CÓRDOBA.- Los gobernadores empezaron a ajustarse el cinturón. Ante la confirmación del ministro de Economía, Luis Caputo, que de que “se reducirán al mínimo” los giros por afuera de la coparticipación y de que ésta -de no mediar acuerdo- caerá por las modificaciones de Ganancias, empezaron a prepararse para un 2024 muy complicado, en el que la mayoría pasaría del superávit al déficit fiscal. Son varios los mandatarios que ya resolvieron recortes. Hacerlo también es un argumento para negociar con la Casa Rosada.

El gobernador de Tucumán, el peronista Osvaldo Jaldo, fue de los primeros en anunciar un ajuste que implicará, por un lado, un ahorro de $219.000 millones a la Legislatura y una reestructuración del Ejecutivo. “No vamos a caer ni en el endeudamiento ni en el déficit fiscal en el 2024″, dijo. En sus anuncios incluyó la eliminación de 40 organismos gubernamentales y de la Unidad de Reconversión Laboral.

“No estamos dispuestos a seguir pagando a personas que no sabemos cuál es su rol, ni dónde trabajan”, aseguró el tucumano, quien incluyó entre sus medidas la anulación de las designaciones de los últimos 60 días retroactivos al 29 de octubre. Además, suspendió los juicios por ejecución de la Dirección General de Rentas (DGR) contra los contribuyentes, redujo alícuotas de Ingresos Brutos.

En Catamarca, el gobernador peronista Raúl Jalil logró que se aprobara un presupuesto con un ajuste de $20 millones para el Poder Judicial, lo que generó la protesta en la calle de magistrados y funcionarios de ese sector. Para el mandatario, no se trata de un recorte, sino de una “adaptación presupuestaria para afrontar las circunstancias económicas actuales”. En el Poder Ejecutivo, se eliminaron secretarias y direcciones y se dieron de baja los denominados “Índices”, que son cargos políticos con jerarquía.

El cordobés Martín Llaryora (“Hacemos por Córdoba”) modificó su organigrama inicial que preveía unos 32 ministerios y agencias público-privadas; finalmente son 14. Los cambios fueron también para responder a la demanda social de una reducción del gasto político.

Su par de San Luis, Claudio Poggi (Juntos por el Cambio), anunció un recorte de hasta 600 funcionarios de primera línea entre ministerios y secretarías locales, la cifra es el equivalente al 40% de los cargos en el esqueleto burocrático provincial y, según precisó, el monto del ahorro equivale a la financiación de la construcción de hasta 300 viviendas sociales adicionales por año.

En Chaco, Leandro Zdero (UCR) suspendió las recategorizaciones aprobadas hace tres meses por su antecesor, Jorge Capitanich. El proceso de revisión se extenderá, al menos, hasta marzo. “Vamos a auditar para dejar constancia formal de qué provincia nos entregan hoy. Queremos saber el estado del Estado e informar”, adelantó el día de su asunción.

Marcelo Orrego (Juntos por el Cambio) apenas asumió en San Juan anunció la reducción del 30% de los cargos políticos; la anulación de los nombramientos de los últimos seis meses en la planta permanente del Estado y también de los nombramientos de los últimos nueve meses que no cumplieran con un mínimo de seis meses de servicio efectivo y continuo. Además, se darán de baja la extensión de contratos administrativos de servicio de colaboración del 2023 aunque habrá una Comisión Evaluadora para casos puntuales.

También desde Juntos por el Cambio, Rogelio Frigerio en Entre Ríos, anticipó que avanzará en un “recorte histórico” en la política y que reducirá los cargos provinciales a la mitad. Su par de Chubut, Ignacio Torres, enunció: “Vamos a hacer un censo para ver quién trabaja y quién no. Y al que no, le pediremos amablemente que dé un paso al costado”.

En Neuquén el gobernador Rolando Figueroa anunció la derogación del régimen de jubilaciones de privilegio, la eliminación del alquiler de autos y camionetas para funcionarios, la reducción del 50% de los cargos de planta política en el Ejecutivo provincial y la revisión de los pases a planta del último año. “Pondremos fin a los abusos”, sintetizó.

En Santa Fe, Maximiliano Pullaro (JxC), señaló que en la provincia hay “13.000 empleados públicos más que los que había en 2019″, entre los que se cuentan “funcionarios políticos o familiares de políticos de primera y segunda línea del gobierno” de Omar Perotti, su antecesor. Sostuvo que se revisarán los decretos de esos nombramientos.