Si se mira al mundo, son numerosos los países que tomaron cartas en el asunto cuando la crisis habitacional era latente. Pero para definir cuál sería la ley ideal, hay que entender qué criterios afectan los distintos aspectos de la ley. Lo que pondera a la hora de evaluar una norma como beneficiosa o perjudicial para las partes involucradas son cuestiones estructurales del país donde se sanciona.

El factor más tangible puede que sea la inflación, que se conjuga con los tiempos en los que se actualiza el contrato y, con este, el precio del alquiler. De acuerdo a Enrique Abatti (h), abogado especializado en negocios inmobiliarios, el plazo para actualizar los montos de alquiler va a ser una cuestión más o menos crítica dependiendo de la variación de precios que maneje el país. “En Estados Unidos, en general el plazo mínimo para que las partes se juntan y hablen de definir el precio es de un año. Si son dos o tres años, igualmente los ajustes son pocos ya que históricamente hubo un aumento del 2% o 3% anual”, detalla.

Casos similares al de Estados Unidos se pueden encontrar en España o Chile, donde la inflación no galopa al nivel local (que en febrero ya alcanzó las seis cifras y alcanzó el 102,5% interanual) y los contratos pueden darse el lujo de aplazarse por tres, cinco o hasta siete años.

Ciudades como Berlín también sufrieron la inflación y, con ella, el aumento de los alquileres. El gobierno respondió primero sancionando en 2015 una ley para frenar las subas e impuso precios máximos por zonas que podían superar hasta 10%, lo que apenas desaceleró el proceso, según los expertos.

Media década después, otra medida fue impulsada pero esta vez proponían poner un techo a los precios según el año de construcción del inmueble y las mejoras que haya tenido durante cinco años. Informes locales demostraron que, si bien los precios bajaron, la oferta se contrajo debido a que no era sostenible para los propietarios mantener sus unidades en el mercado restringido. Sin embargo, en abril de 2021 el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el tope en el precio de los alquileres en Berlín por invadir competencias estatales y la norma tuvo que deshacerse.

París también añadió a su legislación en julio de 2019 una norma que exige la limitación de precios para que no excedan el 20% del valor de referencia fijado cada año por decreto ni que sea inferior a 30%, teniendo en cuenta la ubicación, el número de amientes o el año de construcción.

Otro aspecto relevante al analizar una ley de alquileres es la agilidad de los procesos judiciales, en este caso, con la que se juzga a un inquilino incumplidor. Es decir, qué tan rápido se realiza un proceso de desalojo a causa de -por ejemplo- un incumplimiento en los pagos.

Barrio por barrio, el precio del metro cuadrado y la rentabilidad de un alquiler

“En Estados Unidos, el proceso de recupero de una propiedad ante el incumplimiento del locatario es más corto que acá. Allá, el locador tiene que intimar por tres días al inquilino para que pague. Si no, va a la Corte, expone su caso y se resuelve en dos o tres semanas o como mucho en tres meses. En ese tiempo ya hay una sentencia de desalojo y van con la policía o el alguacil del lugar y lo sacan. En cambio, acá hasta tener sentencia puede pasar un año y medio y además después tenés que concertar una cita con el oficial de justicia para cuando tenga tiempo, que con la pandemia también se dificultó”, explica el abogado experto.

Según Enrique Abatti (padre), “Donde hay más libertad en las contrataciones es en Estados Unidos, aunque no en todos los estados”. Ejemplifica que Nueva York y San Francisco tienen las regulaciones más complejas, y lo grafica al decir que “hacer un desalojo en Nueva York es bastante complicado”. El gran atractivo que tiene el país norteamericano se basa en la casi inexistencia de los plazos mínimos legales que debe durar un contrato y la agilidad de los procesos de desalojo. Otro caso de éxito en este tópico con similares características que Abatti resalta es el de Puerto Rico. Detalla que allí “tienen un nuevo código civil y el tema de la legislación de alquileres es muy libre: no hay plazos mínimos legales y hay algunas restricciones pero son mínimas”.

Sin embargo, Abatti (h) opina que el caso donde la mayoría de los países del mundo ponen sus ojos es Viena, la capital de Austria. “En esta ciudad hay incentivos para que el inquilino pueda acceder a una vivienda, como facilidades de crédito y garantías que puede otorgar el Estado, que es fuerte y tiene ese respaldo. Además, para los propietarios también hay exenciones impositivas y hay incentivos tanto en impuestos sobre alquileres como sobre los bienes personales cuando hay una inversión por parte del propietario”, puntualiza alguno de los motivos por los que la ciudad tiene una exitoso mercado de alquileres, que se refleja en que hay más de un 60% de inquilinos.

La tendencia de que las propiedades aumenten de valor como en la Argentina “requiere de políticas que incentiven la construcción y faciliten el acceso al crédito por parte de Estado hacia el inquilino para que en algún momento este pueda pasar a ser propietario”, agrega.

“Es una ciudad antigua como París o Berlín con una densidad demográfica grande, donde los alquileres no se dispararon por las nubes ni hubo retracciones en la oferta de propiedades porque se logró un equilibrio. Esto es un poco porque el Estado empezó a dar garantías y propiedades, tanto a propietarios como a inquilinos”, resume, y concluye: “Tiene que haber incentivos estatales y libertad de las partes para poder determinar el precio de los contratos que se van a firmar” para que haya un mercado inmobiliario estable.

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