ESTAMBUL.– Después de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, en las que quedó en segunda, la oposición turca, liderada por Kemal Kiliçdaroglu, denunció irregularidades en unas 5000 mesas electorales de las más de 120.000 habilitadas para la votación. El hecho de que la Comisión Electoral esté dominada por magistrados afines al AKP, el partido del presidente Recep Tayyip Erdogan, y que dos semanas después de los comicios, todavía no haya publicado en su página web los resultados oficiales de todos los colegios, no ayuda a despejar las suspicacias de la oposición, que afronta este domingo la segunda vuelta en clara desventaja.

Esta no es la primera vez que sucede algo así. En los comicios presidenciales de 2018, en más de 3500 mesas se emitieron más votos que habitantes censados en esos colegios. Las recurrentes sospechas sobre fraude es una característica clásica de lo que los expertos llaman un sistema “híbrido”, es decir, a medio camino de una democracia plena y una dictadura, con las instituciones públicas puestas al servicio de intereses partidistas.

Sin embargo, la mayoría de los factores que llevaron a la misión de observadores de la OSCE a declarar el actual proceso electoral como “injusto” sucedieron antes de la apertura de las urnas.

Para empezar, la mayoría parlamentaria sobre la que sustenta a Erdogan cambió la ley electoral en prácticamente cada elección en sus dos décadas en el poder en función de los intereses coyunturales del islamista AKP y sus aliados de turno. Cuestiones como la barrera mínima de acceso al Parlamento, el diseño de los distritos o cómo se contabilizan los votos de las coaliciones de varios partidos ha ido cambiando en función de la cambiante realidad política.

Quizás una dificultad mayor sea perder al candidato más popular por una querella extemporánea. Eso le sucedió al alcalde de Estambul, el carismático Ekrem Imamoglu, que hace unos meses fue sentenciado a dos años de cárcel por haber difamado a un juez… en 2019.

Imamoglu apeló la decisión de una judicatura politizada, y está a la espera de una decisión final. Esta situación aupó la candidatura presidencial de Kiliçdaroglu, un político de 74 años derrotado en sucesivas elecciones por Erdogan.

Peor es la situación del HDP, el principal partido de la minoría kurda y aliado tácito de Kiliçdaroglu, que tuvo que concurrir en las listas de otro pequeño partido, el Yesil, pues se halla en pleno proceso de ilegalización por presuntos “vínculos” con una organización terrorista, algo que niegan.

A las decenas de dirigentes entre rejas, se sumó durante la campaña el arresto de más de 300 personas entre militantes y cuadros. Así, no es de extrañar que sus resultados se resintieran en la primera vuelta electoral.

Otro obstáculo de peso, y que la OSCE citaba en su informe, es “una cobertura sesgada de los medios”. En concreto, un estudio independiente estimaba que una televisión pública dedicó durante el mes de abril 33 horas a Erdogan por solo 32 minutos a Kiliçdaroglu.

Parte del problema es que el ecosistema de medios privados no compensa esa desigualdad. Aproximadamente, un 90% de los medios turcos son controlados por el gobierno o empresarios afines, fruto de una agresiva política conducida por el AKP, que, a través de presiones, logró que los propietarios de los principales canales y radios de tendencia laica se deshiciera de ellas.

Y las cadenas que todavía mantienen un cierto grado de independencia se ven castigadas por multas cada vez que alguna de sus coberturas pasa alguna línea roja. Por no hablar de la autocensura que representa tener a decenas de periodistas encarcelados.

Aunque es habitual que los gobiernos de todo el mundo se aprovechen de su posición para realizar promesas o presumir de sus logros justo antes de unas elecciones, la debilidad de las instituciones en Turquía implica la ausencia de cualquier restricción.

Así, sin una ley que prohíba realizar inauguraciones en plena campaña, Erdogan presentó en sociedad el primer auto eléctrico turco, el descubrimiento de un gran yacimiento de petróleo, o el inicio de la explotación de otro de gas natural. De hecho, como si de un sultán se tratara, “regaló” a la ciudadanía la gratuidad de la factura del gas el mes de abril, y un precio subvencionado durante lo que queda de 2023. Antes, ya había aumentado un 45% el salario de los funcionarios y redujo la edad de jubilación a algunas categorías profesionales.

A menudo, lo más sorprendente de estas medidas en favor de los intereses electorales del AKP es su desfachatez, como la que exhibió la Comisión Electoral turca apenas dos días después de la primera vuelta.

Entonces, decretó que se reduciría a solo dos días el periodo en el que los turcos residentes en una serie de países extranjeros pueden votar.

Curiosamente, en esa lista solo figuraban países donde había ganado Kiliçdaroglu en la primera vuelta. En el resto, países como Alemania o Bélgica, feudos del islamista AKP, el plazo sería de cinco días. Tras un estallido de furia en las redes, la Comisión se retractó horas después. Una rara victoria opositora en una batalla que difícilmente se traducirá en un triunfo en la batalla electoral de mañana.