En el inicio del juicio político en su contra, en el que la acusación formuló graves cargos por mal desempeño, el juez de Mendoza Walter Bento dijo que lo quieren destituir y meter preso para quedarse con su cargo de magistrado federal con competencia electoral.

“Le pido al jurado que consienta esto: lo que se busca es meterme preso y quedarse a cargo del juzgado federal electoral de Mendoza”, dijo Bento al jury de enjuiciamiento y acusó como principal responsable de esa maniobra al fiscal general de Mendoza Dante Vega.

Bento está suspendido en sus funciones y procesado con prisión preventiva firme, acusado de ocho hechos de coimas, de enriquecerse de manera ilícita, lavado de dinero y de integrar una asociación ilícita. Por esos cargos enfrenta desde el 26 de julio pasado un juicio penal en Mendoza. El juez está libre porque tiene fueros como magistrado federal.

Ahora, en paralelo, en Buenos Aires se inició hoy su juicio político. En este proceso no se lo juzga por la comisión de delitos penales, sino por conductas que hacen a su desempeño como magistrado. El juicio político puede terminar con la destitución, lo que implica la pérdida de sus fueros y que de inmediato quede preso, en prisión preventiva, mientras se sustancian los juicios en su contra.

En el juicio político, que está a cargo del jury de enjuiciamiento, solo se analiza su desempeño como magistrado. Es un jury acotado porque solo hay 15 testigos y no se revisarán las acusaciones penales. Por ejemplo, la de recibir sobornos o incrementar ostensiblemente sus bienes.

En el comienzo del juicio político, que se realiza en el edificio de la calle Libertad al 700, frente a Tribunales, donde funciona el jury de enjuiciamiento, los acusadores hicieron graves cargos contra el magistrado para conseguir su remoción. Los acusadores que actúan como fiscales en este juicio son los consejeros de la Magistratura Miguel Piedecasas (abogado radical), Roxana Reyes (diputada de Juntos por el Cambio) y Eduardo Vischi (senador de Juntos por el Cambio).

El jurado que decidirá el futuro del juez Bento fue elegido por sorteo y está integrado por los jueces Javier de la Fuente, de la Cámara del Crimen, y Javier María Leal de Ibarra, presidente de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia.; los senadores nacionales Daniel Bensusán (Frente de Todos-La Pampa) y José Torello (Pro-Buenos Aires), las diputadas nacionales Anahí Costa (Frente de Todos-Catamarca) y Ana Clara Romero (Pro-Chubut) y Alfredo Barrau, abogado por la matrícula federal.

Piedecasas enumeró los hechos por los que se acusa al magistrado, que van desde faltar a la verdad a la hora de tomar un crédito hipotecario, ocultando su calidad de persona políticamente expuesta, haberse negado a entregar su celular para que fuera investigado por la Justicia o cuando se burló del juez que lo investigaba, al vaciar su caja de seguridad antes de que sea allanada y dejar adentro una nota en la que le reclamaba que leyera la causa antes de procesarlo. Entre las pruebas se cuentan imágenes de su paso por Las Vegas brindando en una limusina.

Se lo acusa, también, de incumplir normas constitucionales, legales y de la ley de ética pública y del régimen de declaraciones juradas; de haber incluido datos falsos en un préstamo con garantía hipotecaria, ya que dijo que no tenía otra vivienda -sí la tenía- y darle al dinero otro destino que el declarado.

Asimismo, Bento enfrenta el cargo de no haberse inhibido en una causa en la que estaba comprometida su imparcialidad, haber vendido inmueble spara evitar embargos, desnaturalizar declaraciones testimoniales, ocultar o negarse a entregar pruebas, intentar manipular la tarjeta SIM y entorpecer aún más la labor de la Justicia, borrar mensajes mantenidos con 186 contactos, negarse a entregar documentos de viaje y haber falseado u omitido insertar datos en sus declaraciones juradas.

