La investigación preliminar iniciada por la Justicia Electoral para determinar si existieron irregularidades en La Libertad Avanza, el espacio encabezado por Javier Milei, sigue su curso en los tribunales de Comodoro Py. Tras la declaración realizada por el abogado Carlos Maslatón la semana pasada, en la que ratificó su teoría del “franquiciado político” y la supuesta “venta” de candidaturas, este martes fue el turno de la legisladora porteña Rebeca Fleitas, quien confirmó sus dichos acerca de “exigencias” para la designación de cargos en la Legislatura, pero desligó completamente a la fuerza libertaria de sus denuncias.

“Yo di una entrevista el año pasado en la que conté mi experiencia con la junta promotora del Partido Libertario, que no tiene que ver con La Libertad Avanza”, le respondió Fleitas al fiscal Ramiro González, según la declaración a la que tuvo acceso LA NACION. Sucede que, en 2021, apenas asumió en su banca en la Legislatura, Fleitas acusó al titular del Partido Libertario porteño, Nicolás Emma, de pedirle “todos los contratos” y de querer hacerle firmar “una carta de renuncia por anticipación”.

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En ese sentido, Fleitas señaló ante la Justicia que fueron ellos quienes le manifestaron “la intención que tenían de designarme todo el personal de despacho, que es una potestad de los legisladores, con lo cual yo no estuve de acuerdo”. Y ratificó que desde el Partido Libertario, con Emma a la cabeza, redactaron un documento a nombre suyo con los nombres de las personas que ella supuestamente designaba en el cargo. “Me habían designado a todo el personal del despacho, yo no podía elegir ni al parlamentario ni al secretario administrativo”, detalló.

“El 9 de diciembre de 2021, el día que recibimos el diploma de legisladores electos, se hizo una campaña en mi contra desde los mensajes de WhatsApp internos del Partido Libertario. Decían que me quería quedar con el partido, que había hecho al en contra de los ideales del partido”, indicó Fleitas en su declaración bajo juramento de verdad. Y añadió: “Finalmente, las personas que trabajan conmigo son las que yo elegí contratar para mí despacho”.

Luego de la denuncia por supuesta “venta” de candidaturas, la Justicia Electoral abrió una investigación preliminar con el fin de “determinar si los sucesos recopilados infringen la normativa que regula el proceso electoral” y si constituyen o no delito. En ese sentido, se espera que hoy también declaren la exmilitante libertaria Mila Zubriggen y Juan Carlos Blumberg, quienes, al igual que Maslatón, denunciaron distintas irregularidades en el espacio.

Sin ir más lejos, fue Blumberg quien acusó a Milei de hacer de la política “un negocio” y pedir hasta “$50.000 dólares” por una candidatura a concejal. El referente en la lucha por la inseguridad, que participó como candidato en elecciones anteriores, se había acercado a La Libertad Avanza con la intención de integrar alguna de las listas. Sin embargo, no logró su cometido y prendió el ventilador. “En el espacio de Milei empezaron a vender puestos para ser candidatos”, manifestó en una entrevista. Y agregó: “Aparentemente, el que pedía era Kikuchi, el otro Pareja, y la hermana ″.

En tanto, la referente de la agrupación juvenil La Generación Libertaria, Mila Zurbriggen, fue quien denunció arbitrariedades y acomodos en el espacio, con el dinero y el sexo como herramientas para acceder a cargos públicos o espacios de poder.

La semana pasada, Maslatón confirmó ante el fiscal González las irregularidades que mencionó de manera reiterada en sus intervenciones públicas del último año. “Yo fui y expliqué lo que considero que es el franquiciado político, que es el intercambio de una candidatura por dinero”, le dijo a LA NACION. Y detalló que fue a través del “diálogo con la militancia” y a partir de la “recopilando algunos testimonios”, con sus respectivas fuentes, que cayó en la cuenta de ese supuesto mecanismo.

“Es dinero que no entra a la campaña, sino que es para los que hacen el arreglo”, indicó Maslatón ante este diario luego de su declaración, que estaba programada para este martes, pero que se adelantó debido a un viaje que el abogado ya tenía programado.

“En esos acuerdos políticos se privilegió quién podía poner plata, pero no para la campaña, sino para que la cobraran ellos, los jerarcas de La Libertad Avanza, por darte el derecho a vos de participar como candidato de una lista encabezada por Milei”, añadió.

Si bien podrían constituir faltas graves desde el punto de vista de la integridad electoral y la ética, está en duda si la venta de candidaturas, tal cual las denuncian Maslatón y Blumberg, constituye algún tipo de delito. “Puede ser todo o puede ser nada”, describió un funcionario judicial especializado en delitos electorales ante LA NACION.

“No hay ningún delito a partir de lo dicho, los candidatos pueden aportar como cualquier ciudadano”, indicó la abogada Delia Ferreira Rubio en diálogo con este diario. “No conozco ninguna figura de la ley electoral que diga es ilícito. El problema es si estos aportes están dentro de los límites establecidos para los aportes privados, si están declarados, deben ir a una cuenta bancaria del partido”, apuntó.

La especialista dijo que la dificultad para los partidos no es conseguir los fondos, sino su justificación. Y recordó el ejemplo de investigaciones judiciales y periodísticas que revelaron el caso de aportantes de Juntos por el Cambio, en 2017, que eran beneficiarios de planes sociales, que no habían puesto dinero en la campaña, y otro caso que involucraba al peronismo, con fondos que figuraban aportados por jubilados que cobraban la jubilación mínima y que no habían entregado plata.

“Otra cuestión es la ética política de quienes forman parte de las listas”, dijo Ferreira Rubio, quien recordó que estas prácticas son usuales “en todos los partidos donde el mérito no ha sido el criterio”. Y puso como ejemplo lo ocurrido en los Estados Unidos donde, por ejemplo, los financistas de la campaña que aportan más de 999.999 dólares era premiados con una embajada.