El viernes pasado por la mañana, el titular de la AFIP, Carlos Castagneto, dio una charla sobre la importancia de la “progresividad” en el sistema tributario argentino. El ex arquero cuestionó las narrativas que afirman que “los impuestos son uno de los males que hay que eliminar”. Luego afirmó que sólo los gobiernos de “raigambre nacional y popular” usan la política tributaria como una herramienta de la justicia social, un concepto bajo ataque de los libertarios de Javier Milei.

Sólo unas horas antes, el ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, había prometido –como alguna vez lo hizo Mauricio Macri en campaña electoral– terminar con el impuesto a las ganancias para “todos los trabajadores”. Ganancias, explicaron luego en la AFIP, es el ícono de la progresividad; es todo lo contrario a lo que significa el “impuesto inflacionario”. Tras la disertación, a Castagneto le preguntaron sobre esa contradicción. No hubo una respuesta clara de parte del hombre cercano a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Massa festejó la suba del piso mínimo de Ganancias a $1,770.000; lo acompañaron los camioneros de Pablo Moyano, entre otros gremios. Ese piso equivale a 22 canastas básicas para un adulto, la línea que delimita la pobreza, que afecta a 4 de cada 10 argentinos. La de hoy es una medida orientada a poco más de 700.000 personas (no incluye a los autónomos) y no a 18 millones de pobres, cuyos bolsillos son saqueados por el 21% de IVA que el Estado recauda por la marejada alta de precios. Esta semana se conocerá el IPC de agosto, el posterior a la devaluación. Se espera que sea de alrededor de 12%.

En palabras de Castagneto, tendría poco de “raigambre nacional y popular” y más de operativo seducción de la casta gremial, a cuyos trabajadores –no informales o cuentapropistas– se le escapan los aumentos en las paritarias gracias a un impuesto distorsionado y una inflación descontrolada. Vale recordar los artilugios que debió usar YPF la semana pasada para que 14.000 trabajadores no tuvieran que dejar sus aumentos de sueldo en las arcas del Estado.

Ahora sólo quedarían ahora 90.000 personas arriba del nuevo piso de casi US$2500 al blue, o sea, ellos son los ricos de esta Argentina.

Tales incoherencias dentro de la propia coalición de Gobierno abren preguntas que se extienden hacia las orillas de otros jugadores del sistema, o como lo denomina Milei, “la casta”. Hay un consenso positivo alcanzado en el país: hay que terminar con el déficit fiscal. Pero es un consenso todavía vacío. Nadie aclara cómo. Contarlo, todos creen, agregará dolor a las consignas proselitistas. Ir al equilibrio –podría tranquilamente decir Milei– es tocar lo sagrado: la caja de esa casta.

Massa avanza con su habitual osadía. Se enarbolará esa semana en la bandera del superávit fiscal, pese a que acaba de resignar ingresos. El viernes, el ministro debería girar su proyecto de presupuesto 2024 al Congreso. Espera ir a un superávit de 1%, pero con trampa. Sólo se llegará a ese destino si el costo político del ajuste lo paga el sistema con un acuerdo, algo imposible entre facciones enfrentadas de la clase política. Caso contrario, el rojo llegaría a 1,9% del PBI este año y 0,9% en 2024, según el FMI.

¿Cómo sería ese ajuste socializado? Como intentó Massa, sin suerte, el año pasado. Con una “separata” de gastos tributarios que los legisladores son libres de eliminar para bajar el déficit. Allí se incluyen no solo los principales gastos tributarios vigentes, sino también un conjunto de beneficios impositivos con impacto presupuestario.

Por ejemplo, las exenciones en el impuesto a las ganancias al Poder Judicial o asociaciones civiles costarán en 2024 más de $950.000 millones; las alícuotas de IVA reducidas, $2,1 billones; los regímenes de promoción económica como los de Tierra del Fuego, $1,1 billón; los regímenes especiales para pymes, $524.000 millones, entre otros. Según los cálculos del equipo de Massa, todos estos representarán 4,68 puntos del PBI, lo que se traduce en $16,4 billones (el doble de lo que representaron durante este año). Un paréntesis sobre los supuestos incluidos en el proyecto: si el Gobierno confía en el acuerdo con el FMI y el reporte del staff, podría hablarse de una inflación promedio este año de 115,2% (ya no de 60%) y una caída del PBI de 2,5%. Para 2024, un rebote de 2% y precios al 80,3%.

Los demás contendientes a la presidencia también hablan de “déficit cero inmediato” o de “pasar la motosierra”, pero los detalles desde los equipos técnicos escasean. “Responsabilidad fiscal, con déficit cero inmediato”, dice el escueto programa de Patricia Bullrich. No hay números. Lo mismo pasa con Milei, cuya plataforma propone una reforma previsional y privatizar las empresas públicas para reducir el gasto. En su plan de Gobierno se explica que se quiere bajar el gasto 15 puntos del PBI, pero no se afirma cómo. Magia.

Según el Iaraf, en 2024 se requerirá un esfuerzo fiscal mínimo del 3,7% del PBI para alcanzar el equilibrio fiscal. Massa, ayudado por la alta inflación, está haciendo el ajuste. El gasto representaría 19,8% del PBI en 2023 (en 2022 era 20,3%). Se apunta a achicar los subsidios, a licuar salarios de empleados públicos y jubilaciones en el segundo semestre, y a bajar las transferencias a empresas públicas y las provincias.

Por el lado de los ingresos, Massa extendió el Impuesto PAIS a casi todas las importaciones (fue lo que más subió en la recaudación de agosto) y se obligó a las empresas a pagar anticipos por esas compras (además de cobrar las percepciones incluidas en los tipos de cambio diferenciales); se suma que a las empresas se les negó usar los certificados de exclusión de Ganancias e IVA. Es un paquete que emula el impuesto a la riqueza y el “gravamen de aumento de la renta por la guerra” (anticipos compulsivos de ganancias en 2022).

Massa pidió que con los pesos extra no se compren dólares o bienes dolarizados. Es un camino pedregoso. El sector privado –que en agosto tuvo bloqueado el CEF– comenzó a notar un nuevo “error” en la página de AFIP. Se lo conoce como “F24″ y bloque el sistema. Hubo compromiso de solucionarlo el fin de semana.

A eso se sumó una aclaración del BCRA para los CEO y accionistas de empresas. Si sus firmas acceden al dólar oficial, esos directivos no pueden comprar MEP. La aclaración del Banco Central de la semana pasada buscó contener versiones. ¿Existía el temor de que se usaran pesos extras en operaciones por cuenta y orden de terceros para comprar dólares para esos directivos? Ahora quedó claro que está prohibido.