El paso del huracán Ian fue verdaderamente devastador para Florida. De categoría 5, este ciclón se produjo a fines de septiembre de 2022 y su tránsito por Cuba y Estados Unidos dejó una estela de daños económicos millonarios y la pérdida de cientos de vidas. Casi diez meses después, Ron DeSantis se defiende en la justicia al justificar que tuvo que atender de emergencia el evento meteorológico y por eso no entregó en su momento la documentación que respaldaba su plan de reubicación de migrantes.

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Concretamente, se trata del polémico traslado de personas desde Texas a Martha’s Vineyard. A diferencia de otros destinos, Martha’s Vineyard es una pequeña isla en Massachusetts, al sur de Boston, y es muy conocida como un retiro de verano para los estadounidenses adinerados, incluido el expresidente Barack Obama.

Pero en septiembre del año pasado, la isla se convirtió en noticia por la llegada intempestiva de inmigrantes, impulsada por el gobernador de Florida, que recientemente anunció su postulación como precandidato al Partido Republicano con miras a las elecciones presidenciales de 2024.

Este martes, Nathan Forrester, el procurador general adjunto de Florida que representa al gobernador, compareció ante un panel conformado por tres jueces en el Tribunal de Apelaciones del Primer Distrito, con el propósito de revocar la decisión de un tribunal de primera instancia que determinó que el estado había violado la ley de registros públicos y al mismo tiempo ordenó la entrega de documentos, registros telefónicos, correos electrónicos y contratos relacionados con el vuelo que generó un torbellino a nivel nacional.

La oficina del gobernador recibió “tres solicitudes de registros multifacéticos y considerables” dos días antes de que el huracán Ian tocara tierra, argumentó Forrester, según consignó Miami Herald. No obstante, el abogado argumentó que en ese momento ya el órgano tramitaba “al menos 150 solicitudes de registro y que ese número aumentaría a 260 en las próximas dos semanas”.

Pese a que DeSantis se mantiene firme en su tesis de que tuvo que abocarse por completo a la gestión del huracán en términos de ayuda humanitaria y financiera, y por eso no le dio prioridad al pedido de información, algunas organizaciones de derechos civiles sostuvieron que solo recibieron documentación parcial sobre los vuelos y que eso implicaba una violación a la ley de registros.

El caso del traslado de migrantes de Texas a Massachusetts se configura como uno de los más controversiales de la gestión de DeSantis, que decidió utilizar parte de los fondos de los contribuyentes de Florida para transportar a 49 inmigrantes de San Antonio a Martha’s Vineyard.

En mayo, el gobernador firmó la ley de inmigración, la cual establece severas penas para aquellos que le den trabajo a personas con estatus irregular en el país, así como también castiga a aquellos que trasladen indocumentados dentro de Florida.

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Sin embargo, en su afán por restringir la migración irregular en Florida, el texto también prevé un presupuesto de 12 millones de dólares para que el gobernador active iniciativas de reubicación de migrantes, como la del año pasado en Martha’s Vineyard.