No habrá tiempo para la luna de miel para el flamante secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, y para el futuro presidente y CEO de YPF, Horacio Marín. Apenas asuman, el próximo 10 de diciembre, deberán resolver algunas cuestiones contrarreloj, ya que hay plazos de vencimientos que les marcarán la agenda.

Rodríguez Chirillo fue confirmado hoy en las redes sociales de la Oficina del Presidente Electo a través de un comunicado de prensa. El consultor ya estuvo en la función pública durante la década del 90, bajo las órdenes del entonces secretario de Energía Carlos Bastos.

Con ideas que trae de Europa, donde vivió los últimos 20 años, Rodríguez Chirillo tendrá como prioridad aplicar los aumentos tarifarios para reducir uno de los mayores gastos que tiene el Estado a través de los subsidios económicos.

El exasesor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estudió abogacía en la Universidad Católica Argentina (UCA) y realizó el doctorado en derecho en la Universidad de Navarra, España. El flamante secretario no tendrá tiempo para acomodarse en las oficinas del Palacio de Hacienda: en el sector hay ansiedad por al menos dos cuestiones que deberían haberse resuelto durante la actual administración.

Marín, por su parte, deberá enfrentar el atraso en el precio de los combustibles, que impactó de lleno en los ingresos de la compañía, y la apelación del juicio por la expropiación de YPF.

Falta de gas en el norte argentino

Las obras de la reversión del gasoducto del Norte son la principal prioridad dentro del sector energético. Es un tema de importancia, ya que a partir del invierno próximo, Bolivia no tendrá la obligación de exportar gas a la Argentina (finalizan los contratos ininterrumpibles).

Además, la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) se comprometió con Brasil a aumentarle los envíos. Es un país que paga a término, a diferencia de las demoras argentinas por la falta de dólares.

Bolivia comenzó hace años un proceso de fuerte declinación de su producción de gas. En el mismo período, la Argentina realizó el proceso inverso gracias al desarrollo de Vaca Muerta. Sin embargo, para que la mayor oferta argentina pueda llegar al norte, es necesario cambiarle el sentido del flujo de gas al gasoducto del Norte.

La actual gestión consiguió un crédito del Banco de Desarrollo para América Latina y el Caribe (CAF) por US$540 millones para financiar parte del proyecto. Además, licitó y pagó la compra de los caños a Ternium, del grupo Techint.

El costo total del proyecto está estimado en US$710 millones. Los US$170 millones restantes iban a surgir de la compañía Cammesa, a cargo de los despachos de energía eléctrica. Si bien se trata de una empresa mixta, es controlada por el Estado y necesita de fondos públicos para cubrir su creciente déficit por el subsidio a las tarifas de luz.

El presidente electo, Javier Milei, repitió en varias ocasiones que no se financiarán más las obras públicas con fondos del Estado, por lo tanto, el futuro de la obra es una incógnita.

La empresa estatal Enarsa, a cargo del proyecto, frenó el proceso de licitación para la construcción del proyecto, que ya se había iniciado con la apertura de las ofertas económicas. El plazo de obra es de alrededor de seis meses y la demora complicará la finalización del proyecto antes del 31 de mayo, que es la fecha a partir de la cual Bolivia ya no tendrá obligación de venderle gas a la Argentina.

Concesión de las centrales hidroeléctricas

El nuevo secretario de Energía deberá decidir también acerca del futuro de las concesiones de las centrales hidroeléctricas que están en la región del Comahue, entre Río Negro y Neuquén. Los contratos con duración de 30 años vencieron en agosto pasado, pero el actual gobierno los extendió en dos ocasiones y la nueva fecha límite es el 18 de enero.

Esta situación incluye a las centrales AES Alicurá, Enel Generación El Chocón y Orazul Energy Cerros Colorados. En tanto, la represa Piedra del Águila, que está bajo el control de Central Puerto, tiene fecha de finalización de la concesión el 7 de junio. El Estado todavía tiene la posibilidad de extender la concesión por seis meses más, hasta tomar una decisión definitiva.

La idea del actual gobierno era crear una nueva empresa estatal que se quedara con el control de las represas y que licitara solo la operación y el mantenimiento, pero sin traspasar el activo físico a las empresas privadas, como ocurre actualmente. Eso les permite a las compañías a cargo de las concesiones tener en sus balances la propiedad de las represas. Sin embargo, debido a la falta de consenso dentro del gobierno y con los gobernadores de las provincias donde están las represas, la Secretaría de Energía fue extendiendo el plazo de concesión.

Precio de los combustibles

Los precios de la nafta y el gasoil aumentaron en el año alrededor de 96%, mientras que la inflación estimada en el mismo período estuvo más cerca de 145%. Los ingresos por venta de combustibles son el corazón de YPF, y marcan el pulso de la capacidad de inversión que tendrá la petrolera.

El principal desafío de Marín, un técnico que hizo su carrera en el sector upstream (producción de petróleo y gas) en Techint, será establecer un sendero de precios que permita a la empresa recuperar la rentabilidad que perdió en el último trimestre.

Los precios actuales de YPF para la Ciudad de Buenos Aires (CABA) son: nafta súper, $311 (US$0,86 al tipo de cambio oficial mayorista); nafta premium, $395 (US$1,1); gasoil súper, $328 (US$0,90), y gasoil premium, $444 (US$1,23).

La situación se podría complicar si el futuro gobierno aplica una brusca devaluación del tipo de cambio oficial (actualmente en $360) para acumular reservas, como proyectan los mercados financieros.

Juicio por la expropiación de YPF

El juicio por la expropiación del 51% de las acciones argentinas no es un tema que tendrá que afrontar puntualmente la Secretaría de Energía, sino que la estrategia seguirá en manos de la Procuración del Tesoro, como suele ocurrir. Sin embargo, el caso involucra directamente a YPF, quien pese a haber sido eximida de culpa por la jueza Loretta Preska, los fondos apelaron el fallo y la petrolera podría verse involucrada.

Al momento, hay un fallo de la Corte del Distrito Sur de Nueva York que establece que el Estado argentino debe indemnizar a los demandantes -los fondos Burford Capital e Eton Park- por un total de US$16.100 millones.

El Estado notificó que apelará el fallo y, a mediados de enero, deberá presentar el escrito con los argumentos correspondientes para que la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito decida si acepta la apelación. Los abogados que representan a la Argentina también pidieron eximirse de depositar un bono por el total de la indemnización como garantía, al alegar que el país no tiene financiamiento. Esa garantía es necesaria para evitar embargos de los demandantes.

La jueza Preska aceptó el pedido, pero condicionó la suspensión de los embargos a que la Argentina deposite a más tardar del 5 de diciembre dos activos: el 26% de las acciones de YPF que están en manos del Estado (un 25% son propiedad de las provincias y el 49% restante de inversores privados), y una supuesta deuda que Paraguay mantiene por US$2000 millones al valor actual con la Argentina por la construcción de la represa Yacyretá.

Ayer, los abogados defensores le solicitaron a la jueza Preska que extienda el plazo de depósito de la garantía para el próximo 10 de enero, para darle tiempo a la nueva gestión de diseñar su estrategia: si sigue adelante con la apelación o negocia con los demandantes.