Lejos quedó aquel espíritu de cuerpo con el que el presidente Alberto Fernández, los gobernadores y sus legisladores iniciaron su cruzada contra la Corte Suprema en la Cámara de Diputados, allá por enero de este año. Once meses después y derrota electoral mediante, el proceso de juicio político finalizó deshilachado y con un dictamen acusatorio que, para varios oficialistas, terminó convirtiéndose en una suerte de mancha venenosa.

El bloque que conduce Germán Martínez debió apelar a una martingala de último momento para evitar que asomaran las primeras fisuras en su bloque. Impuso seis enroques en la Comisión de Juicio Político cuando entrevieron que algunos de sus miembros originales, por distintas razones, no podían firmar la acusación contra los jueces. Los vientos políticos han cambiado: ahora la Corte Suprema se encuentra al amparo de un gobierno electo –el de Javier Milei– que ha fustigado toda embestida contra la división de poderes. No son tiempos de ir al choque, habrán barajado los gobernadores peronistas; no son pocos los que tienen asuntos pendientes en el alto tribunal, o bien no descartan acudir en su auxilio ante eventuales abusos del gobierno libertario. Seguramente esa fue la razón por la que Sergio Zilliotto, gobernador de La Pampa, solicitó la retirada de su representante de la Comisión de Juicio Político.

Quiénes son los 16 diputados que aprobaron el dictamen de mayoría contra los jueces de la Corte Suprema

Otras razones conspiraron también para el recambio de miembros. “Algunos de los que hoy son miembros de la comisión finalizan en diciembre sus mandatos. Se quedarán sin fueros. Hoy no tienen causas pendientes, pero no podemos confiarnos y podrían ser víctimas de una persecución judicial en un futuro por el solo hecho de haber firmado el dictamen acusatorio”, dramatizan en el oficialismo.

¿Será está la razón por la que dos diputados que responden a Sergio Massa –Micaela Morán y Ramiro Gutiérrez– decidieron abandonar la comisión y esquivar la firma del dictamen? Es cierto que el actual ministro de Economía y excandidato presidencial nunca se pronunció a favor del juicio político, pero tampoco lo impidió. Es más: sus dos delegados fueron de los más activos en la investigación. A último momento dieron un paso al costado. ¿Estarán velando por la seguridad judicial de su jefe político? Era una de las sospechas de algún diputado opositor mal pensado.

El kirchnerismo decidió morir con las botas puestas. No iba a permitir que su embestida naufragara y que la oposición y la Corte se vanagloriaran de ello. El dictamen no prosperará en el recinto, pero se consuela con que al menos cumplió con el objetivo de mínima, esto es, dejar expuestas a la luz pública ciertas desprolijidades y manejos poco éticos que el máximo tribunal intentó esconder bajo la alfombra.

El dictamen está firmado y su vigencia durará hasta diciembre del año próximo. Es la ofrenda del oficialismo al nuevo gobierno, que bien podría desactivar con su inmediato rechazo en el recinto o, por el contrario, puede mantenerlo in pectore. En momentos políticos de lealtades tan lábiles, quién sabe en qué circunstancias este dictamen podría ser resucitado.