Es tal la vorágine de acontecimientos cotidianos en nuestro país, que muchos quedan por fuera del radar ciudadano. A fines de septiembre, por caso, en sesión especial del Senado de la Nación se convirtió en ley la creación de cinco nuevas universidades nacionales. La aprobación en Diputados había llegado de la mano del oficialismo y la izquierda, con la oposición de La Libertad Avanza.

Los proyectos tuvieron distintos orígenes. La activa Victoria Tolosa Paz, actual ministra de Desarrollo Social, es quien apoyó la creación de la Universidad Nacional de Río Tercero, a instancias de las diputadas Gabriela Estévez (FdT) y de la cordobesa Gabriela Brouwer de Koning (Evolución Radical). En sus tiempos de diputado nacional, el actual ministro-candidato Sergio Massa había tramitado el pedido para la Universidad del Delta, mientras que su compañero Ramiro Gutiérrez impulsaba la Universidad de Pilar.

Le debemos al diputado nacional (FdT) y dirigente de la Central de Trabajadores Argentinos, Hugo Yasky, la propuesta de jerarquizar y dotar de autonomía y presupuesto propio al Instituto Universitario de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo, antiguamente Universidad Popular de las Madres de Plaza de Mayo, creada bajo el impulso de Hebe de Bonafini en 2000. Esta nefasta institución de tan dudosos méritos que se define como “un ámbito de resistencia” plantea que todas sus carreras “están atravesadas por los derechos humanos”. Gestionar universidades con dinero del Estado, esto es de todos los ciudadanos, o construir viviendas bajo programas como Sueños Compartidos son objetivos ciertamente alejados de cualquier concepción racional de los derechos humanos. En este caso, una vez más, su grosera tergiversación solo ha demostrado servir para el latrocinio.

Fue Victoria Villarruel, candidata a vicepresidenta por La Libertad Avanza, quien sarcásticamente aseveró que la Universidad Nacional de las Madres de Plaza de Mayo “tiene la misma calidad educativa que la academia que pudiera tener Giselle Rímolo”. Le asiste la razón.

Mientras Blanca Osuna (FdT) destacó que tres universidades más aguardan aprobación “con intención de quintuplicar la cantidad de alumnos en los 40 años de democracia”, Maximiliano Ferraro, diputado por la Coalición Cívica, acusó al oficialismo de “desentenderse de los problemas más urgentes que atraviesan la educación obligatoria y que también hacen a la calidad de la educación superior”. Detrás de una falsa gratuidad arancelaria, seguimos equivocando los caminos y no contemplamos la realidad de los estudiantes a la hora de brindarles la formación que demanda su inserción en el mundo laboral.

No se equivocan quienes entienden que la educación debería estar en el centro de cualquier programa político. Así debe ser si el propósito es que nuestros niños y jóvenes superen los paupérrimos resultados de sus aprendizajes actuales, la repitencia y el abandono. Medidas como la comentada solo confirman el espurio interés de la política por seguir abriendo centros de adoctrinamiento, cajas de financiamiento y guaridas para los propios, alevosamente alejados de cualquier loable propósito. ¿Para qué querríamos sumar nuevos claustros cuando el 70% de los niños de diez años están en situación de pobreza de aprendizajes y no pueden leer y comprender un texto simple? ¿No debiéramos destinar esos recursos a mejorar las condiciones en la educación básica?

“Se necesita audacia”, pues enfrentamos “la urgencia de alfabetizar”, planteaba días pasados el peruano Jaime Saavedra, uno de los máximos referentes en esta materia del Banco Mundial, en el congreso de Alfabetización, Lectura y Escritura 2023, que congregó en Mendoza a 20 ministros y exfuncionarios del área educativa iberoamericana.

En el mismo ámbito, el exministro de Educación de Portugal, Nuno Crato, explicó cómo su país, sumido en una crisis económica, inició un plan de alfabetización, cambio curricular y evaluación continua que condujo a mejorar sus puntajes en distintas pruebas. “La crisis no es excusa para bajar el rendimiento”, afirmó con razón. Cuando los recursos escasean, administrarlos adecuadamente es clave, podríamos agregar. Seguir financiando universidades con dudosos fines es desfinanciar a un Estado quebrado que, lejos de alentar el mérito y la superación, apuesta a seguir alimentando pobres, convenientemente ignorantes e ideológicamente dependientes.