La disputa por la actividad de Uber en la ciudad de Buenos Aires parece nunca detenerse. Esta semana, la Justicia porteña determinó que la plataforma viola numerosas regulaciones, aunque para la empresa la discusión de fondo ya había sido resuelta hace tres años con un fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que garantiza la legalidad de su participación en el transporte de pasajeros.

La reciente medida, que no impide el funcionamiento de la app ni el trabajo de sus conductores, fue dictada por el juez Víctor Trionfetti, a cargo del juzgado en lo contencioso administrativo, tributario y de relaciones de consumo N°15 de la Capital, quien estableció que Uber vulnera “numerosas regulaciones y que el actuar del gobierno ha sido correcto al realizar controles de tránsito impidiendo la actividad de la mencionada empresa”.

El fallo surge de una demanda iniciada por el Sindicato de Peones de Taxis de la Ciudad que también incluía una intimación al gobierno porteño para actuar al respecto, la cual fue desestimada por Trionfetti al considerar consideró que el Ejecutivo aplicó las medidas razonables a su alcance para que Uber dejara de funcionar.

En la sentencia, el juez aclara: “Sobre la base de las cuestiones merituadas, entiendo que no se demostró una omisión relevante que configure una nítida falta de servicio por parte del gobierno en cuanto al ejercicio del poder de policía y control en el cumplimiento de la normativa de tránsito y transporte, en particular, en lo que respecta al sistema Uber”.

“En ese sentido, el gobierno dio cuenta de los numerosos controles de tránsito vehicular que realizó, incluso muchos de ellos con resultados positivos respecto de la actividad. También destaco las actividades realizadas por el demandado tendiente a las clausuras de supuestos locales Uber. En cuanto a la actividad del sistema Uber en la ciudad, tal como expuse y argumenté, es ilegal”, agrega el magistrado.

La sentencia “tiene por alcance espacial el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por alcance subjetivo todos los sujetos de derecho incluidos en las clases y subclases que integran los frentes y el gobierno”, según se informó en el sitio ijudicial.

La empresa considera que este fallo no tiene alcance para limitar la actividad de la plataforma porque, como explicaron sus voceros, la causa histórica entre el gobierno porteño y Uber ya se resolvió en el TSJ en septiembre de 2020. En ese momento el TSJ consideró que Uber “no cometió ni comete ninguna contravención” y que su actividad “no se encuentra regulada en la ciudad de Buenos Aires y es legal”. Además, recordaron que el fallo “se basaba en el supuesto uso indebido del espacio público con fines lucrativos sin autorización, una contravención que no aplica en absoluto a la actividad de Uber”.

“Hace tres años, el TSJ, máxima autoridad judicial porteña, confirmó que Uber no cometió ninguna contravención con lo que se puso punto final a la discusión sobre Uber en la ciudad y se confirmó el levantamiento de todas las medidas cautelares asociadas a ese proceso”, explicaron desde Uber. Y continuaron: “En este nuevo fallo Uber no es parte del proceso y en nada modifica la operación de la empresa de tecnología en la ciudad. Uber no es parte de las actuaciones y ninguna de las disposiciones modifican lo establecido por el TSJ”.

De esta forma, Uber entiende que su actividad no se verá afectada por el fallo de Trionfetti. Lo mismo ocurre en el gobierno porteño, que considera –según pudo saber LA NACION– que la medida no impactará en el funcionamiento de la plataforma como sí ocurrió en otros casos, por ejemplo, cuando fue prohibido el pago mediante de tarjetas de crédito.

En cambio, los taxistas entienden que el fallo sienta jurisprudencia “y significa un importante golpe a las plataformas piratas”, que después de esto deberían modificar su status. “Tendrán que adecuarse como una aplicación de servicio sobre lo que está regulado por ley. El fallo también intima a que la Legislatura porteña y el Congreso nacional pongan a las plataformas en un marco de legalidad”, se pronunció Jorge García, el titular de la Federación Nacional de Peones de Taxis (Fepetax).

Por su parte, Miguel Soto, secretario adjunto del Sindicato de Peones de Taxis de la Ciudad, sostuvo: “Las plataformas buscan avanzar sobre todo el país. Estimamos que son miles de trabajadores precarizados. Ahora son los legisladores los responsables de ordenar la actividad para luego reglamentarse. Estamos hablando de cientos de millones de pesos en evasión previsional, impuestos a la AFIP que ya los multó varias veces y fuga de capitales”.

El enfrentamiento entre los taxistas y Uber comenzó desde el día que la plataforma desembarcó en Buenos Aires, en 2016, como suele suceder cada vez que una ciudad se suma al servicio. Sin embargo, la opción Uber Taxi suma usuarios y taxistas que la eligen como alternativa para aumentar su capacidad de transporte. Uber Taxi fue lanzada hace más de dos años en la Capital y luego llegó a Mendoza, Córdoba, Mar del Plata, La Plata, Tucumán, Corrientes, Posadas, Paraná, Rosario, Santa Fe, Reconquista, Resistencia, San Salvador de Jujuy, Salta, Bahía Blanca, Comodoro Rivadavia, Bariloche, San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Villa La Angostura, Neuquén, Ushuaia, Río Grande y Tolhuin.

La batalla por el traslado de pasajeros dejó heridos a los taxistas, que sintieron el impacto y la reducción de pasajeros, acentuada durante la pandemia. Ese escenario provocó, según el Sindicato de Peones de Taxis, que se pasara de 24.000 a 10.000 peones y de 39.000 a 20.000 licencias.