Por la falta de dólares, el Gobierno está obligado a administrar los permisos de importación. En la práctica, eso significa que cada vez más sectores de la economía encuentran dificultades para acceder a los dólares oficiales. Hasta el año pasado, las mayores restricciones se centraban en la importación de productos finales e insumos físicos, pero en las últimas semanas se empezó a complicar también el acceso al pago de servicios contratados en el exterior, que es transversal a cualquier actividad económica.

En abril último, el Banco Central (BCRA) publicó la comunicación “A” 7746, en la que informó que algunos servicios recién podían acceder al mercado de cambios a partir de los 60 días posteriores a que tuvieran aprobado su permiso de importación –llamado Sistema de Importaciones de la República Argentina y Pagos de Servicios al Exterior (Sirase)–. Hasta antes de esa comunicación, esos servicios podían acceder directamente a los dólares oficiales apenas conseguían la aprobación.

Esa era una diferencia a favor que tenían los servicios. En cambio, las empresas que necesitan los permisos de importación de productos físicos –llamado Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA)–, no solo deben conseguir la aprobación por parte de la AFIP y de la Secretaría de Comercio, sino que el plazo de acceso al mercado de cambios difiere (desde los 30 días hasta los 360 inclusive, según el caso).

Los servicios alcanzados por el nuevo plazo adicional de 60 días son los de investigación y desarrollo; los servicios jurídicos, contables y gerenciales; los de publicidad, investigación de mercado y encuestas de opinión pública; los arquitectónicos, de ingeniería y otros servicios técnicos, y otros servicios empresariales.

Según pudo saber LA NACION, hay un detalle que demora la entrega de los dólares. En el sector privado todavía se debaten si es una falla del proceso o si el Gobierno lo hace para cuidar las divisas. Las empresas no están pudiendo pagar los servicios de importación porque las Sirase salen aprobadas sin un campo que diga “fecha de aprobación” y, en su lugar, en el documento se lee, “fecha de emisión”.

Para los bancos, esta diferencia genera una complicación, porque necesitan que haya una fecha concreta de aprobación para poder calcular el plazo de 60 días. Por ende, hasta que no se corrija el aplicativo de la AFIP o de la Secretaría de Comercio, o el BCRA aclare que es posible tomar la fecha de emisión, los bancos no pueden dar curso a los pagos, ya que hay riesgo de que se interprete que no se ha respetado la comunicación “A” 7746.

“Efectivamente, estos pagos se rechazan y no se cursan. Al no poner la fecha de aprobación, no podemos calcular el tiempo para el pago. Esto nos excede a nosotros. No sé si es a propósito o si es una falla de sus procesos”, dijeron en un banco ante la consulta de este medio.

En el Banco Central respondieron que la fecha de la Sirase “es una tema de Comercio”, mientras que en la AFIP dijeron que “alcanzaría con que los bancos consulten al BCRA sobre la fecha de aprobación”. Y agregaron: “Los bancos tienen que pagar. No hay motivos para que no lo hagan”.

“Dado el escenario actual, cualquier razón es buena para evitar o demorar pagos al exterior, pero llama la atención el alcance formal del problema y su origen, y que, a pesar del paso de las semanas, no se remedia rápido, considerando que la solución parece simple y debería poder implementarse casi inmediatamente. En la práctica, este problema formal está actuando como una nueva restricción no escrita para el pago de servicios al exterior”, dijo Jimena Vega Olmos, socia de Martínez de Hoz & Rueda y asesora de empresas en temas cambiarios.

“Este problema afecta significativamente a las empresas y si no se soluciona rápido, puede poner en riesgo proyectos relevantes, incluidos los del sector de la energía”, agregó, haciendo referencia a la restricción que incluye los servicios arquitectónicos, de ingeniería y otros servicios técnicos.

En esta categoría entran muchos servicios involucrados en grandes proyectos de infraestructura, en desarrollos hidrocarburíferos offshore y onshore, como por ejemplo, los servicios de sísmica y perforación, servicios de diseño, ingeniería, transporte y montaje de plataformas offshore, servicios de evaluación y certificación de reservas, y servicios de mantenimiento de equipos del exterior, entre muchos otros.

Las mayores restricciones para importar se suman a las dificultades que tienen las empresas y las provincias para cancelar deuda en moneda extranjera, o a la imposibilidad que tiene la mayoría de la sociedad para comprar dólares para su ahorro.

El año pasado, pese a que la Argentina tuvo un ingreso récord de dólares por exportaciones de más de US$88.000 millones, la deuda comercial por importaciones (lo que ingresó versus lo que se pagó) ascendió a US$30.942 millones, un aumento interanual de US$8604 millones (38,5%), ya que a fines de 2021 era US$22.338 millones, según datos de la consultora MAP.

Los mayores controles sobre las importaciones también afectó el stock de deuda de los servicios contratados en el extranjero (Sirase), que aumentó US$1800 millones en 2022 (21,3%), hasta los US$10.114 millones.