El Gobierno habilitó a que cuatro mujeres de la comunidad mapuche Lof Lafken Winkul Mapu, detenidas hace casi ocho meses, regresen al predio de Villa Mascardi, en Río Negro, del que fueron desalojadas en 2022. La decisión se tomó a partir de un acuerdo al que llegó el Estado con miembros de la comunidad, y organismos de derechos humanos, pese a la resistencia de vecinos que los acusan de usurpación El Estado se comprometió a reconocer al lugar como sitio sagrado.

La medida beneficia a Luciana Jaramillo, María Celeste Ardaiz Guenumill, Romina Rosas y Betiana Colhuan -considerada “machi” o líder espiritual del Pueblo Mapuche- todas integrantes del Lof Lafken Winkul Mapu, detenidas junto a sus hijos en un operativo de fuerzas federales y provinciales el 4 de octubre del año pasado, en el que se desalojaron varios predios en las inmediaciones de la ruta 40, en Villa Mascardi. El operativo, realizado a partir de una causa judicial por usurpación y el reclamo de vecinos, había levantado fuertes controversias.

Las cuatro fueron procesadas por la jueza Silvina Domínguez, quien elevó a juicio la causa el 6 de enero pasado por el delito de usurpación y dispuso prisión domiciliaria para las mujeres a cumplir junto a sus hijos en una casa comunitaria de Bariloche, lejos de su comunidad, una condición que fue cuestionada por organismos de derechos humanos, referentes gremiales y abogados.

El acuerdo al que se llegó este jueves representó una ratificación de un consenso alcanzado ya en febrero. Según ese documento, la defensa de las mujeres y la querella (Administración de Parques Nacionales) deberán presentar ante la justicia un “acuerdo de conciliación” que incluirá lo establecido en el acuerdo suscripto en la mesa de diálogo, conformada por organizaciones de derechos humanos, juristas, representantes de pueblos originarios y funcionarios nacionales y provinciales, según publicó la agencia Télam.

El Estado se comprometió a reconocer al “rewe” como el lugar sagrado para el Pueblo Mapuche en Villa Mascardi, donde una de las detenidas, la machi Colhuan, podrá “regresar y retomar su tarea espiritual”.También la Administración de Parques Nacionales “extenderá autorización para se construyan tres viviendas (Ruka Lawen; Ruka Kellun y la Ruka de la machi)” y concederá el “derecho de uso” mientras se define la reubicación de la comunidad, en base a lo estipulado por la Constitución Nacional.

Se acordó además que, a partir del 5 de junio, las comunidades mapuches designarán “entre 4 y 6 personas que podrán acceder al “rewe” para constatar su estado”. La ex Esma fue sede este jueves del cuarto encuentro para resolver la situación, luego de que el presidente Alberto Fernández convocara en diciembre pasado a una mesa de diálogo que destrabara la disputa tras el desalojo de la comunidad mapuche.

La reunión de este jueves se realizó a puertas cerradas durante algo más de ocho horas en la sede de la ex Esma. La jornada estuvo encabezada por el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, acompañado por funcionarios de los ministerios de Mujeres, Géneros y Diversidad y de Seguridad, y del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.

En paralelo a este acuerdo, la Cámara Federal de Casación Penal intervino en la disputa judicial, hizo lugar a los reclamos de la defensa de una de las detenidas (María Celeste Ardaiz Huenumil) sobre la falta de perspectiva de género y de abordaje de conflictos en los que intervienen personas de comunidades indígenas y ordenó que se dicte un nuevo fallo sobre su pedido de excarcelación. Los abogados habían planteado que el rechazo judicial a la excarcelación de Huenumil “carecía de perspectiva interseccional que receptara su calidad de mujer mapuche” y reclamaron que atendiera el principio del interés superior del niño.

La sala segunda de la Casación, integrada por los jueces Guillermo Yacobucci, Angela Ledesma y Alejandro Slokar hizo lugar a los reclamos de la defensa y cuestionó la resolución del juez de primera instancia por entender que no había considerado el interés superior de las tres hijas de Huenumil, de 10 meses, 6 y 9 años de edad, y que tampoco se había verificado la existencia de riesgo de fuga o entorpecimiento de la investigación.

El juez Slokar, quien lideró el acuerdo, sostuvo que “los estándares legales en materia de género y de abordaje de conflictos con participación de integrantes de comunidades indígenas demandan una aproximación a la concreta situación de la encausada que recepte la interseccionalidad de sus vulnerabilidades”. A su vez, dijo que “los Estados deben adoptar medidas especiales y específicas destinadas a proteger, favorecer y mejorar el ejercicio de los derechos humanos por los pueblos indígenas y tribales y sus miembros”.

Como publicó LA NACION, la Junta Vecinal de Villa Mascardi difundió un comunicado hace diez días con críticas a las conversaciones de la Nación con la comunidad. “La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a cargo del licenciado Horacio Pietragalla Corti, ha seguido negociando a nuestras espaldas, por lo que se firmará un acuerdo para preservar el predio donde se instaló la ‘talla antropomorfa’: construir tres casas en dicho lugar y premiar con 10 hectáreas más en la zona del lago Guillelmo a este grupo de delincuentes autodenominados Lafken Winkul Mapu que están prófugos de la Justicia y que han cometido todo tipo de actos vandálicos en la zona”.

Ya en enero pasado, los vecinos habían mostrado su “indignación” por quedar afuera del encuentro que reunió en Buenos Aires a funcionarios y organizaciones mapuches. A mediados de diciembre de 2022 y tras el pedido de diversas comunidades mapuches y tehuelches de Río Negro, Neuquén y Chubut, Alberto Fernández recibió a los representantes en la Casa Rosada y solicitó que la Secretaría de Derechos Humanos convocara a una mesa de diálogo.

Entre los participantes de la caravana de hoy hubo algunos vecinos de Bariloche: “Vinimos para ser solidarios con las personas que viven en Villa Mascardi, que han sido maltratadas. Las autoridades no dan respuestas, ni del municipio ni de la provincia, y nos mienten en la cara. Y de alguna forma tenemos que levantar la voz para que esto se pueda revertir. Quiero terminar mis días en una patria libre y justa. Yo venía de chico a tomar mate al lado del lago con mis padres y hoy no puedo”, afirmó uno de ellos.

Con información de Télam