Uno de los problemas recurrentes de la Argentina es que gasta más de lo que ahorra, algo que queda evidenciado si se hace un repaso de la historia reciente. Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), si se considera el período 1961-2022, en solo seis de los últimos 62 años el Sector Público Nacional No Financiero ha obtenido mayores ingresos que gastos. Esto implica que casi no ha existido la oportunidad de generar fondos de ahorro genuinos para enfrentar momentos de crisis y mantener constante la provisión de bienes públicos.

Según el análisis, solo hubo saldo favorable para el fisco, sumando gasto primario y servicios de deuda, entre 2003 y 2008, es decir, durante el gobierno de Néstor Kirchner y parte del primer mandato de Cristina Kirchner. En tanto, si se toma solo el gasto primario, se puede sumar a lo anterior el lapso que fue de 1991 a 1993, cuando se puso en marcha la convertibilidad; otro en 1997 y 1998, uno en 2000 y otro en 2002.

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“Si no se aprovechan los períodos de auge para generar ahorros, los estados quedan sumamente expuestos cuando el ciclo se revierte, en cuyo caso deben acudir a los mercados de crédito bajo una condición fiscal débil. Y cuando la solvencia fiscal se ha deteriorado más allá de lo razonable, las administraciones corren el riesgo de llegar a una crisis sin capacidad de endeudamiento voluntario (cuando más lo necesitan), lo cual las obliga a reemplazar esta fuente de financiamiento por otras menos ortodoxas y deseables”, señala el informe.

En este sentido, dice que resulta sumamente importante la generación de reglas e instrumentos fiscales para enfrentar bajo mejores condiciones los ciclos económicos y sus efectos. “Teniendo en mente estos objetivos, surge la idea de contar con fondos estabilizadores que funcionen constriñendo a las administraciones públicas a acumular recursos en las fases expansivas de la economía y permitan disponer de esos recursos en los períodos de crisis. En definitiva, el Estado debe buscar un equilibrio fiscal intertemporal, lo que puede traducirse como el equilibrio entre la suma de los gastos habituales y la suma de los ingresos habituales, básicamente los tributarios”, agregan.

En cuanto a los beneficios, apunta que tener equilibrio fiscal promueve la autonomía de la política monetaria. Es decir, que el diseño de esta última no debe realizarse en función del financiamiento necesario que implica la existencia de déficit fiscal. “El equilibrio fiscal implica la eliminación del impuesto inflacionario que se genera cuando el déficit fiscal se financia con la emisión de moneda. Este impuesto no legislado es uno de los más regresivos de los impuestos, penalizando a las personas de menores ingresos de la sociedad”, sostiene el Iaraf.

Por otro lado, el equilibrio fiscal libera al mercado financiero para especializarse en el financiamiento del sector privado, potenciando el desarrollo de la actividad económica y de la creación de empleo. “El déficit fiscal incrementa la presión del Estado sobre la disponibilidad del ahorro. A mayor déficit, habitualmente mayor es la rentabilidad ofrecida por el Estado, penalizando de esta manera a los proyectos de inversión y al consumo de bienes durables”, explica.

Por último, siguiendo con los lineamientos del informe, el equilibrio fiscal baja el riesgo de que un Estado pueda tomar en el futuro decisiones que impliquen subas de impuestos y pérdidas de rentabilidad, generando las bases para decisiones que implican hundir capital con horizonte de largo plazo.