento de sus promesas y, muy especialmente, de la prevalencia de la mentira, de la corrupción, de la impunidad y del todo vale. Podría encontrarse allí una justificación a ese sufragio que, en otras épocas, fue denominado “voto castigo”.

El voto en blanco, como el impugnado, está previsto en nuestra ley electoral. No se trata entonces de negar su existencia, sino de evaluar hasta dónde ha llegado ese grado de fastidio y agotamiento ciudadano y qué se piensa hacer para revertirlo.

En la Argentina, el sufragio es obligatorio, lo cual debería tornar aún más grave la no concurrencia a las urnas. Pero como casi nunca se aplican las sanciones por no ir a votar o, finalmente, el Congreso dicta una amplia amnistía para quienes incumplieron con su deber, muchos ciudadanos entienden que nada les pasará si no acatan la norma.

En las elecciones realizadas anteayer en Córdoba, el ausentismo alcanzó el 33%, el mayor nivel desde la reapertura democrática de 1983, en tanto que el voto en blanco se acercó al 5%. En los anteriores 13 comicios provinciales llevados a cabo durante el corriente año, alrededor del 35% de las personas habilitadas para votar no concurrió a las urnas, votó en blanco o anuló el sufragio. En promedio, ese parámetro aumentó el 8,25% respecto de las elecciones de 2021.

El voto no es solamente un derecho, sino una obligación y desentendernos de la cuestión cívica no nos exonera del compromiso ciudadano

Los distritos que desdoblaron sus comicios y ya habían votado hasta el domingo último fueron Mendoza, Tucumán, Salta, Misiones, Corrientes, San Juan, Jujuy, Río Negro, Neuquén, San Luis, La Rioja, La Pampa y Tierra del Fuego. En nueve de esas 13 provincias subió el conjunto de voto en blanco e impugnado, al igual que el ausentismo electoral. Mendoza fue a la cabeza, con un 10% más que en 2021; la siguieron Tierra del Fuego (9%) y Corrientes (8%). Las únicas provincias en las que bajó el “voto bronca” con respecto a lo sucedido hace dos años fueron Tucumán, Salta, Misiones y La Rioja, aunque en todas ellas siguió en niveles altos.

En Corrientes, la suma de ausentismo, voto en blanco y anulado llegó al 47%. En Mendoza, registró el 42%, al igual que en Tierra del Fuego. En cambio, si se comparan esos resultados con los de 2019, salvo en Tucumán –donde como en otros feudos lamentablemente cuenta mucho el nefasto “voto mercantil”–, en el resto de las provincias creció lo que Shila Vilker, directora de la consultora TresPuntoZero, llamó “nihilismo activo, un hacer destructivo”.

En una interesante columna de opinión publicada la semana pasada en la nacion, el economista Juan Carlos de Pablo llamaba a votar con una frase tan llana como criteriosa: los comicios que se avecinan –decía– “influirán en nuestras vidas durante los próximos cuatro años; por lo tanto, no debemos tomar la decisión tirando una moneda al aire, con el argumento de que todos son iguales”.

Ciertamente, esta desazón, en mayor o en menor grado, ya la hemos vivido los argentinos. No todas las elecciones contaron con la misma asistencia por parte del electorado. Tras la debacle de 2001, cuando la consigna era “que se vayan todos”, se sucedieron comicios en los que muchos ciudadanos recobraron el interés haciendo crecer el nivel de participación a la hora de elegir.

Como sociedad, nos está faltando, desde la propia escuela, enseñar y asimilar que el voto no es solamente un derecho, sino una obligación, y que desentendernos de la cuestión cívica no nos exonera del compromiso ciudadano. Por el contrario, abstenerse del esfuerzo que urge hacer para intentar revertir los problemas nos termina relegando en la búsqueda de la posible solución, instalándonos en un papel de víctimas que solo atinan a protestar y que muchas veces puede terminar beneficiando a quien menos simpatía nos despierta. Nos sitúa en la categoría de meros espectadores de una realidad que no asumimos como propia.

La existencia de un sistema presidencialista cada vez más fuerte provoca, entre otras cosas, que se pierda de vista la función indispensable de un Poder Legislativo que actúe como contrapeso y contralor de las acciones del Poder Ejecutivo y viceversa. Si hubo sectores a lo largo de la historia que no siempre han sabido respetar ese valioso e imprescindible equilibrio de poderes, el remedio se encuentra, una vez más, en el voto. Por eso nunca debería subestimarse la fuerza del sufragio.