También se lo acusa de graves desórdenes de conducta personal, al intentar obstruir o impedir el normal desarrollo de una causa judicial, haber incumplido normas reglamentarias y legales, haber omitido declarar tarjetas de crédito y no declarar otras en el exterior. Otro cargo es no haber declarado unas bicicletas de competición de alto costo y un reloj Rolex.

Lo acusan, además, de ocultar que estaba procesado cuando se anotó en un concurso para ascender a camarista de Casación en el Consejo de la Magistratura. Otro cargo es por “ostentar un estilo de vida indecoroso” con “continuos viajes de alto costo” y “alojamientos en hoteles suntuosos”, así como una “búsqueda desmesurada de ostentación, como el fotografiarse en una limusina,con bebidas y concurrir a costosos recitales en el exterior y ponerlo de manifiesto”, así como asistir a lugares de juego, lo que está prohibido por las normas de la justicia nacional.

Los acusadores pidieron como prueba las constancias del juicio penal de Mendoza, para poner en contexto la acusación contra el juez, por mas que no integre la acusación, a lo que se opuso la defensa.

Tras la acusación de Piedecasas, que fue completada por Reyes y el senador Vischi, la defensa de Bento, en la etapa de las cuestiones preliminares, buscó incorporar la declaración de nuevos testigos del juicio penal que se realiza en Mendoza para intentar desacreditar las acusaciones de cohecho, pese a que no forman parte de los cargos que juzga este jury. Lo que deseaban era que esos testigos o imputados dijeran que los habían presionado para acusar a Bento a cambio de beneficios procesales.

El abogado Mariano Fragueiro argumentó que “esos testigos e imputados dijeron haber sido torturados y extorsionados por el fiscal de Mendoza Dante Vega para declarar en contra del juez Walter Bento”. Y se quejó de que un solo abogado integre el jury de enjuiciamiento.

Fragueiro trató de incorporar la declaración de esos testigos y el presidente del jury, el juez De la Fuente, se lo negó.

Al juez Bento le fue mejor en el intento cuando le tocó declarar en la audiencia para defenderse. “El móvil de esta maniobra, de las acusaciones, mediante las cuales se generaron hechos falsos y pruebas falsas era quedarse con el juzgado federal con competencia electoral de Mendoza”, dijo Bento. Y señaló que lo acusan de delitos de la causa penal, pero que aquí “son carriles separados y solo viene a defenderse de los hechos mencionados en su juicio político, no de los delitos de la causa penal”.

Insistió en responsabilizar por esa supuesta maniobra de quitarle el juzgado federal electoral al fiscal federal mendocino que lleva adelante la acusación en el juicio penal de Mendoza. Dijo que no es porque Vega haya perdido en el concurso, a manos de Bento, o porque hubiera denunciado a su esposa, sino porque quiere su juzgado.

Bento habló durante una hora y media . A borbotones, dijo que los que lo acusan en Mendoza se desdijeron: señalaron que fueron objeto de vejaciones y torturas, como estar en un calabozo sin colchón o detenido 37 días en una celda usada como lugar de paso en el traslado de detenidos. Habló de que “extorsionaron” a esos imputados.

Y consiguió lo que pudo su abogado. Exhibir videos de los imputados que dijeron cómo habían pasado por esas condiciones de detención o cómo escucharon de los carceleros que debían declarar lo que el fiscal quisiera para recuperar la libertad. “Pasaron 40 años de democracia no podemos permitirlo”, dijo Bento.

“Jamás recurrí a un delito o mal desempeño”, dijo Bento, y señaló que viajaban porque tenía mucho trabajo como juez subrogante y titular durante siete años y medio de dos juzgados federales, todo el tiempo de turno.

Para lograr la destitución de un juez se necesitan cinco votos de los siete integrantes del jurado y la decisión es inapelable, aunque varios jueces destituidos fueron a la Corte Suprema de Justicia, que rechazó los planteos.