CÓRDOBA.- Los cordobeses todavía no salen de la conmoción que significó el asesinato de la joven Gabriela Pérez en medio de un almuerzo del sindicato de trabajadores de limpieza (Soelsac) organizado por la conducción actual encabezada por Sergio Fittipaldi, quien mantiene un enfrentamiento con Franco Saillen, integrante de la dirigencia del Surrbac (recolectores de basura). La clave era la elección en el gremio de la limpieza, que fue suspendida por Trabajo de la Nación.

La chica murió después de recibir uno de los diez balazos de un arma 9 milímetros que dispararon desde afuera. Fittipaldi asegura que los tiros eran para él y apunta a Saillen.

De esa forma, el trasfondo de una interna sindical y un sicario que todavía está libre terminaron con la vida de una mujer de 24 años, mamá de una nena de cinco.

Este viernes la Fiscalía General de la Provincia creó un triunvirato de fiscales para investigar los episodios de violencia entre el Surrbac y el Soelsac, ambos con vínculos con gobiernos, políticos y con barras bravas de fútbol. Integrarán el grupo Silvana Fernández, a cargo de la causa por el crimen, Patricia García Ramírez y González. La hipótesis es que el asesinato derivó de esos enfrentamientos sindicales.

Fittipaldi es jefe de las 62 Organizaciones y legislador electo por Hacemos Unidos, la marca del PJ cordobés y Saillen fue legislador provincial por el kirchnerismo hasta 2019, candidato a diputado nacional y está procesado por la Justicia Federal, junto a otras 18 personas del Surrbac, por supuesta defraudación por administración fraudulenta y lavado de dinero.

Fittipaldi y Saillen eran aliados hasta que terminaron enfrentados y la pelea fue escalando. El Soelsac tiene unos 21.000 afiliados.

Saillen decidió presentar una lista opositora con la intención de quedarse con la conducción de un gremio que multiplican por nueve los afiliados del suyo. La promesa clave es que los trabajadores de la limpieza pasarán a ganar como los recolectores, unas dos veces más que ahora. Un planteo muy difícil de cumplir.

Los Saillen, el padre Mauricio y el hijo Franco, están en la conducción del gremio, son exaliados del camionero Hugo Moyano; terminaron rompiendo con él para armar el Surrbac. La pelea sigue en tribunales por los fondos para la obra social. Los cordobeses lograron la habilitación de una obra social en una decisión que viola las disposiciones de la Ley de Obras Sociales, por lo que un sindicato debe tener convenio colectivo de actividad y no de empresa para contar con obra social propia. El Surrbac fue siempre protagonista y sostén de las campañas del kirchnerismo.

Ya en noviembre y en marzo pasados hubo situaciones tensas entre los afiliados a ambos gremios; en el primer caso un grupo de seguidores de Saillen se concentraron cerca de la sede del gremio de la limpieza y los adeptos a Fittipaldi se atrincheraron convencidos de que la querían tomar. En marzo, en una protesta, las dos facciones se “encararon” en una protesta.

El Ministerio de Trabajo nacional suspendió la elección del Soelsac prevista para el jueves pasado, cinco días después del crimen de Gabriela Pérez, cuya familia denunció amenazas telefónicas después del asesinato. El Ministerio pidió nueva convocatoria y protocolo de seguridad.

El almuerzo en el Club Yapepú de Córdoba donde mataron a Pérez era parte de las actividades proselitistas. La familia de la joven -dos de sus hermanas también trabajan en el sector- viene diciendo que eran obligadas de manera indirecta a participar de esas reuniones para que no se corten los contratos. Pérez tenía uno hasta diciembre.

El gremio lo niega, pero La Voz del Interior publicó el contenido de audios de “el Chueco”, un puntero de Fittipaldi, en el que advierte a los afiliados: “Mirá que si no van al Club Yapeyú las cosas se van a poner muy difíciles en tu trabajo, en el barrio, en la calle, donde te encontremos”.

Mauricio Saillen, padre de Franco, fue el “padrino” en los inicios en la vida gremial de Fittipaldi, quien tiene 45 años. Desde 2005 integra la conducción de Solesac. Desde el sindicato reforzó sus relaciones con el fútbol, primero esponsoreó al Club Argentino Peñarol de barrio Argüello, del que ahora es presidente. En esas instalaciones se iba a hacer la asamblea del Soelsac. Más joven, había integrado La Fiel, la barra brava de Talleres.

En 2011 trabajó por la creación de la CGT Rodríguez Peña -después desaparecida- que lideró Mauricio Saillén; ese agrupamiento era kirchnerista y se diferenciaba de la CGT oficial vinculada con el peronismo cordobés. El nexo entre los Saillen y Fittipaldi fue el abogado Ricardo Moreno. Ambos se alejaron del kirchnerismo y militan en el peronismo local.

Con ese letrado, en 2018, Fittipaldi se asoció para crear junto a otros dos socios la empresa Trampero, inscripta para construcción, transporte de cargas, actividades inmobiliarias, rural y de comercio, entre otras. El gremialista, en números, presenta solvencia financiera, mensualmente registra movimientos por unos $20 millones. Tiene seis armas inscriptas a su nombre en el registro público (pistolas calibre 22, calibre 9, carabinas).

En agosto de 2019, los Saillen quedaron en el centro de una causa iniciada por la Justicia Federal por supuesto lavado de dinero, usura agravada y administración fraudulenta de la obra social del gremio. En los allanamientos se secuestraron alrededor de $7 millones, US$400.000, oro, 20 autos de alta gama y armas de uso civil registradas. Fueron 19 los imputados, entre ellos Mauricio y Franco Saillen.

La causa se dividió en dos, una está elevada a juicio y la otra no, por lo que los líderes gremiales y aliados siguen al frente de la agrupación.

Franco Saillen tiene 32 años. En el 2019 terminó su período como legislador provincial y fue quinto candidato a diputado nacional por el kirchnerismo. Es director por Surrbac de Cormecor, una sociedad anónima para la gestión sustentable de residuos del Área Metropolitana de Córdoba. Los Saillen también gestionan un club de fútbol, el Amsurrbac, que igual que Peñarol está en la primera división de la Liga Cordobesa.

En agosto pasado, Fittipaldi lo denunció en la Justicia por “múltiples actos intimidatorios que afectan negativamente la tranquilidad pública”; una afiliada también lo acusó de haberla agredido y golpeado. Saillen rechazó los hechos y aseguró que en el Soelsac los trabajadores son “llevados a actos políticos sin el consentimiento”.

Con la colaboración de Ricardo Brom, La Nación Data