El desequilibrio fiscal contrasta con la situación financiera de las provincias. Esto es porque las provincias usaron la inflación para licuar gastos. Si baja la inflación, las provincias vuelven a ser deficitarias. No quedan dudas de cuán imprescindible es un ordenamiento integral de los tres niveles del Estado. El aumento del dólar y la inflación son fenómenos esperables. Atribuirlos a disputas internas es negar la realidad. El déficit fiscal en el primer trimestre pasó de $200.000 millones el año pasado a $700.000 millones en 2023. Ante un panorama fiscal de estas magnitudes, la profundización de la crisis es inevitable.

Este contexto implica que la prioridad máxima es bajar la inflación. Lo más importante es equilibrar las finanzas públicas. Esto está centrado a nivel nacional, ya que las provincias muestran superávit financiero. En efecto, el hecho de que las provincias vengan acumulando ahorros (en su mayor parte para financiar al Tesoro nacional) lleva a concentrar la atención en el nivel nacional.

La pregunta que hay que hacerse es si las finanzas públicas provinciales son solventes. Tomando datos del Ministerio de Economía sobre cuentas públicas provinciales, entre 2017 y 2022, se observa que el resultado financiero del agregado de todas las provincias en 2017 fue de un déficit equivalente al 5% del total de sus ingresos. En 2022 muestran un superávit equivalente al 1% de sus ingresos. Si desde 2017 los salarios de los empleados provinciales se hubiesen ajustado como la inflación, el resultado habría sido un déficit de 5% de sus ingresos. En pocas palabras, la licuación del gasto público debido a la inflación es el factor más decisivo para explicar la mejora en las finanzas públicas provinciales. Ante la aceleración inflacionaria, la actualización de los ingresos provinciales fue mucho más acelerada que la de las erogaciones. Es decisivo el hecho de que los salarios de los empleados públicos provinciales crecieron por debajo de la inflación. De existir un escenario de estabilidad, los salarios y gastos van a recuperar lo perdido durante el período inflacionario y las provincias entrarán en déficit.

Las finanzas públicas provinciales ocultan problemas de insolvencia desde hace años detrás de la inflación. La licuación de los salarios en las provincias probablemente haya agudizado los déficits de gestión, porque las menores remuneraciones son usadas para legitimar el ausentismo, la conflictividad y la baja productividad. También por tal motivo es que un plan de ajuste fiscal sobre las cuentas públicas nacionales está condenado al fracaso. De bajar la inflación, inmediatamente demuele el sostén de las cuentas públicas provinciales.

La manera de terminar con los crónicos déficits financieros y de gestión es con un ordenamiento integral, y en materia tributaria es fundamental unificar impuestos que los tres niveles de gobierno vienen cobrando de manera solapada (IVA, Ingresos Brutos, tasas municipales, en el caso de las ventas; Bienes Personales, Inmuebles y Automotor, en el caso del patrimonio). A la par, avanzar con la eliminación de la coparticipación y distribuir las fuentes tributarias (la Nación se financia con impuestos al comercio exterior y a los ingresos; las provincias, con el impuesto a las ventas y al patrimonio que se genere en sus territorios). Y con la eliminación de los programas nacionales que se inmiscuyen en funciones provinciales y la conversión de los ministerios nacionales de Salud, Educación, Desarrollo Social, Ambiente y Vivienda en agencias nacionales, que midan resultados. Recordemos que uno de los factores que contribuyeron a la caída de la convertibilidad fue el desorden fiscal de las provincias. Este llevó a excesos de endeudamiento con el sistema bancario y a una muy desordenada emisión de cuasi monedas. La experiencia nos demuestra que solo con ajustes no alcanza para salir de la decadencia.

Profesor de la Universidad del CEMA