Señales de alarma cuando la campaña agrícola cambia de ánimo
Cuando la demorada llegada del evento Niño sobre la región pampeana empieza a dar señales de optimismo para la campaña agrícola 2023/24, tras tres años de durísima sequía, desde el Congreso...
Cuando la demorada llegada del evento Niño sobre la región pampeana empieza a dar señales de optimismo para la campaña agrícola 2023/24, tras tres años de durísima sequía, desde el Congreso y desde los despachos del Ministerio de Economía aparecen luces de alarma.
El fenomenal uso de los recursos públicos que está haciendo el ministro Sergio Massa para apuntalar su campaña presidencial, con medidas que en teoría tienen como objetivo corregir problemas creados por el propio plan económico, tendrá un impacto sobre los números del 2024. Según advierten diferentes cálculos de los economistas, las medidas tienen un costo fiscal que representa más de 1,2% del PBI.
Frente a ese escenario, la pregunta que comenzó a hacerse la dirigencia rural es si será nuevamente el campo el sector elegido para pagar la fiesta. Algunos indicios de que la pregunta es válida se encuentran en una separata incluida en la presentación de la ley de Presupuesto para el año próximo.
Fue la Fundación Barbechando, especializada en analizar el comportamiento del Congreso en relación con el agro, la que advirtió sobre dos aspectos críticos de varias iniciativas que se pueden incluir tanto en el Presupuesto como en proyectos de ley futuros. Para la entidad, hay en marcha un “impuestazo para la producción agropecuaria” que tiene como objetivo “quitar beneficios impositivos que no lo son en realidad”.
En un informe, Barbechando apuntó a dos aspectos: “la exención de inmuebles rurales, ubicados tanto en el país como en el exterior, en el impuesto sobre los Bienes Personales” y a usar en vez de la valuación histórica de la ganadería un “método alternativo de valor de reposición o valor de mercado”.
Sobre el primer punto, el ministro Massa hizo una referencia durante una entrevista con el canal TN, en la que expresó la necesidad de cambiar la estructura tributaria y puso como ejemplo a quienes tienen campos en el exterior que no tributan Bienes Personales. Las fuentes oficiales dijeron que esa propuesta es solo para el exterior. Sin embargo, en el tratamiento de la separata en la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados se menciona la quita de exención de Bienes Personales sobre los inmuebles rurales en el país.
“Terminada la elección tenemos que sentarnos con el Congreso y definir una matriz tributaria más justa y progresiva”, dijo el ministro. Si fuera así, deberían eliminarse los Derechos de Exportación (DEX) y no usarlos con el argumento del “agregado de valor”.
En el caso de los inmuebles rurales, Barbechando calculó que de ponerse en práctica implicaría “un impuesto adicional a la producción, equivalente a cuatro veces el impuesto inmobiliario rural anual”.
Para la ganadería, destacó la entidad, “se pretende cambiar la forma de valuación actual de los vientres de cría (costo fijo) por un método de valuación a valor de mercado o reposición”. La medida tendría un impacto en el incremento del pago del impuesto a las ganancias “por la simple tenencia de una vaca”, recordó Barbechando y advirtió: “El impuesto a las ganancias debe pagarse por la venta y no por la simple tenencia. Eso es la igualdad fiscal para todos los contribuyentes”.
Santiago Sáenz Valiente, especialista en temas tributarios del agro, recordó que el método actual para valuar la hacienda de cría se eligió hace más de 30 años con el propósito de estimular la producción ganadera. Advirtió que de concretarse la propuesta legislativa habrá una fuerte caída de la producción.
El temor a que la presión impositiva sobre el campo aumente en 2024 en vez de disminuir para que el sector genere más inversión, empleo y divisas a una economía en crisis se da en el contexto de problemas que solo ocurren en países con dificultades mayores, como las guerras. La escasez de gasoil y nafta que hace semanas se empezó a sentir en el interior y que llegó a Buenos Aires la semana pasada es el fiel reflejo de una política económica que complica la vida común a los ciudadanos. También lo es el freno a la importación de fertilizantes y fitosanitarios que afectan el desarrollo de la campaña agrícola 2023/24. No hay certeza sobre cuándo y cuánto podrá disponerse de los insumos para proteger o nutrir a los cultivos. Así, el poder político pretende mandar sobre los procesos biológicos indispensables para que la cadena de la producción no se corte. Si lo logra, otra rareza argentina se habrá puesto en práctica.
