Desde hace más de un año, Ron DeSantis y Disney se encuentran enfrentados en una batalla que no parece tener un final cercano. En 2022, el gobernador de Florida se trazó como meta terminar con el distrito fiscal especial sobre el cual opera el gigante del entretenimiento en Orlando, donde se sitúan los parques de diversiones. Este año, puso fin al régimen de autogobierno que tenía la compañía tras la firma de una ley, una norma que cambia por completo el funcionamiento de las cosas, que era el mismo desde hace más de 60 años. Ahora, el precandidato al partido Republicano pidió a un tribunal federal que desestime la demanda que la empresa presentó en su contra.

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Disney sostiene que existen represalias legales a raíz de una disputa política, pero para entender esto, es necesario establecer el orden de cada uno de los eventos. El origen de la pelea data de marzo del año pasado, cuando Bob Chapek, entonces director ejecutivo de la corporación, manifestó de manera pública su desacuerdo tras la aprobación del proyecto de ley HB 1557 de Florida, apodado Don’t Say Gay (no digas gay) por sus críticos, mediante el cual se prohibía a los distritos escolares la enseñanza de identidad de género y orientación sexual hasta el tercer grado escolar.

Aquella crítica hizo que Disney se convierta en el foco de la ira de DeSantis, que sostuvo que era momento de acabar con los privilegios tributarios que disfrutaba la compañía. Un año después, en abril de 2022, por medio de una ley, el gobernador eliminó el distrito especial sobre el cual operaba la empresa, conocido hasta entonces como Reedy Creek Improvement District.

La aprobación de esa norma puso fin a la suerte de autonomía virtual de la que gozaba Disney sobre miles de hectáreas en Orlando. Sin embargo, todavía quedaba en pie una junta que tomaba decisiones acerca del distrito y cuyos integrantes eran afines a la compañía.

DeSantis no se detuvo y en febrero de este año los legisladores del estado, de mayoría republicana, aprobaron un proyecto de ley que le otorgó a DeSantis el control efectivo sobre la junta que supervisa los servicios municipales y el desarrollo del distrito especial. “Hoy, el reino corporativo finalmente llega a su fin”, dijo el gobernador en su momento cuando firmó la norma en el Parlamento estatal.

De esa manera, la legislatura del estado votó para disolver la junta y creó un Distrito de Supervisión de Turismo de Florida Central designado por DeSantis.

Pero Disney no se mantuvo de brazos cruzados y actualmente sostiene que las acciones del gobernador nacen de una disputa política y no en fundamentos legales, sino como una forma de represalia. A principios de esta semana, los abogados de DeSantis pidieron a un juez federal que decretara la inmunidad en el caso, lo que conllevaría a un necesario retiro de la demanda y lo liberaría de cualquier acción legal.

En contexto, todo esto ocurre mientras DeSantis viaja por el país para promocionar su precandidatura como representante republicano con miras a ocupar la Casa Blanca en 2024. Entre tanto, en Florida, su defensa insistió en que el tribunal debería desestimar el caso en parte porque “todos los reclamos de Disney fracasan como cuestión de derecho”.

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Un portavoz de la compañía sostuvo que “Disney se encontraba en esta posición lamentable, porque expresó un punto de vista que no gustó al gobernador y sus aliados”. Es cuestión de tiempo para que el tribunal se pronuncie acerca de la demanda de la compañía, que podría tener consecuencias desfavorables para los planes en la agenda conservadora del gobernador.