A pedido del kirchnerismo, el juez contencioso administrativo federal Martín Cormick declaró nulos cuatro artículos de un decreto de Mauricio Macri que habilitaban el acceso al blanqueo de capitales durante el “sinceramiento fiscal” a familiares de funcionarios públicos.

La demanda es de 2016 y ahora el juez resolvió. El caso venía tramitando cansino con diversas cuestiones procesales y se reactivó en agosto, cuando la AFIP intervino y respaldó el reclamo de los legisladores que iniciaron la demanda.

La AFIP dijo en ese momento lo que pretenderá realizar si el fallo queda firme: esto es cobrar los impuestos a los que blanquearon por la “caída” de los beneficios dispuestos en el régimen, ya que “nunca se encontraron legalmente habilitadas para acceder a sus beneficios”. Y asimismo buscará aplicar las disposiciones tributarias vigentes respecto de cada transferencias de bienes que se hubiera producido, “es decir el pago de los impuestos previstos legalmente para cada transacción lo que deberá analizarse en cada concreto”.

Y le dijo a la AFIP que si el fallo queda firme se deberá aplicar el régimen tributario general respecto de los que se presentaron al blanqueo y estaban encuadrados en ese decreto, “encontrándose en un pie de igualdad con los contribuyentes que oportunamente cumplieron sus obligaciones, y sin “gozar” de los beneficios del régimen excepcional, que legalmente no les correspondía”.

El juez Comik con el impulso de la AFIP hizo lugar a la demanda que había planteado la organización Abogados por la Justicia Social La Plata, Berisso y Ensenada, la Asociación Civil La Plata, Berisso y Ensenada Asociación Civil y los legisladores del kirchnerismo Rodolfo Tailhade, Juliana Di Tullio y Diana Conti, que en 2016 era diputada nacional.

En la sentencia, el magistrado de primera instancia sostuvo que la firma de ese decreto significó “la extensión de un beneficio a un caso no previsto oportunamente en la ley”. Dijo que con el decreto hubo un exceso en la reglamentación de la ley de blanqueo.

Ello implicó la inclusión en el beneficio “de un grupo de sujetos (cónyuges, padres e hijos menores emancipados de los sujetos alcanzados en los incisos a) al w) del artículo 82 expresamente excluidos en el artículo 83 de la ley”.

Además, el mencionado decreto 1206/06 llevó la ampliación del beneficio del blanqueo de capitales previsto en la ley a “situaciones no previstas” y a la “inclusión de sujetos originalmente excluidos”.

“Bajo una supuesta pretensión de incorporar precisiones, se modifican aspectos de la Ley 27.260, generándose en consecuencia un exceso en la reglamentación de la ley”, concluyó el juez.

El magistrado sostuvo que “más allá del análisis sobre si existe en el caso exceso en la reglamentación al desvirtuar en tanto modifica la ley que reglamenta, debe destacarse que dicha reglamentación invade la esfera exclusiva del poder legislativo en materia tributaria.

“En tanto existen ampliaciones de beneficios a situaciones no previstas, e inclusión de sujetos originalmente excluidos, no cabe otra lectura que entender que por medio del Decreto 1206/06, enmarcado en el articulo 99 inc 2°) de la Constitución Nacional, y bajo una supuesta pretensión de incorporar precisiones, se modifican aspectos de la Ley 27.260, generándose en consecuencia un exceso en la reglamentación de la ley”, señaló.

Además argumentó que la reglamentación “invade la esfera exclusiva del poder legislativo en materia tributaria”.

Para que se ejecuten los postulados de la AFIP se requiere que el fallo quede firme.