Según una fuente cercana a la policía, en Argentina se roban 3000 celulares por día. Muchos de ellos se revenden en Facebook Marketplace, en la Deep Web o en locales clandestinos. En un operativo de la Policía de la Ciudad, efectivos de aquella fuerza pusieron fin a las actividades de uno de estos negocios de venta de celulares robados que manejaba un hombre en el barrio porteño de Flores.

El local ofrecía tanto móviles robados como otros sin la correspondiente documentación de origen. Dos personas, un comerciante y un cliente, quedaron detenidos e imputados por infracción a la Ley de Comunicaciones Móviles, según informaron fuentes de la fuerza de seguridad porteña.

El comercio, ubicado en la avenida San Pedrito, a metros de Rivadavia, tenía aspecto de desarmadero, con un cúmulo desordenado de carcasas, chips y otras partes de dispositivos móviles. Los imputados son el responsable del lugar y un cliente que, justo cuando se realizaba el procedimiento, iba a retirar uno de los teléfonos que figuraban denunciados como robados ante el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).

La inspección estuvo a cargo de la División Contravenciones y Faltas contra el Orden Público de la Policía de la Ciudad, junto a funcionarios de la Agencia Gubernamental de Control (AGC). Durante el allanamiento se encontraron seis teléfonos denunciados ante el Enacom, tres iPhone 6, dos Samsung y un LG.

Pero eso no era todo: los oficiales labraron actas de secuestro por otros 70 celulares sin documentación, una notebook Toshiba, un disco rígido Samsung con programas de desbloqueo, un celular del responsable del comercio y 54.600 pesos.

Los programas de desbloqueo suelen ser ‘parches’ de software que se instalan y evitan que la red reconozca que el teléfono fue reportado como robado.

En el video que registró el operativo se muestra lo que aparece en la pantalla de uno de los celulares cuando efectivos de la fuerza lo revisan: “Tu equipo no se encuentra habilitado para su uso debido a que aparece denunciado por robo, hurto o extravío”, es el mensaje que figura en estos casos.

La jueza federal María Eugenia Capuchetti imputó a ambos aprehendidos por infracción a la ley 25.891, que prohíbe la reactivación de terminales de comunicaciones móviles que hubieran sido reportados como extraviados o denunciados por robo ante las empresas licenciatarias.

Finalmente, ante la evidencia recopilada, los funcionarios de la AGC clausuraron el local y ofrecieron asistencia a las víctimas cuyos celulares, eventualmente, se encontraran dentro del lote de equipos recuperados.