Hay una regla en el mundo corporativo que todos siguen cuando alguna situación afecta a la empresa: los comité de crisis son pequeños, de unos pocos con todo el poder de decisión. El presidente electo Javier Milei ya había dicho muchas veces que su intención era achicar el número de ministerios para concentrar funciones y, de paso, eliminar gastos. Así, renacerá el poderoso Ministerio de Infraestructura que manejará Guillermo Ferraro, una rémora de las administraciones de Carlos Menem y de Néstor Kirchner, que utilizaron esa forma para manejar gran parte de la gestión.

El recuerdo más cercano que viene a la memoria es el Ministerio de Planificación Federal que condujo durante 12 años Julio De Vido. Y si la memoria se alarga, el viejo Ministerio de Obras Públicas y Servicios, manejado por Roberto Dromi entre 1989 y 1991, cuando fue subsumido por el poderosísimo Ministerio de Economía y Obras Públicas de Domingo Cavallo. Todos tuvieron una enorme concentración de tareas y un juego central en el poder de época; sin embargo, las políticas de unos y otros fueron diametralmente opuestas.

“En principio, el ministerio es nuevo, no existe, y está dentro de la racionalización del Estado y del sector público la consolidación de los que hoy son ministerios, como Transporte, Obras Públicas, Energía, Minería y Comunicaciones. Esas serían las cinco áreas principales”, marcó Ferraro a Radio Mitre.

De solo mirar los presupuestos que tienen actualmente esas áreas y sumarlas se desprende que será el centro de la gestión operativa del gobierno de Javier Milei. De hecho, gran cantidad de propuestas de campaña que calaron fuerte en la opinión pública, como la privatización de algunas empresas estatales o los cambios en la manera de financiar la obra pública, serán materia de su gestión. La centralidad de Ferraro es una certeza.

El ministerio que asoma tiene algunas características propias. Por un lado, el día a día operativo. Por caso, el transporte tiene una fuerte impronta de trabajo diario, de negociación micro, de conversaciones constantes con los gremios de la que es imposible salir. De hecho, el secretario de ese área será otro de los nombres importantes que aún no se conocen. Se habló de dos pesos pesados para el área: Guillermo Dietrich y Florencio Randazzo. Pero ninguno de los dos tomará ese rol por debajo de otro ministro. Podrían haber sido colegas de gabinete, pero no estarán bajo su línea de mando. Eso sí: algunos de sus colaboradores en su paso por la cartera podrían sumarse al equipo de Ferraro.

La segunda característica que tendrá será la estrategia sobre la política de ajuste y el mandato de achicar el Estado, uno de los ejes en la mirada del libertario. Las privatizaciones, si es que avanzan, y los recortes en las empresas estatales dependerán, mayoritariamente, del despacho de Ferraro.

De regreso a la parte operativa, el futuro superministro tendrá responsabilidad directa sobre el millonario mundo de los susidios. El transporte y la energía, fundamentalmente, pero también las rutas, tienen gran parte de la porción de transferencias directas al sector privado que hay en el Estado. Y, de acuerdo con los planes de Milei, ya no sólo habrá una discusión del gasto, es decir, cuánto se aporta, sino también un rediseño profundo de las políticas que allí se aplican.

En el transporte, por caso, hay una distribución de tareas y facciones que viene de la primera presidencia de Cristina Kirchner, con una pausa, claro está, en la administración de Mauricio Macri. Entonces, cuando asumían los ministros del área, se les advertía que, más allá de la formalidad, no podían hacer nada en el mundo aerocomercial. Su función era, en ese sector, limitarse a rubricar todo lo que viniese de los verdaderos reyes del aire: los jefes de La Cámpora. Ferraro tendrá ahí el foco de conflicto más fuerte de todos.

Algo similar sucede con los ferrocarriles y con los colectivos. Cuando se siente en su despacho y pida los primeros números, verá que el transporte automotor urbano, especialmente el metropolitano, tiene un subsidio que cubre alrededor del 85% del total de la operación. Con el tren, ese porcentaje llega a más del 98%. Bien podría regalar el pasaje, eliminar los gastos de control de boleto en toda la red y ahorrar millones. Todo lo contrario a lo que ilustraban aquellos íconos de la campaña del miedo que se colocaron en las estaciones y que hablaban de un boleto de alrededor de 1000 pesos si la elección se la llevaba el libertario.

Cuando Néstor Kirchner resultó electo presidente, después de que Carlos Menem decidiera no competir en el balotaje, trabajó con la paciencia de un orfebre en la confección de un gabinete que le permitiera una fuerte consolidación del poder. Apareció entonces la mano de un desconocido para la política nacional, Carlos Alberto Zannini, cordobés, exmilitante de izquierda en los 70, que llegó a la Patagonia en busca de tranquilidad después de los años violentos. El orfebre jurídico de Kirchner diseñó una nueva Ley de Ministerios a medida.

Era la primera quincena de mayo de 2003. La modificación de la Ley de Ministerios es casi un ritual de todos los presidentes electos y que el gobierno saliente entrega como ofrenda al que llega, cuestión de poder asumir con el gabinete designado. Esa buena práctica democrática se interrumpió en 2015, cuando Cristina Kirchner se tomó un vuelo a Río Gallegos, dejó el poder y no le entregó la norma a su sucesor. De hecho, Macri asumió y ya presidente, firmó un decreto en el que modificó la ley, una atribución que tiene el Congreso.

Eduardo Duhalde había hecho uso de esa herramienta antes de asumir, cuando creó el Ministerio de la Producción, que condujo el industrial José Ignacio de Mendiguren, ahora secretario de Industria, uno de los ideólogos de la devaluación de principios de 2002. Fernando de la Rúa también había cambiado esa ley para nombrar, por ejemplo, a Nicolás Gallo o, después, a Carlos Bastos en el Ministerio de Infraestructura, gestión que le dio nombre a la cartera que conducirá Ferraro.

Kirchner no hizo entonces más que sus antecesores. El 24 de mayo de 2003, con la firma de todos los ministros que formaban parte del gabinete de Duhalde, se dictó el decreto 1283. “Se estima aconsejable proceder a la creación de un Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, al que, en atención a la especificidad de los cometidos a asignar, le es transferido las áreas de Energía y Comunicaciones, provenientes del actual Ministerio de Economía; lo atinente a las obras públicas, la temática hídrica, el desarrollo urbano, la vivienda y la energía atómica, entre otras, desde la órbita de la Presidencia de la Nación; mientras que todo lo atinente al sector minero y del transporte, desde el actual Ministerio de la Producción”, se leyó en el decreto.

Se creó así la herramienta más importante de la primera gestión kirchnerista, desde donde se decidió cómo se iban a tratar la obra pública y los subsidios; fue la usina de anuncios, la oficina para reclutar inversiones, cortar cintas, manejar la relación con los gremios y someter a los empresarios. El arquitecto Julio De Vido fue el encargado de llevar toda esa rienda, el corazón de la administración kirchnerista, un lugar que con el tiempo, se tornó en el pozo más oscuro de los tres gobiernos de los Kirchner.

Regresa ahora una estructura similar, solo que hay una diferencia: al menos en los enunciados, se propone desarmar aquella maraña regulatoria y estatizadora que gobernó la Argentina en los últimos 20 años.