La Unidad de Información Financiera (UIF) y la AFIP, dos organismos que dependen del Gobierno, se sumaron a lo pedido por el fiscal Guillermo Marijuan y solicitaron también el sobreseimiento de Cristina Kirchner en la causa de los millones de dólares lavados por Lázaro Báez.

El caso contra la vicepresidenta quedó así sin acusadores y su cierre es inminente. Cuando recibió el pedido de sobreseimiento del fiscal, el juez federal Sebastián Casanello lo envió a la UIF y la AFIP para ver si ellos sostenían la acusación, pero no lo hicieron.

La semana pasada, Marijuan, que había imputado a Cristina Kirchner en esta causa, entendió que no había pruebas de que ella estuviera relacionada con el lavado de dinero por el que Báez fue condenado a diez años de prisión. Dijo que a pesar de las relaciones entre ambos, los negocios en común y los contactos telefónicos detectados entre ellos y sus entornos, no hay evidencia de que la vicepresidenta fuera coautora o partícipe del delito de lavado.

Las relaciones comerciales entre Cristina Kirchner y Báez fueron investigadas en el caso Hotesur-Los Sauces, hoy cerrado y a la espera de que la Cámara de Casación defina si lo reabre. La vicepresidenta y el empresario fueron condenados, además, por estafa al Estado en la causa Vialidad.

La presentación de Marijuan de la semana pasada se basó en un fallo de Casación que sostuvo que los millones lavados por Báez provinieron de la evasión fiscal, y no de las obras públicas con sobreprecios que recibió del kirchnerismo. Según Marijuan, ese fallo -que él cuestionó con dureza- corta el lazo entre la causa Vialidad y el dinero de Báez, y eso afecta la acusación contra la vicepresidenta en la causa de la ruta del dinero.

La causa

El caso conocido como “la ruta del dinero k” fue la primera gran investigación de lavado de dinero de los tribunales de Comodoro Py. La instrucción la hizo el juez Casanello y el Tribunal Oral Federal 4 dictó, hace dos años, una sentencia emblemática, con multas y decomisos sin precedentes, que fue confirmada, en lo troncal, por la Casación.

La Sala IV de ese tribunal ayer la condena de prisión por lavado de dinero del empresario Lázaro Báez, pero redujo de doce a diez años la pena de prisión que se le había impuesto. Los jueces de la Cámara de Casación ratificaron que existió un lavado de US$55 millones, mantuvieron las condenas de 18 imputados y ordenaron decomisos por US$65 millones, aunque en una decisión dividida, los camaristas Mariano Borinsky y Ángela Ledesma disminuyeron las penas y, en cuanto al delito precedente del lavado, dieron por probado únicamente que el dinero de origen ilícito provenía de hechos de evasión fiscal atribuidos a Báez. Eso es lo que critica Marijuan y alega que debilitó su acusación.

Según el tribunal oral que en 2021 condenó al empresario, fueron dos los delitos de los que provenían los fondos ilícitos: la evasión y también los hechos de corrupción en la obra pública juzgados en la causa Vialidad, por los que en diciembre pasado fueron condenados Báez y Cristina Kirchner.

Ledesma sostuvo en su voto que el tribunal no fundó debidamente la relación entre el lavado y los hechos de la causa Vialidad y que, en cambio, sí desarrolló el “nexo causal” de este caso con la evasión fiscal. Borinsky no entró en el análisis de si puede considerarse o no que el dinero lavado fuera de la corrupción: sostuvo que era “inconducente” analizar eso porque con la evasión era suficiente; entre otros motivos, por el monto evadido era prácticamente el mismo que el lavado. En disidencia con ellos dos votó el otro juez del tribunal, Javier Carbajo, que dijo que el dinero que se blanqueó tenía como delitos precedentes tanto la evasión fiscal como los hechos de corrupción en la obra pública de la causa Vialidad.