En una victoria para el gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, este miércoles un juez federal le ordenó a Texas mover una barrera flotante que la administración encabezada por el gobernador de ese estado, Greg Abbott, colocó en el río Bravo, entre EE.UU. y México. La medida tenía como objetivo impedir que los migrantes cruzaran ilegalmente la frontera sur hacia el territorio estadounidense.

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El juez de distrito David Alan Ezra ordenó a Texas acatar la medida antes del 15 de septiembre. De acuerdo con la agencia AP, si bien no llegó a exigirle al estado que desmantele la barrera de boyas, hizo énfasis en que representa una amenaza para la seguridad y las relaciones entre los países vecinos. La medida cautelar que instruyó significa, al menos por ahora, sacar la barrera del agua y ponerla en la orilla del río para la fecha establecida.

El muro acuático ha sido objeto de enfrentamientos que derivaron en una lucha entre el republicano Abbott y el gobierno federal de EE.UU. En julio, el Departamento de Justicia demandó a Texas por el uso de las boyas. En el documento, presentado ante la Corte de Distrito de EE.UU., en el Distrito Oeste de Texas, la agencia federal argumentó que el estado y el gobernador habían violado la Ley de Apropiación de Ríos y Puertos al construir una estructura en aguas de ese país sin permiso del cuerpo de ingenieros. Asimismo, solicitó una orden para prohibir que se construyeran muros adicionales en el río.

En su resolución, Ezra planteó dudas sobre la justificación de Abbott para instalar la barrera y aseguró que el estado no presentó pruebas convincentes de que esta redujera significativamente la inmigración ilegal. El designado por el expresidente Ronald Reagan escribió: “Bajo esta lógica, una vez que Texas decide, a su exclusivo criterio, que ha sido invadida, no está sujeta a ninguna supervisión de sus medios elegidos para librar una guerra. Tal afirmación es impresionante”, señaló.

Abbott había invocado poderes de “invasión” para implementar sus tácticas, entre las que se incluyen el uso de las boyas, así como la instalación de alambres de púa y vallas de acero en la frontera sur como parte de su Operación Estrella Solitaria. Al respecto, el juez escribió que el gobernador necesitaba autorización antes de proceder. “Abbott anunció que no estaba ‘pidiendo permiso’ para su operación. Por desgracia para Texas, un permiso es exactamente lo que exige la ley federal antes de instalar obstrucciones en las aguas navegables de la nación”.

Tras conocer el fallo, los funcionarios de Texas anunciaron que apelarán el caso. “La decisión judicial de hoy solo prolonga la obstinada negativa del presidente Biden a reconocer que Texas está dando un paso al frente para hacer el trabajo que él debería hacer”, señaló Abbott. Además, prometió estar preparado para tomar esta lucha en la Suprema Corte de EE.UU.

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A su vez, su oficina sumó: “Este fallo es incorrecto y será revocado en apelación. Continuaremos utilizando todas las estrategias para asegurar la frontera, incluido el despliegue de soldados de la Guardia Nacional de Texas y del Departamento de Seguridad Pública, así como la instalación de barreras estratégicas”.

En contraste, la fiscal general adjunta, Vanita Gupta, declaró en un comunicado: “Nos complace que el tribunal fallara que la barrera era ilegal y que perjudica irreparablemente las relaciones diplomáticas, la seguridad pública, la navegación y las operaciones de los funcionarios de las agencias federales en río Bravo y sus alrededores”. Además de esta, Texas enfrenta otra demanda sobre las boyas, que interpuso el propietario de una empresa de kayaks que opera en río Bravo.