El peritaje del teléfono de Julio Chocolate Rigau, que estaba previsto que empezara a las 8:30 de hoy, fue suspendido por orden del juez de Garantías Guillermo Atencio, que tiene a su cargo el caso por la presunta estafa en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires con tarjetas de débito de supuestos empleados de la Legislatura que se sospecha que no eran tales.

Atencio decidió “suspender la realización de la pericia de análisis técnico dispuesta sobre el teléfono del imputado secuestrado en autos hasta la resolución definitiva del recurso concedido”.

El juez frenó el peritaje después de que la defensa de Rigau apeló el fallo del propio Atencio que había ordenado que la medida se realizara. Ahora decidirá la Cámara Federal.

El fundamento del juez en su fallo de hoy fue que la apelación tiene “efectos suspensivos” (suspende la aplicación de la decisión apelada). Es por ese mismo fundamento que la causa sigue abierta pese a que la Cámara de Apelaciones la declaró íntegramente nula. Como la fiscalía apeló, la nulidad no se aplica hasta que no haya una resolución definitiv

La fiscal del caso, Betina Lacki, tenía todo listo para empezar a revisar el teléfono. En paralelo, avanza con otras medidas de prueba en la causa, incluidas unas 20 declaraciones testimoniales.

Cuando resolvió abrir el celular de Rigau, la fiscal ordenó: “Dispóngase la realización de pericia de análisis técnico sobre el teléfono celular marca Samsung modelo SM-G532M de color gris, con funda de color negra con IMEI nro 353108085207318/01 con SN R28K4338TJP con chip de la empresa personal con numero 8954341041 9090742478 para el día 11 de octubre de 2023, a las 08.30 horas”, dispuso.

Para realizar el estudio se había designado al perito Alejandro Leyes, “a fin de efectuar un análisis técnico completo y detallado del contenido del aparato, informando resultado de la agenda telefónica, videos, imágenes y comunicaciones entrantes y salientes así como cualquier otro dato de interés para la presente”.

Mientras tanto, el teléfono está en poder del Ministerio Público, a resguardo y protegido para que no pueda ser invadido desde el exterior ni se le pueda borrar información, detallaron fuentes del caso. Todo indica que así seguirá hasta que se decida finalmente si se abre.