BOGOTÁ.- Una semana después de que el presidente Gustavo Petro anunció en Ciénaga de Oro (Magdalena) su intención de promover una ley de reconciliación nacional en la que tendrían cabida los narcos, son muchas las zonas grises y las explicaciones pendientes de una iniciativa que ha generado entendible polémica. Sin que se conozcan –incluso en el mismo Gobierno– los pormenores de la idea presidencial, varios altos funcionarios, empezando por el ministro de Justicia, Néstor Osuna, y el comisionado de Paz, Danilo Rueda, han tenido que salir a explicar que no se trata de indultos ni amnistías para los capos y principales cabezas de un negocio criminal que tanto daño le ha hecho al país. Posibilidad que, valga recordarlo, no existe en la legislación colombiana para los narcos purasangre y que, en todo caso, ya empieza a provocar ruidos entre las autoridades de Estados Unidos, que advierten que no solo no compartirían una propuesta semejante sino que, en caso de que esta llegara a prosperar en Colombia, la justicia federal seguirá persiguiendo a los narcotraficantes e insistiendo en su captura y extradición.

Tras medio siglo de lucha contra los narcos, y con resultados que siguen siendo precarios en materia de combate contra los cultivos, la producción de cocaína y el consumo, es claro que se necesitan nuevas ideas para tratar de sacar a Colombia de la vorágine criminal de este flagelo.

Si algo ha aprendido el país es que ninguna iniciativa puede poner en posición de ventaja a los criminales. Partir del presupuesto de que como no se está ganando la guerra contra los narcos se puede pensar en opciones de apaciguamiento es la peor ruta que puede tomar una sociedad como la nuestra