El 1º de julio entró en vigor en Florida la ley SB1718, impulsada por el gobernador Ron DeSantis. La normativa, conocida también como “ley antiinmigrante”, restringe el acceso de los indocumentados a empleos, formas de identificación, transporte, entre otros puntos controvertidos. Este lunes, varios grupos que defienden los derechos civiles presentaron una demanda, al considerarla como “inconstitucional, xenofóbica” y una medida que “criminaliza” a la comunidad migrante en un estado que está conformado por gran cantidad de personas que nacieron en el extranjero.

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La demanda, planteada por Southern Poverty Law Center, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) y su sección de Florida, Americans for Immigrant Justice y American Immigration Council, acusa que la ley “es una amenaza para los derechos y el bienestar de cada individuo en el estado”. Además, califica que es “dañina” y que la diseñaron para “infligir crueldad” a la comunidad inmigrante. “Es inconstitucional y socava nuestra democracia”, señaló en un comunicado retomado por la agencia EFE Paul R. Chávez, abogado supervisor sénior del Proyecto de Justicia para los Inmigrantes de Southern Poverty Law.

A principios de julio, el grupo de organizaciones adelantó que presentaría la demanda. En un comunicado de ese momento, éstas acusaron que el “draconiano proyecto de ley” es “discriminatorio contra los inmigrantes y representa una amenaza para los derechos y el bienestar de todas las personas en el estado”.

La demanda se enfoca en las disposiciones específicas de la sección diez de la ley, en donde se penaliza el transporte de personas que no puedan comprobar su estatus legal en Florida. De acuerdo con el documento legal, “es inconstitucional que un estado regule unilateralmente la inmigración federal, someta a personas sin previo aviso y use un término tan vago como ‘inspección’”.

La ley indica que, cualquier persona que transporte, albergue o ayude a trasladar a un extranjero irregular dentro o hacia el estado recibirá condenas sin importar su estatus migratorio. Si el indocumentado es mayor de 18 años, se le imputará a su transportador un delito grave de tercer grado, con hasta cinco años de prisión y una multa de 5000 dólares. En caso de que sea menor, la condena incrementa con hasta 15 años de cárcel y una sanción de US$10.000. Todos estos delitos son acumulables. Es decir, cada inmigrante contará como uno por separado. La normativa aplica tanto si el traslado se hace por turismo o incluso por alguna reunión familiar.

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Al respecto, la demanda sostiene que la ley expone que la terminología “vagamente definida” pone en riesgo a miles de floridanos, tanto ciudadanos como no ciudadanos. Añade que las familias no pueden visitarse a través de las fronteras estatales y que los padres que viven cerca de los límites no pueden llevar a sus hijos a sus citas médicas o partidos de fútbol y que los compañeros de trabajo no pueden llevarse unos a otros a sus lugares de empleo, según señaló EFE.

Esta legislación “no es la solución a ningún problema”, sino un intento de usar como chivos expiatorios y aterrorizar a las familias y trabajadores vulnerables que ya están agobiados por la dificultad del proceso de inmigración federal”, denunció Amien Kacou, abogado de ACLU Florida.

¿Quién presentó la demanda contra la ley migratoria SB1718?

El caso se presentó contra el gobernador de Florida, Ron DeSantis; la fiscal general del estado, Ashley Moody; el fiscal estatal de Florida, Nicholas B. Cox y los fiscales generales de los 20 circuitos judiciales de Florida, a nombre de la Asociación de Trabajadores Agrícolas de ese estado y personas afectadas, que incluyen a ciudadanos estadounidenses y conductores que viajan allí. El documento lo conforman 35 páginas y contiene las insistencias de las organizaciones de derechos civiles.

Por el momento, la oficina del gobernador Ron DeSantis no emitió ningún posicionamiento.