Un grupo de personas que renunciaron a la ciudadanía estadounidense presentó una demanda colectiva contra el gobierno de Estados Unidos. Sus integrantes aseguran que los costos que deben pagar por el simple hecho de distanciarse de su país de nacimiento se han incrementado a niveles “astronómicos” y que resultan demasiado caros, por lo que buscan que se declaren inconstitucionales y con ello poder obtener un reembolso de los pagos de los últimos años, así como generar cambios de fondo en la política.

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La demanda fue presentada el miércoles por cuatro exciudadanos estadounidenses impulsados por la Accidental American Association (Asociación de Estadounidenses Accidentales), ante una corte federal en Washington DC, pero podría representar los intereses de entre cinco millones y nueve millones de personas que nacieron en EE.UU., pero que desde hace mucho tiempo viven en el extranjero, según datos de la organización American Citizens Abroad difundidos por The Guardian.

Desde 2010, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero, o FATCA, con el propósito de combatir la evasión de impuestos. Con esta medida se impuso una tarifa de US$450 para los estadounidenses que renunciaran a su ciudadanía y también se pidió que los bancos extranjeros informaran al Servicio Interno de Impuestos (IRS, por sus siglas en inglés) sobre las cuentas financieras de ciudadanos estadounidenses.

En 2014, dicha tasa aumentó a US$2350, lo que pronto sumó más inconformidades. Muchos estadounidenses se dieron cuenta de que podían deber impuestos por servicios que nunca habían recibido. Con esta base, la demanda argumenta que este cobro resulta “arbitrario, caprichoso e ilegal porque, entre otras cosas, se utilizó para financiar funciones gubernamentales completamente ajenas a los servicios de renuncia en violación de la ley federal”, de acuerdo con NBC News.

Recientemente, el Departamento de Estado de EE.UU. publicó un boletín donde explicó que tienen la intención de reducir la carga nuevamente a US$450, pero mientras eso se hace realidad, las exigencias de los estadounidenses en el extranjero se avivan y llegan a los tribunales.

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A diferencia de la mayoría de los países, Estados Unidos aplica un sistema de impuestos basado en la ciudadanía, sin importar dónde viva o trabaje cada persona. De tal manera que aquellos que residen en el extranjero, no se libran de las obligaciones fiscales.

“En lugar de resolver las causas de lo que lleva a las personas a renunciar a la nacionalidad estadounidense (ley FATCA y fiscalidad basada en la ciudadanía), el Departamento de Estado ha preferido poner barreras para limitar el aumento constante de solicitudes de renuncia”, declaró Fabien Lehagre, presidente de la Accidental Americans Association.

Rachel Heller, una de las demandantes que vive en Países Bajos, compartió su testimonio a NBC News: “Las sanciones, si lo hacías mal o dejabas algo fuera por error, eran tan altas que empecé a preocuparme mucho por intentar hacerlo yo misma”. Por eso, en 2015, decidió visitar la embajada estadounidense en Ámsterdam para renunciar a la ciudadanía: “Fue como un divorcio, pero con alguien a quien amas, pero que no es bueno para ti”, rememoró.

Esther Jenke, originaria de un pequeño pueblo de Iowa, se mudó con su esposo a Hamburgo, Alemania en 1994. Fue hasta 2017 que descubrió su largo historial de pendientes fiscales y un año más tarde decidió a renunciar a la ciudadanía: “Me sentí muy enojada porque mi propio país me estaba forzando a renunciar a mi ciudadanía solo para asegurarme una jubilación financieramente segura”.