Cinco personas fueron procesadas como integrantes de una organización criminal dedicada a falsificar pruebas en juicios por crímenes de lesa humanidad y expedientes de reclamos por leyes reparatorias en busca de un beneficio económico, informó esta semana la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Según se detalló en un comunicado oficial, la decisión la tomó el juzgado federal número 5 de la ciudad de Buenos Aires y recayó sobre Adrián Martínez Moreira, Omar Enrique Ramón García, Leticia Concepción Gaete, Nicole Carolina Garrido Piris y Susana Claudia Feldman.

De acuerdo con lo informado, Martínez Moreira fue procesado por “62 hechos como organizador de una asociación ilícita, falso testimonio, estafa y fraude a la administración pública” junto a las otras cuatro personas. El sitio La voz de Misiones confirmó que el hombre es oriundo de esa provincia, lleva años presentándose como hijo de una pareja de militantes paraguayos desaparecidos durante el régimen del general Alfredo Stroessner y acumula denuncias desde 2015.

“En su relato, el misionero aseguraba que sus padres desaparecidos habían sido miembros del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), de Enrique Gorriarán Merlo, y que inclusive habían participado del atentado contra el dictador nicaragüense Anastasio Somoza, en Asunción, en 1980″, consigna el citado medio en función de la información que el sospechoso difundía a través de sus redes sociales y cuya veracidad es investigada por la Justicia.

En la causa se evalúan distintos hechos realizados por la organización con el objetivo de obtener beneficios económicos. “A través de denuncias y pruebas falsas, se presentaron en causas judiciales por crímenes de lesa humanidad y expedientes vinculados al cobro de indemnizaciones contempladas en las leyes reparatorias por graves violaciones de derechos humanos”, detallaron desde la dependencia que dirige Horacio Pietragalla Corti.

En el marco del proceso, se indicó que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se presentó como querellante en agosto de 2021, luego de reunir información sobre estas maniobras fraudulentas en expedientes judiciales y administrativos que procuraron afectar el trabajo de la Dirección de Gestión de Políticas Reparatorias de la Secretaría y a las víctimas que legítimamente buscan una compensación ante el Estado.

“De esta manera, se busca impulsar activamente este proceso para obtener una resolución judicial que permita dar claridad y transparencia ante estos hechos, que han tenido impacto en las víctimas y en la normal administración de justicia”, remarcaron desde el organismo dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.