El bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica presentó un proyecto elaborado por Elisa Carrió que propone la eliminación inmediata de las retenciones al campo, salvo las que se aplican a la soja, que se bajarán al 31% para luego quedar en cero en cinco años de manera gradual.

La iniciativa lleva la firma de los legisladores Juan Manuel López, Maximiliano Ferraro, Victoria Borrego, Marcela Campagnoli, Mónica Frade, Rubén Manzi, Leonor Martínez Villada, Paula Oliveto, Mariana Stilman y Mariana Zuvic.

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En este marco, se contempla la creación del “Programa de Emisión de Bonos Compensatorios del Gobierno Nacional” cuyo objetivo es compensar a los productores.

El bono se emitirá anualmente dentro de los 30 días posteriores al cierre de cada uno de los ejercicios fiscales que tuvieren lugar desde el 1° de enero de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2028 y tendrá, entre otras características, un plazo de cinco años. “Durante ese período, que permitirá al próximo gobierno ordenar las cuentas públicas y poner fin al déficit fiscal, el proyecto contempla un mecanismo de compensación para los productores. Este mecanismo consiste en la emisión de certificados canjeables por bonos, cuyo valor nominal equivaldrá al monto de los derechos de exportación abonados”, dijo el partido de Carrió.

“La propuesta apunta a reconocer el aporte del campo a la normalización de la situación fiscal y financiera del país, brindándole a los productores agropecuarios, en relación a la soja (que sólo continuará pagando derechos de exportación de manera provisoria), la posibilidad de obtener ingresos inmediatos mediante la negociación en el mercado secundario de los bonos compensatorios. A su vez, los productores podrán destinar los bonos compensatorios obtenidos al pago de impuestos, aceptados a valor nominal, por un porcentaje de lo que inviertan en nuevos proyectos de inversión, o conservarlos para su cobro al vencimiento del plazo de cinco años desde su emisión”, agregaron.

“Los derechos de exportación o retenciones son prácticamente inexistentes en el mundo y no los tienen ningunos de nuestros vecinos en la región con los que competimos. Son menos de quince países los que lo aplican, y menos de cinco los que tienen alícuotas y niveles de recaudación iguales o superiores a los de Argentina”, indicaron.

Entre otros puntos, remarcaron: “La cuestión es que los derechos de exportación representan para la Argentina recursos anuales por el equivalente al 2% del PBI. Esto es, aproximadamente el 10% de los recursos recaudados por la AFIP. Dada la frágil situación macro-fiscal de nuestro país, lo perfecto es enemigo de lo posible. Si no fuera esta la situación de vulnerabilidad macroeconómica, estaríamos proponiendo su eliminación directa”.

“Sin embargo, una decisión de ese tipo implicaría, en el corto y mediano plazo, un incremento del desequilibrio fiscal en la misma magnitud, que pondría a la economía argentina más cerca de una nueva crisis que de un ciclo de recuperación y estabilidad”, añadieron.