El escándalo de las tarjetas ha puesto al descubierto una matriz de corrupción en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires frente a la cual se debería dilucidar rápidamente quiénes están detrás de este procedimiento tendiente a la defraudación contra el Estado y la malversación de fondos públicos. Lamentablemente, una irresponsable decisión de dos jueces de la Cámara de Apelaciones de La Plata que liberó al principal involucrado amenaza con paralizar la causa en beneficio de la impunidad de los inspiradores de esta monumental estafa.

Como se recordará, el sábado 9 de septiembre, el puntero peronista Julio Rigau, apodado Chocolate, fue detenido por efectivos policiales en una sucursal del Banco Provincia del centro platense. Tenía en su poder 48 tarjetas de débito a nombre de supuestos empleados de la Legislatura bonaerense, junto a las claves para extraer dinero de cajeros automáticos a través de cada una de ellas, y una suma de 1.257.000 pesos que había podido retirar hasta el momento de su detención. Rigau es un electricista, empleado de la Cámara de Diputados provincial, que militó en distintas fracciones del peronismo, aunque últimamente lo hacía para el concejal platense Facundo Albini, ligado al ministro de Justicia bonaerense, Julio Alak, y al Frente Renovador, que lidera Sergio Massa. Su padre, Claudio Albini, fue durante muchos años director de personal de la Legislatura y también tiene vínculos con el actual candidato presidencial de Unión por la Patria.

El 21 de septiembre, la Sala III de la Cámara de Apelaciones de La Plata, con el voto favorable de los jueces Juan Benavides y Alejandro Villordo y la disidencia de su par Fernando Mateos, declaró nulo el procedimiento policial que derivó en la detención de Chocolate Rigau y en el secuestro de las tarjetas de débito y el dinero extraído de los cajeros. Sostuvo asimismo que, por ende, debía caer toda la causa judicial iniciada. No obstante, el fiscal general de La Plata, Héctor Vogliolo, manifestó su intención de apelar la nulidad declarada en el caso, al tiempo que la fiscal Belina Lacki dispuso retener el dinero y las tarjetas de débito halladas en poder de Rigau, y ordenó no devolver el teléfono celular de este último, con el fin de sumar nuevas pruebas sobre este gravísimo hecho.

Tanto la actuación de los camaristas Benavides y Villordo como el llamativo silencio de los distintos bloques legislativos sobre este escándalo siembran dudas acerca de si el episodio que tuvo como protagonista a Rigau no es apenas la punta del iceberg de una matriz de corrupción basada en nombramientos irregulares de empleados en la Legislatura dirigidos al financiamiento espurio de la actividad política o, directamente, al enriquecimiento ilícito de dirigentes o legisladores.

Se sospecha fundadamente que quienes están detrás de esta maniobra de corrupción se movieron velozmente para sacar a Rigau de la prisión y evitar que se quebrara y los involucrara, además de voltear la causa, dado que con solo una pocas averiguaciones más se tendrían más detalles de este esquema de malversación de fondos públicos que podría comprometer a vastos sectores de la política bonaerense.

Los jueces Benavides y Villordo son reconocidos por sus compromisos políticos. El primero fue designado en 2021 por impulso del gobernador Axel Kicillof; al segundo, quien llegó a su actual cargo en 2009, se lo ha vinculado con el dirigente massista Raúl Pérez.

Tres dirigentes de Juntos por el Cambio –Ricardo López Murphy, Javier Iguacel y María Eugenia Talerico– hicieron una presentación ante la Procuración General de la Corte provincial para que se inicien los procesos tendientes a investigar la actuación de los magistrados, teniéndose en cuenta que podrían haber incurrido en un caso de prevaricato o de abuso de poder.

Hasta la semana última, habían declarado alrededor de 15 de los titulares de las tarjetas de débito halladas en poder de Rigau y, según fuentes judiciales, estaríamos al menos ante no pocos casos de “ñoquis” con contratos de la Legislatura, con sueldos superiores a los 500.000 pesos, en tanto que se habría detectado que algunos de los supuestos empleados estarían muertos.

En momentos en que la ciudadanía reclama cambios profundos que permitan garantizar la transparencia en la función pública y la eliminación de los gastos improductivos por parte del Estado, la decisión judicial que pone en peligro las contundentes pruebas registradas en este caso emblemático de corrupción pública constituye un auténtico despropósito y un nuevo golpe a la credibilidad de la población en la Justicia.